Sangre caducada

En el congelador de un laboratorio de Barcelona, 211 bolsas de sangre y plasma esperan desde hace casi nueve años que un dedo las despierte y les diga: hablad. Sus esperanzas parecen vanas. La destrucción parece una posibilidad más real, como bien saben las autoridades deportivas y antidopaje mundiales, que dan por perdida, víctima de la prescripción de los hechos, la información y las identidades que podría revelar el análisis del ADN de las bolsas de sangre de la Operación Puerto, cuya sentencia se dictó el 30 de abril de 2013.

Solo cinco ciclistas (Jan Ullrich, Ivan Basso, Michele Scarponi, Jörg Jacksche y Alejandro Valverde) han sido identificados plenamente y sancionados por las autoridades. Los demás nombres que han circulado como presuntos dueños de las bolsas seguirán con la sombra de la sospecha toda la vida, sin que se pueda ya probar ni su inocencia ni su culpabilidad pueda ser sancionada.

En la sentencia, la jueza de primera instancia ordenaba la destrucción de la sangre. El Consejo Superior de Deportes (CSD), y otras instituciones personadas en la causa, recurrieron la sentencia, solicitando entre otras cosas que se le entregaran las bolsas para conocer la identidad de los deportistas que se sometieron a transfusiones de sangre para doparse. Casi dos años han pasado y Alejandro Benito, el juez de la Audiencia Provincial de Madrid que debe resolver los recursos, aún no ha comenzado a estudiarlos abrumado por el trabajo que tiene entre manos, la redacción de la compleja sentencia del caso de la cooperativa PSG, un juicio celebrado hace 16 meses.

Dos años después, la Audiencia Provincial aún no ha comenzado a estudiar los recursos

Según la normativa española vigente en el momento de la Operación Puerto, mayo de 2006, el plazo de prescripción para sancionar los casos de dopaje era de tres años, mientras que el Código Mundial Antidopaje fijaba tal límite en ocho años. Ambos plazos ya se han cubierto con creces, en mayo de 2009 y mayo de 2014, respectivamente, y solo una imposible aplicación retroactiva del nuevo código mundial, que entró en vigor en enero fijando una caducidad de 10 años, podría permitir abrir las bolsas si el proceso penal con sus múltiples recursos se acabara con victoria de las autoridades reclamantes y antes de junio de 2016.

“También podrían salvarse las bolsas si los expedientes que se abrieron en su momento a los presuntos deportistas implicados se hubieran suspendido a la espera de la resolución del proceso penal”, señala Ana Muñoz Merino, directora general de Deportes. Pero los expedientes por presunto dopaje basados en los papeles hallados en los registros de las consultas de Eufemiano Fuentes, todos ellos a ciclistas, no se suspendieron, sino que se archivaron pocas semanas después de abrirse, en agosto de 2006, según recuerda el entonces secretario general de la Federación Española de Ciclismo, Eugenio Bermúdez. Además, aunque se hubieran suspendido no parece muy sencillo abrir expediente solo por suposiciones a personas desconocidas, pues solo se conocerá la identidad de aquellos que recurrieron a este método de dopaje mediante análisis de ADN en una sangre inaccesible y caducada.