Nadie se moja con las cláusulas antiembarazo

“La ley del Deporte consagra en España que los hombres solo por ser hombres gozan de unos derechos que no se les reconocen a las mujeres. Por ley, las mujeres no pueden ser deportistas profesionales, pues solo tienen consideración de profesionales las ligas masculinas”.

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A María José López, abogada de la Asociación de Jugadoras de Baloncesto (Ajub), no le cuesta ningún trabajo elaborar una frase redonda de denuncia que resume la razón por la que las mujeres deportistas sufren doble discriminación en España: a la que sufren todas las mujeres se le suma la que sufren por ser deportistas. Y al Estado el asunto no parece preocuparle mucho, podría añadir.

La forma más espectacularmente visible de la discriminación de las mujeres deportistas lo constituyen las llamadas cláusulas antiembarazo, por las que un empleador, el club que contrata a una baloncestista, una futbolista o una balonmanista, por ejemplo, puede romper el contrato laboral de la jugadora si esta se queda embarazada, puede despedirla sin indemnización. Dado el silencio y el miedo de las deportistas, nadie sabe cuántas están ligadas por contratos que contienen esa cláusula. “Yo descubrí tres contratos de ese tipo cuando tramité unas denuncias por impago”, dice López. “Luego, en voz baja, me dicen que hay muchas más, pero ninguna se atreve a denunciar”.

“Son cláusulas nulas de pleno derecho”, dice José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte, quien responde a las proposiciones en el Senado y en el Congreso de Esquerra Republicana y Ciudadanos, respectivamente, que instan al Gobierno a las modificaciones legislativas necesarias para evitar que puedan ser redactados contratos con la cláusula. “Y son un asunto en el que nosotros no podemos hacer nada, es un asunto de legislación laboral. Si las denuncian las ganan ante cualquier juzgado laboral. No las contempla ninguna ley deportiva, así que tampoco podemos modificar ninguna reglamentación. Solo si nos llegaran denuncias podríamos ayudar a las afectadas”.

Para María José López, el Estado puede y debe intervenir. “Sencillamente regulando el deporte profesional e incluyendo a las ligas femeninas se dotaría a las mujeres de una protección contra esas cláusulas”, dice. “El deporte profesional exige una patronal y un sindicato y un convenio colectivo que todos respetan. Y los contratos se hacen con copia para todos los estamentos, no son meros contratos privados como hasta ahora…”. López eligió estas cláusulas como bandera de lucha por ser el elemento más llamativo de la discriminación, pero no es el único. “La no existencia de convenios colectivos también significa que las mujeres deportistas no gozan de los mismos derechos que los hombres en caso de incapacidades, impagos, ingresos de las quinielas…”.

Renovaciones a la baja

Amaya Valdemoro jugó a baloncesto en España, Rusia y en la WNBA, la Liga profesional norteamericana. “La WNBA forma parte de la NBA y claro que se nota la diferencia con respecto a España”, dice Valdemoro. “Allí, según el convenio colectivo, la mujer deportista tiene reconocido el derecho a quedarse embarazada y el club la obligación de mantener el contrato. Ahora bien, la discriminación persiste. Una deportista que decide tener un hijo sabe que corre un gran riesgo. El equipo respetará su contrato, pero uno o dos años más tarde o no se lo renuevan o lo hacen a la baja, porque consideran que su rendimiento desciende”.

Ninguna deportista española parece dispuesta a librar batalla, lo que Ana Muñoz, ex directora general de Deportes, entiende perfectamente. “Es que no se puede trasladar a las deportistas la doble presión”, dice Muñoz. “Por un lado están obligadas a callar para poder seguir trabajando y por otro les exigimos que denuncien para nosotros actuar”. Para Muñoz, el Estado no solo debe actuar modificando la ley del Deporte para dar consideración profesional a la mujer deportista, sino que mientras tanto puede llevar a cabo una labor preventiva y de inspección. “Dependiendo de la categoría del club, esta inspección sería competencia o del Consejo Superior de Deportes (CSD) o de las federaciones respectivas”, dice.

María José López cuenta que hace poco vio a Jean Marc Bosman, el futbolista que luchó para que todos los comunitarios tuvieran los mismos derechos, y que lo consiguió. “Estaba destrozado”, dice la abogada. “Apenas podía andar y hablar. Está pagando con su salud su lucha. Él ganó, pero todos los equipos le cerraron sus puertas. Se acabó como jugador”.