Operación Neptuno: 36 ultras detenidos

Un pelotón de policías despertaron ayer al amanecer a 36 personas en sus respectivas casas de Madrid, Ávila, Cuenca, Talavera y Toledo y se las llevaron detenidas hasta la comisaría de Moratalaz, donde permanecían anoche prestando declaración y respondiendo interrogatorios. La “primera fase” de la Operación Neptuno, como la bautizaron sus responsables de la Brigada de Información de Madrid, se llevó por delante a “jóvenes, mayores, parados, profesionales, ninis y hasta a un militar y a un guardia civil”, un variado surtido de arrestados —entre los que se encuentran dos menores de edad— como presuntos participantes y responsables de la muerte de Francisco Javier Romero Taboada, el ultra de los Riazor Blues asesinado a palos a orillas del Manzanares el pasado 30 de noviembre. La policía sospecha que entre todos ellos podrían encontrarse dos autores materiales del violento asesinato que, en todo caso, no serían ni el militar ni el guardia civil -destinado en el cuartel de Rivas-, puesto que ninguno de los dos está acusado de homicidio.

Ninguno de los arrestados fue al calabozo el día del crimen. La policía siguió el rastro de sus móviles

Todos los detenidos son varones y pertenecen al Frente Atlético, el grupo ultra del Atlético de Madrid, que ha quedado reducido a poco más de un millar de miembros en los últimos tiempos, según fuentes policiales. Uno de ellos era un taxista de Parla, conocido como El Búfalo, informa Bárbara Sánchez. Según los investigadores, no parecía sorprendido cuando, al alba, varios agentes se presentaron en su chalé adosado del municipio madrileño de Parla, donde vive con su mujer y dos hijos, para ponerle las esposas. “Tenía innumerables fanzines del Frente Atlético, banderas y toda clase de símbolos vinculados al equipo rojiblanco”. Ni siquiera preguntó por qué se lo llevaban. Tampoco su mujer. El taxista tiene 33 años y no consta que tuviera antecedentes penales, según fuentes cercanas a la investigación.

Ayer —aunque no era la primera vez— también se registró el cuartel general del Frente Atlético, el bar Duratón, cercano al Vicente Calderón y donde muchos de los ultras rojiblancos habían quedado a desayunar el día de los hechos, mientras supuestamente esperaban antes del partido —hay versiones contradictorias de si la cita entre ambos bandos estaba pactada o no— a sus homólogos y enemigos acérrimos del Deportivo de La Coruña. Ambas hinchadas se profesan un odio histórico por tener ideologías opuestas, los gallegos de extrema izquierda y los madrileños de extrema derecha.

Al fondo a la derecha de ese bar, al lado de los baños, hay una habitación con puertas de ojos de buey cubiertas con cartones. Allí guardaban los miembros del Frente Atlético sus utensilios: banderas, pancartas y demás enseres. Pero ayer, no quedaba ya casi nada. “Miren lo que quieran”, espetó desafiante el propietario del local que, según fuentes policiales, “abría y cerraba el bar a las órdenes de los ultras, casi sus únicos y mejores clientes”.

La treintena de arrestos se produce algo más de dos semanas después de la brutal reyerta que protagonizaron los cientos de hinchas rojiblancos y otros tantos ultras de Riazor Blues, llegados desde Galicia en sendos autobuses a primera hora de ese domingo hasta las inmediaciones del Calderón. La descomunal refriega —palos, armas blancas y puños americanos, incluidos— se saldó con la muerte de Taboada, de 43 años, y con decenas de detenidos (21) y heridos.

Hay dos menores de edad entre los detenidos en Madrid, Ávila, Cuenca y Toledo

Curiosamente, ninguno de los arrestados ayer pasó por los calabozos el día de autos. Desde entonces, los investigadores, a expensas del juez de instrucción del juzgado número 20 de Plaza Castilla (sustituido ahora por el 38), han seguido la pista de los presuntos implicados analizando las grabaciones de las cámaras y los móviles de los supuestos participantes en la reyerta. La tremenda agresividad manifestada por ambos bandos quedó patente y pudo verse, entre otras cosas, porque vecinos y paseantes grabaron las escenas de la brutal pelea.

Entre los delitos que se les imputan a los detenidos está el de tenencia ilícita de armas u objetos peligrosos y riña tumultuaria y, excepcionalmente, el de homicidio, supuestamente en solo dos casos.

El violento asesinato de Taboada, a quien después de apalearle sus agresores lanzaron al río Manzanares, donde permaneció durante cerca de 20 minutos hasta que fue rescatado por bomberos y buzos de los servicios de emergencia, ha supuesto un antes y un después en la regulación de los encuentros deportivos, fundamentalmente los de fútbol. Y ha dejado al descubierto que muchos de estos grupos de violentos (entre un 20% y un 30% de sus miembros, según datos policiales, tienen antecedentes) viven —o vivían— camuflados y al amparo de los clubes, como una especie de afición vip, a cambio de animar los partidos con sus cánticos, pancartas y consignas por radicales que fuesen.

También se registró ayer el bar Duratón, cuartel general del Frente Atlético

Nadie —ni los responsables deportivos, ni la policía, ni la Delegación de Gobierno de Madrid— supo prever hace dos semanas los acontecimientos que se podrían desatar ante el encuentro de miembros radicales de ambas aficiones, pese a que hubo indicios —llamadas e informes “poco consistentes”— que anunciaban la llegada de los ultras gallegos.

El partido no fue calificado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia porque los hinchas del Deportivo consiguieron burlar los controles habituales de venta de entradas adquiriéndolas a través de las peñas, y porque lo único que se conocía hasta ese momento era que “podrían llegar unos 50” miembros radicales deportivistas por la tarde de ese domingo.

Dos cargos pagaron con sus puestos la descoordinación que condujo a un error de cálculo. Los dos agentes de policía que coordinaban la seguridad del Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid fueron destituidos de sus puesto. De haberse tenido en cuenta la llegada de los ultras gallegos a Madrid, el partido que se jugó a las 12.00 de ese mismo día 30, habría sido calificado de alto riesgo.

Las últimas semanas han sido un paseo de personalidades del mundo del deporte y del fútbol —a excepción del presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Ángel María Villar, que no ha asistido a ninguna de las reuniones ni comparecencias—, y de los máximos responsables de seguridad, como el secretario de Estado, Francisco Martínez, y el propio Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Todos trataban de encontrar una explicación para lo inexplicable: la muerte de un hombre brutalmente apaleado por una jauría humana.

A las sucesivas reuniones, comunicados y versiones de lo conocido y lo que aún queda por conocer, le ha seguido una batería de medidas de control de los eventos futbolísticos que, de entrada, ha mandado fuera de sus estadios a los ultras y prohíbe y penaliza la violencia verbal y las siglas radicales.

El lunes pasado estaba prevista la reunión para aprobar las “medidas antiultras”, pero se aplazó al lunes próximo ante una nueva ausencia de Villar por encontrarse en Marruecos en el Mundial de Clubes. Todo con tal de erradicar la violencia en el fútbol, pero todo tarde.