El Deportivo pide cárcel para el entrenador de su filial pero se niega a despedirlo

El Deportivo se encuentra inmerso en una paradoja. Lleva más de tres años empeñado en encontrar una reparación económica por el presunto amaño del partido entre Levante y Zaragoza de la última jornada de la temporada 2010-11. Ganaron los maños y con esos tres puntos lograron superar en la tabla al equipo coruñés, que se fue a Segunda División. Personado en la causa abierta a instancias de la Liga de Fútbol Profesional, el club gallego entregó este miércoles ante la Justicia un escrito de acusación en el que anuncia que en cuanto se abra juicio presentará una prueba pericial que determinará el daño económico y la cuantía de la indemnización que reclamarán y que podría superar los 15 millones de euros por derechos de televisión y patrocinios que dejaron de percibir.

Pero esa petición de culpabilidad conlleva también que deba solicitar penas contra los futbolistas, técnicos y directivos investigados. En ese sentido el Deportivo se alinea con la Fiscalía, que solicita penas de prisión de dos años que casi con seguridad no implicarían ingreso en la cárcel, y no con la Liga, que quiere ejemplarizar con un castigo de cuatro años. Entre los acusados está Gustavo Munúa, actual entrenador del filial deportivista. De esta manera el Deportivo pide prisión, multa e inhabilitación de seis años para uno de sus técnicos. Al tiempo invoca la presunción de inocencia para no despedirle de inmediato.

Munúa, que fue jugador del equipo coruñés entre 2003 y 2009, regresó a la entidad el pasado mes de noviembre para hacerse cargo del Fabril, que juega en Segunda División B. Tres meses antes un juzgado valenciano había decidido, tras casi dos años y medio de instrucción, archivar la causa sobre el presunto amaño y retirar la imputación de las 41 personas investigadas en el proceso. Pero tanto la Liga como el Deportivo tenían presentados sendos recursos ante la Audiencia Provincial de Valencia para reabrir el caso. Aún así el club coruñés se decantó por contratar a Munúa para suplir a Cristóbal Parralo, que había sido promocionado al primer equipo tras el despido de Pepe Mel. A finales de enero se estimaron las apelaciones. La del Deportivo apuntaba que tras las diligencias de la investigación se justificaba que existió delito aquella tarde de mayo de 2011 que el equipo perdió la categoría. Según la Fiscalía Anticorrupción el partido se arregló por 965.000 euros.

El Deportivo dedidió personarse en la causa penal en octubre de 2014, nueve meses después de la llegada del consejo de administración presidido por Tino Fernández. Lo habían anunciado desde su primer día al frente del club. “El cambio de división supuso una importante pérdida económica para la entidad”, explicó entonces el dirigente para poner fin a otra paradoja: durante más de tres años el Deportivo no había ejercido acción legal alguna para obtener reparación de un hecho que había destapado su presidente, entonces Augusto César Lendoiro, incluso días antes del partido investigado. No lo hizo en los tribunales sino en una llamada telefónica a Javier Tebas, máximo mandatario de la Liga de Fútbol Profesional, tal y como este testificó ante la justicia. “Me llamó y me dijo: este partido parece que lo están arreglando”. A partir de ahí la Liga empezó a recabar datos, interpuso en marzo de 2013 una denuncia ante la Brigada de Blanqueo de Capitales y la Agencia Tributaria abrió una investigación tras la que mostró que casi todos los jugadores del Levante dejaron de retirar dinero de sus cuentas bancarias durante varios meses después del partido contra el Zaragoza. Entre ellos figuraba Gustavo Munúa.

Mientras todo eso sucedía, el Deportivo guardó silencio. Lendoiro había anunciado a finales de junio de 2011 en una rueda de prensa que iba a abrir varios frentes para defender los derechos de la entidad en este asunto. Debe considerarse que el día que dejó la presidencia el Deportivo tenía abiertos 99 juicios, ocho de ellos curiosamente con el Zaragoza. Pero en este asunto el veterano mandatario decidió no denunciar ante policía, justicia o fiscalía, ni tampoco, en segunda instancia, el club solicitó personarse en la causa cuando se abrió. Más tarde, en abril de 2016, el propio Lendoiro fue citado como testigo por el juzgado número 8 de instrucción de Valencia y ofreció un testimonio que la juez calificó como inválido porque, según explicó en su auto de sobreseimiento, no aportó datos objetivos sino apenas "generalidades" o “cosas tan vagas como que era vox populi”. Lendoiro le dijo a la juez que no podía hablar de “nombres concretos” que le pasaron información del amaño sobre el que había alertado a Tebas y que todo habían sido informaciones que se obtuvieron sin concretar nada.

El Deportivo espera ahora la apertura de juicio, se intuye que será antes del verano, para presentar su petición de indemnización, que es según explicó esta semana su consejero Enrique Calvete lo que le mueve a dar la batalla en este proceso. “Perseguimos el interés del club por encima del de las personas. Es un tema que hemos peleado y sudado porque en primera instancia se negó por parte del juzgado que pudieramos personarnos y defender los derechos del club como perjudicado”. En esa idea acusan ahora a uno de sus trabajadores, pero no tomarán medidas laborales sobre él hasta que haya una sentencia en firme. “Nos alegramos”, confesó Tino Fernández tras conocer hace un mes la noticia de que el caso se reabría. Y añadió entonces. “Vamos a seguir hasta el final y en principio pensamos que Munúa no está implicado en el amaño”. En el Deportivo inciden que a tenor del vídeo del partido, el entonces guardameta del Levante cuajó una gran actuación, impidió varios goles del Zaragoza y nada pudo hacer en los dos que encajó. Apuntan que tiene el derecho la presunción de inocencia. Pero al tiempo le acusan.