El juez ordena rastrear 24 dispositivos del ‘caso Oikos’

El magistrado autoriza el volcado del contenido de móviles, ordenadores y ‘pendrives’ en busca de nuevos partidos amañados

Carlos Aranda y Raúl Bravo (a la izquierda) salen de la prisión de Zuera el 31 de mayo.
Carlos Aranda y Raúl Bravo (a la izquierda) salen de la prisión de Zuera el 31 de mayo.J. CEBOLLADA (EFE)

El juez de Huesca Ángel Manuel de Pedro, instructor del caso Oikos que investiga la trama de amaños de partidos de fútbol desmantelada a finales de mayo, ha ordenado a la Policía Nacional el rastreo de 24 dispositivos electrónicos intervenidos a seis de los principales implicados, entre ellos los dos presuntos cabecillas de la trama, los exjugadores Raúl Bravo y Carlos Aranda. Se trata, en concreto, de 13 móviles, cuatro tabletas, dos ordenadores, tres pendrives, una tarjeta de memoria y una consola de videojuegos. El objetivo: localizar nuevos indicios sobre las actividades supuestamente delictivas de la red. El magistrado pide expresamente a los agentes que una vez analizada la información que obtengan le comuniquen inmediatamente “el descubrimiento de otros partidos de fútbol supuestamente amañados”, según se recoge en un auto dictado el pasado 12 de junio por el magistrado y al que ha tenido acceso EL PAÍS.

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Hasta ahora, las pesquisas se centran en la adulteración de los resultados del Valladolid-Valencia de la última jornada de la temporada pasada; del Huesca-Nàstic disputado en Segunda División en mayo de 2018, y el partido Sariñena-Cariñena, de Tercera, disputado el 13 de abril de 2017 y cuyo amaño resultó frustrado. No obstante, los investigadores sospechan que hubo más. De hecho, varios imputados y testigos fueron interrogados sobre el Lugo-Huesca de la temporada 2017-2018. En este auto, el juez apunta que, en caso de confirmarse nuevos amaños, estudiará si sigue siendo competente para instruir la causa. Fuentes jurídicas apuntan que, en ese caso, el sumario podría pasar a la Audiencia Nacional.

La decisión del magistrado se produce después de que los agentes del Cenpida (Centro Nacional Policial de Integridad en el Deporte y Apuestas) de la policía, responsables de las pesquisas, presentasen un informe en el que le solicitaban autorización judicial para “el desprecinto, volcado y análisis de los efectos informáticos intervenidos” a los 11 investigados. El juez, con el apoyo de la fiscalía, acepta practicar esta medida, pero solo sobre los dispositivos de cinco de los imputados.

En concreto, de los dos presuntos cabecillas de la trama, Bravo y Aranda, del jugador del Real Valladolid Borja Fernández; del que era presidente de la SD Huesca cuando estalló el escándalo, Agustín Lasaosa; y del hasta esta temporada jugador del Deportivo de La Coruña Íñigo López. A todos ellos ya se les intervino las comunicaciones durante los meses anteriores a su detención.

La consola de Íñigo López

Del resto de imputados —los futbolistas Samuel Saiz, Borja Gómez y Carlos Caballero, el médico de la SD Huesca Juan Carlos Galindo, y el exdirectivo del club aragonés Emilio Vega—, el juez solicita a la policía un informe ampliatorio sobre los motivos por los que solicita el volcado de sus dispositivos antes de decidir si autoriza el mismo.

En el caso de Bravo, el juez pide volcar el contenido de tres teléfonos, dos tabletas y un pendrive, y de Aranda, seis móviles, una tableta y un ordenador. De Íñigo López, solicita el rastreo de dos móviles, la tarjeta de memoria de 16 gigas que contenía uno de ellos, una tableta, un ordenador portátil, dos pendrives y una consola PlayStation. De los dos últimos imputados, Agustín Lasaosa y Borja Fernández, solo pide el análisis de un teléfono móvil.

El auto autoriza a los agentes a acceder a las agendas de contactos de los equipos, al registro de las videollamadas, a las cuentas de correo electrónico asociados a cada uno de los dispositivos, al historial de navegación en Internet, a los mensajes en redes sociales, chats y aplicaciones de mensajería instantánea, a los archivos que contengan, a las credenciales de wifi utilizadas para conectarse a Internet y al registro de llamadas.

En su escrito, el juez De Pedro recalca que “la finalidad exclusiva” de la diligencia es recabar nuevas pruebas sobre las actividades de la trama, y destaca que, si se descubrieran “hechos nuevos que pudieran ser constitutivos de infracción criminal distinta”, se lo deberán comunicar “inmediatamente” a él para decidir si abre una nueva causa sobre ellos.

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