La fiscal avala los estatutos del Madrid

La fiscalía ha apoyado las tesis del Real Madrid y ha pedido esta mañana la desestimación de la demanda presentada por un grupo de 15 socios contra la reforma de los estatutos impulsada por Florentino Pérez en 2012 y que endurece las condiciones para ser candidato a presidir el club. Una reforma que fue aprobada por amplía mayoría en la Asamblea de Socios Compromisarios de septiembre de 2012. La fiscal del Juzgado de Primera Instancia número 51 de Madrid, Carmen Marticorena, considera que la modificación no vulnera los derechos de los socios, en contra de lo que argumentaban los demandantes.

En la reforma se endurecieron los criterios para ser elegido presidente: una antigüedad de 20 años en lugar de diez y la garantía de que el aval bancario presentado (por un banco inscrito en el registro español) fuera respaldado únicamente por el patrimonio personal y no de terceros. "Aquí no puede venir cualquiera con un poco de labia y quedarse con el club, esto no es un club de petanca", dijo Florentino Pérez en la Asamblea de 2012. La obligación de presentar un preaval equivalente al 15% del patrimonio del club fue aprobada en 1992 por Mendoza (el presupuesto rondaba, en aquella época, los 57 millones de euros por lo que se requería un aval de unos 8,5).

La fiscal ha destacado que la reforma siguió el cauce legal establecido por el club y fue respaldada por el 90% de los socios [997 votos a favor, 100 en contra] por lo que no supone ninguna vulneración de los derechos de los socios. Además, considera que el hecho de que se hayan endurecido los requisitos de antigüedad -de 10 años en el caso de los vocales hasta los 20 años del presidente- y de respaldo económico de las candidaturas -deben presentar un aval del 15% del presupuesto, casi 90 millones de euros, de una entidad española y respaldarlo con el patrimonio personal de los candidatos- persigue dar cumplimiento a la Ley del Deporte y no supone ninguna discriminación porque permite que la gran mayoría de los socios del Real Madrid puedan presentarse a las futuras elecciones.

Según los datos presentados en la vista, el 84,85% de los socios habrían cumplido el requisito de antigüedad para formar parte de la junta directiva del club en las últimas elecciones (2013) y 29.979 podrían haber aspirado a ser presidente. No hubo elecciones por falta de candidatos, por cierto. En 2017 el 93% de los socios podrían formar parte de la junta y 40.000 podrían ser presidentes.

Garantía de solvencia

En cuanto a las exigencias económicas, la fiscal considera que el hecho de que el aval tenga que ser concedido por una entidad registrada es una garantía de solvencia y que esté respaldado por el patrimonio personal de los candidatos evita el riesgo de que no se sepa quién está detrás de las candidaturas.

Los argumentos de la fiscalía respaldan las pretensiones del Real Madrid, que estuvo representado en la vista por el abogado Javier López Farré. El club argumentó además que la antigüedad ya era un requisito para ser candidato y que la reforma solo intentaba "adecuarla a la masa social madridista".

En el juicio compareció como testigo Vicente Boluda [vocal entre 2006 y 2009 en la junta de Ramón Calderón en la que fue, además, vicepresidente y presidente durante cuatro meses], que apoyó las pretensiones de los demandantes a los que asegura no conocer. "Me enteré hace un par de meses de que habían puesto en marcha la demanda", confesó.  "No tengo ningún interés personal", dijo el expresidente del Madrid ante la jueza y la fiscal, "solo que el club se pueda democratizar".

"Yo no me presenté en 2013 porque los nuevos estatutos imposibilitaban mi candidatura", aseguró Boluda que en 2013 acumulaba una antigüedad de 15 años. Precisó, además, que conocía a otros aspirantes a presidir la entidad que no pudieron presentarse por los mismos motivos.

En el juzgado también estaba citado como testigo Juan Onieva, que amagó con presentarse en 2009 y retiró su candidatura, pero no acudió porque se encuentra en Panamá. La jueza del caso tendrá ahora que emitir la sentencia (unos 15-30 días calcula el Madrid); la opinión de la fiscal no es vinculante y los demandantes, en caso de anulación de la demanda, podrán recurrir ante la Audiencia Provincial.

Florentino Pérez no acudió al juzgado, pero sí lo hizo el vicepresidente primero Eduardo Fernández de Blas. “El informe del ministerio fiscal ha sido contundente. No puede decir otra cosa. El 90% de los socios compromisarios del Madrid saben perfectamente lo que votaban. Sin la presentación del preaval y sin el cumplimiento de las garantías que hemos puesto de manifiesto, el Madrid podría ser excluido de las competiciones deportivas. Y esto nadie lo dice”, declaró después de la vista.