El ascenso en diferido, otro fracaso de una ACB caótica

El 10 de septiembre de 2015 la ACB creó un nuevo y alambicado concepto en su ya procelosa arquitectura reglamentaria: el ascenso en diferido a la máxima competición del baloncesto español. Ese día, la Asociación de Clubes y el Ourense pactaron la participación del conjunto gallego en la temporada 2016-2017 de la Liga Endesa, “independientemente de su resultado deportivo en la Liga LEB” del presente curso. Sin embargo, los orensanos, que concluyeron octavos con 15 victorias y 15 derrotas, fueron incapaces de completar su inscripción por segundo año consecutivo. A pesar, primero, de la intermediación decidida y favorable del CSD, que en otros casos se había inhibido; y, después, de los 12 meses de margen extra; no aparecieron los cerca de 7 millones que se necesitan para lograr la plaza en la élite (sumando el canon —3,129 millones más IVA—, la aportación al fondo de regulación de ascensos y descensos —1,565 millones más IVA—, el aval de garantía —600.000 euros— y un presupuesto competitivo, en torno a los 1,5-2 millones). El Concello y la Diputación, ambos del PP y accionistas mayoritarios del club con el 42% de los títulos de la SAD, no lograron sacar adelante sus respectivas subvenciones de 1,5 millones para completar la hucha. Tampoco Abanca ni el resto de entidades bancarias regionales rebajaron las exigencias de sus avales.

El parche burocrático del aplazamiento no sirvió de nada. “Los políticos pudieron hacer algo más, pero sería injusto considerarles los únicos culpables de este fracaso. Era un proyecto muy ilusionante pero se ha muerto en las carpetas, no hubo opción de sacarlo adelante”, explicó el presidente del club, Antonio Gavilanes, a la conclusión del plazo a las 00.00 del 15 de junio.

Sin invitación formal

Un día antes, Palencia y Melilla (campeón de la LEB Oro y vencedor del playoff de ascenso) comunicaban a la Liga su “imposibilidad de cumplimiento de los requisitos” para afiliarse a la ACB de cara al curso 2016-17, pero, siguiendo el modelo del Ourense, solicitaban mantener sus derechos deportivos para la temporada 2017-18, confiando en cumplir entonces con la normativa económico-financiera y de instalaciones deportivas. “Las plazas vacantes serán ofrecidas a los clubes clasificados en las posiciones 17ª y 18ª de la presente temporada”, rezaba el comunicado de la ACB que, sin embargo, esta vez, y al contrario de lo que ha sucedido en años anteriores, no ha cursado la habitual invitación formal a los implicados: Estudiantes y Gipuzkoa (que este fin de semana ya han solicitado su reafiliación). El cambio en el protocolo y las dudas sobre las auditorías de ambos clubes, fundamentalmente la del conjunto colegial (en negociaciones con Hacienda de resultas de su concurso de acreedores), abren la puerta a la reducción de la Liga a 16 equipos, pretensión histórica de los clubes grandes.

“Dijimos que nada haríamos en los despachos. Sin embargo, parece que a día de hoy podremos mantener la categoría. Nos felicitamos por ello y celebramos esta nueva oportunidad que se nos ofrece. No obstante, creemos que es necesario hacer una profunda reflexión sobre la situación del baloncesto español como deporte y como espectáculo. Una reflexión para acometer serias reformas estructurales que pasan por un amplio acuerdo entre la ACB, la Federación Española y la Secretaría de Estado para el Deporte”, explicaba la semana pasada Fernando Galindo, presidente de Estudiantes, que cuenta con el respaldo de sus patrocinadores, con Movistar a la cabeza; grupo propietario de los derechos televisivos de la Liga hasta 2018 por 46 millones de euros.

Informe demoledor

A la espera de la resolución de la Asamblea General del 4 de julio, lo que es seguro es que por quinto año consecutivo no se completarán los ascensos a la Liga Endesa -en este tiempo, sólo el Andorra lo logró en 2014-, ni en directo ni en diferido. El fracaso del pacto del Ourense, fraguado entre reuniones, comunicados, alegaciones, burofaxes, correos, auditorías, querellas y mensajes cruzados, acreditó el caos de un procedimiento plagado de sombras.

El 14 de agosto de 2015, tres días después de que el CSD estimara el recurso del Ourense instando a la Liga inscribir al club gallego, el presidente de la ACB, Francisco Roca, recibió un demoledor informe complementario encargado a su gabinete técnico de auditoría y consultoría que, remitiéndose a los datos recogidos a fecha 30 de junio, refrendaba que el Ourense tenía un saldo patrimonial neto negativo de 714.200 euros, que se encontraba en causa de disolución y que “la S.A.D. se hallaba en la citada fecha en quiebra técnica o estructural”, según recoge el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

En la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada por la ACB el 31 de agosto de 2015, Roca omitió la “quiebra técnica” del Ourense y presentó ante los clubes un nuevo informe encargado al bufete Pintó Ruiz & Del Valle con el que los allí reunidos quedaban conminados a cumplir con el dictado del CSD. “La ACB tiene en definitiva la obligación de continuar la tramitación de la solicitud de afiliación del Ourense teniendo por cumplido el requisito establecido en el artículo 8.2 c) —presentar auditoria de los estados financieros con fecha de cierre a 30 de mayo y previsión de cierre a 30 de junio— de sus Estatutos (…). De no hacerlo probablemente así lo ordenará el CSD (…)”, decía la literalidad del texto. Finalmente, el Ourense no ascendió el año pasado. Tampoco lo hará este, pero su petición en diferido ya está en el diccionario de los playoffs de los despachos y en el farragoso orden del día de la ACB.