El socio que demandó a Laporta pide la ejecución de los avales

Vicenç Pla, el socio del Barcelona que demandó a Laporta y siete de sus directivos ante la justicia para exigirles un aval por valor de 23,2 millones de euros por las pérdidas de sus primeros ocho días de mandato al frente del club, fue contundente ayer al valorar la sentencia del Tribunal Supremo, que le da la razón. Pla emplazó a la actual junta directiva, presidida por Sandro Rosell, y entidad beneficiaria de la sentencia, a solicitar la ejecución de la misma.

“Si Rosell no pide la ejecución de los avales, lo haremos nosotros”, avisó Pla, que insistió en que su único deseo está claro: “No queremos que se enriquezca nadie como directivo del Barcelona”. Sentado a su lado, el socio Robert Blanch, portavoz de la Associació per la Defensa dels Drets del Socis del FC Barcelona —que admitió haber pagado de su bolsillo los gastos de la demanda—, concedió “unos 15 o 20 días” a la junta para que sea el club quien mueva ficha: “De lo contrario, actuaremos. Es tan sencillo como enviar una carta al juzgado para que ejecuten”.

¿Cuándo actuarían?, se le inquirió dado que el portavoz del Barça, Toni Freixa, declaró tras conocer la sentencia estar a la expectativa de la decisión del socio Pla y esperaba que fuera él quien diera el paso definitivo. “Quizá cuando hayamos ganado la Liga”, concedió Pla, que se había mostrado algo dubitativo inicialmente.

 “Que lo pague Guardiola”

“No he pasado por todo este peregrinaje para quedarme con los brazos cruzados”, añadió después el demandante. Y no pareció preocupado por el daño generado a ocho familias: “Yo no lamento nada”, dijo. Y remató: “Ya le dije a Guardiola [quien en su día salió en defensa de la gestión de Laporta] que si se pone triste y le da tanta pena, que lo pague él de su bolsillo, que él sí tiene dinero. Quien se presenta a presidente y directivo sabe que está sujeto a unas responsabilidades”. Laporta y los otros siete directivos afectados por la resolución del Tribunal Supremo, que deberían presentar unos tres millones de euros por cabeza, pueden ser requeridos por la justicia para depositar esos avales durante un plazo de cuatro años.

Por otro lado, el exdirector general del Barça Joan Oliver confirmó en declaraciones a Rac1 que el club controló a sus empleados en época de Laporta para “evitar fugas” de información, pero sin intención de “espiar”.