España debe buscar la verdad de la Operación Puerto

El 17 de mayo, el Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) trató la Operación Puerto como un punto más dentro del orden del día. Once años después del día en que detuvimos a Manolo Saiz y Eufemiano Fuentes en un hotel de Madrid, la Puerto continúa estando presente y pendiente de resolución.

La sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 21 de Madrid de 29 de abril de 2013 consideró como hechos probados que en la Operación Puerto se venían realizando desde el año 2002, conductas consistentes en extracciones sanguíneas y dispensación de medicamentos como EPO, IGF-I, testosterona, insulina, etc. a deportistas, bajo precio y con peligro para su salud.

Hechos probados que fueron admitidos por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que, sin embargo, resolvió en sentido totalmente contrario y absolvió a los acusados condenados en la primera sentencia. La Audiencia consideró que la sangre no era medicamento y que por tanto no podía haber delito. Y eso, a pesar de la abundante jurisprudencia que la misma sentencia recogía afirmando lo contrario. Cuando el Juzgado de lo Penal había decidido no entregar muestras de las bolsas de sangre intervenidas, la Audiencia autorizó su entrega a la AMA, Unión Ciclista Internacional, Comité Olímpico Nacional Italiano y Real Federación Española de Ciclismo.

Todo ello, en una sentencia del 10 de junio de 2016. Una sentencia emitida poco después del décimo aniversario de la Puerto. Diez años es el plazo de prescripción establecido en el Código Mundial Antidopaje 2015. Sin embargo, los hechos habían prescrito en mayo de 2014, ya que no se podía aplicar en este caso, el nuevo Código a infracciones prescritas con anterioridad.

Y prácticamente un año después, seguimos en la misma situación, lo que quizás nos hace olvidar que la Puerto no es un problema de la AMA: es nuestro problema, el problema del deporte español, con un ciclismo y atletismo especialmente afectados. El problema no es descubrir la corrupción; el problema es no responder a la corrupción de una forma firme y decidida.

España tiene, 11 años después, la misma responsabilidad que en 2006: conocer la verdad. Es un tema de credibilidad. Así lo consideró el Senado francés cuando publicó su informe sobre el dopaje y los reanálisis del Tour del 98. No se puede delegar en la AMA lo que es nuestra responsabilidad. Es España la que debe implicarse en la investigación apoyando a la AMA, buscar la colaboración de los propios deportistas sobre los que en su día recayó la sospecha y frenar las suspicacias sobre quienes tienen la responsabilidad de velar por un deporte creíble.

Enrique Gómez Bastida fue el oficial de la Guardia Civil que dirigió la Operación Puerto. Ha sido director de la agencia española antidopaje.