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La Fiscalía ultima la querella del Levante-Zaragoza

Delito monetario, soborno y fraude y alteración del boleto quinielístico pueden ser las acusaciones contra los investigados

Fernando Sainz de Varanda, a la derecha, y Francisco Checa, detrás, a su llegada este lunes a la sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. Ampliar foto
Fernando Sainz de Varanda, a la derecha, y Francisco Checa, detrás, a su llegada este lunes a la sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. AS

El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón ultima la querella que presentará en los juzgados de Valencia con motivo del supuesto amaño del partido Levante-Zaragoza de mayo de 2011 en el que la victoria del conjunto aragonés (1-2) supuso su permanencia en Primera División. Los últimos en declarar ante la Fiscalía han sido este lunes Fernando Sainz de Varanda, vicepresidente y consejero del Zaragoza, y Francisco Checa, exconsejero y actual secretario general.

La comparecencia de Sainz de Varanda se dio como representante de la figura jurídica del Zaragoza como sociedad, que también puede ser sancionada. Sainz de Varanda aseguró ante el fiscal que, de haberse amañado el partido, esto se habría producido por intereses personales visto el grave perjuicio que le podría causar a la entidad.

Por su parte, Checa confirmó que había sido consejero del club durante la etapa de Agapito Iglesias y de Zaragoza Real Estate, la sociedad inmobiliaria filial del club. Checa dijo desconocer los movimientos de 95.000 y 300.000 euros salidos de las cuentas del Zaragoza los días 13 y 20 de mayo previos al partido investigado y negó haber rubricado esas transacciones pese a que reconoció que si tenía capacidad de firma. Según fuentes cercanas al caso, al menos uno de esos movimientos, fue firmado por Francisco Porquera, también exconsejero y ahora residente en México, por lo que este no acudió a declarar pese a estar citado.

La Fiscalía prepara una querella en la que los investigados pueden ser acusados de delito monetario

Con más de una veintena de testimonios, la Fiscalía prepara una querella en la que los investigados pueden ser acusados de delito monetario, amaño de partidos e incluso alteración del boleto quinielístico de aquella jornada. Agapito Iglesias, exdueño del club, estaría señalado como principal urdidor del tongo. Luzón tiene en su poder pruebas indiciarias de los jugadores del Zaragoza que retiraron de sus cuentas bancarias entre 85.000 y 90.000 euros (Gabi, Braulio, Ponzio, Ander Herrera) transferidos desde el club días antes del sospechoso encuentro. Gabi, actual capitán del Atlético de Madrid, reconoció ante el fiscal que había hecho esa disposición, pero que al día siguiente había devuelto el dinero en metálico al club y dijo desconocer para qué se empleó.

Por su parte, Agapito Iglesias contradijo esa versión al confirmar que se habían reflejado en las cuentas del club como primas por la permanencia. Otros futbolistas del conjunto maño negaron haber recibido premios por la permanencia. Esos movimientos bancarios afectan a nueve jugadores del Zaragoza y al que era el entrenador, el mexicano Javier Aguirre. Del Zaragoza también han sido llamados a declarar a Diogo, Jarosik, Obradovic, Jorge López, Uche y Paredes y el exdirector deportivo Antonio Prieto.

Algunas de las pruebas que podrían acusar a los futbolistas del Levante investigados por supuestamente cobrar por dejarse ganar, han declarado Ballesteros, Iborra, Xavi Torres, Stuani, Caicedo, Cerra, Rodas, Manolo Reina, Robusté, Juanfran y Wellington, tienen que ver con la escasez de disposiciones de dinero de sus cuentas tiempo después de la disputa del partido.

En manos del fiscal ya está el libro mayor de las cuentas del Zaragoza en el que comprobará cada uno de los movimientos de dinero habidos antes del partido y si realmente están justificados, algo que fuentes cercanas al caso aseguran que “nadie ha sido capaz de hacerlo con claridad”.

Los sobornos y los fraudes en el mundo del deporte se tipifican como delito desde 2010. El artículo 286 bis del Código Penal prevé hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación como castigo. La reforma fija sanciones, multa y hasta penas de cárcel para aquellas conductas que tengan por finalidad "predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales". La pena prevista para la persona física autora del delito es la prisión de seis meses a cuatro años y la inhabilitación por un tiempo de uno a seis años. Los clubes también pueden ser sancionados.

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