El Supremo condena a Laporta a avalar

La Sala Primera del Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por el expresidente del FC Barcelona Joan Laporta y siete de sus directivos (Alfons Godall, Jaume Ferrer, Alfons Castro, Joan Boix, Josep Cubells, Rafael Yuste y Albert Perrín) y ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial que les condena a presentar un aval por las pérdidas de la temporada 2002-2003 que ascienden a 63,8 millones. El Supremo da la razón a Vicenç Pla, el socio que llevó el caso a los tribunales en el año 2006.

El expresidente y los siete exdirectivos deberán avalar unos 23 millones de euros que corresponden al 15% del presupuesto que el Barcelona aprobó para la temporada 2006-2007 y que, de acuerdo con la sentencia, debía haber sido avalado por la directiva de entonces, después de haber acumulado unas pérdidas de 63.381.000 euros al final de su primer mandato.

Pla llevó a Laporta a los tribunales por considerar que los ocho días de mandato del curso 2002-2003, que generó las pérdidas de 63,8 millones, son imputables a Laporta y que, por tanto, su junta directiva tenía que presentar un aval del 15% del presupuesto de la temporada de su segundo mandato, la de 2006-2007.

Laporta y sus directivos no presentaron el aval por considerar que las pérdidas correspondían al mandato anterior de Joan Gaspart. La Liga Profesional, por su parte, también exoneró al expresidente y a su consejo de presentar el aval. El Supremo entiende que la Liga no puede tener la última palabra ya que la presentación de avales en clubes deportivos profesionales según la Ley del Deporte es un “deber legal” que debe y puede ser exigido por los tribunales.

La junta de Laporta siempre defendió que aquellos ocho días de junio, del 22 al 30 de 2003, no se pueden considerar como un año de mandato, contrariamente a los que sostenían los estatutos. El nuevo consejo, con Laporta y Sandro Rosell de vicepresidente deportivo, devaluó el valor contable de los jugadores de la plantilla, circunstancia que generó unas pérdidas de 63,8 millones que se atribuyeron a la junta de Gaspart. La directiva de Laporta cerró con beneficios los tres ejercicios siguientes y en 2006, cuando fue obligada a convocar elecciones por un juez, evitó avalar en base a los últimos años de beneficios y atribuyó las pérdidas del 2002-2003 al consejo de Gaspart.

Pla acudió a los tribunales y, tras la sentencia favorable de la Audiencia, paralizó el proceso de ejecución a la espera del Supremo mientras Pep Guardiola, entonces entrenador azulgrana, se significaba a favor de los afectados. Ahora Pla puede pedir su ejecución, al igual que el club. La junta de Rosell se reunió ayer y tenía previsto explicar hoy su posición. Al respecto hay que tener en cuenta que, paralelamente a la sentencia, sigue en curso la acción de responsabilidad social contra la junta de Laporta aprobada por la asamblea a propuesta del actual consejo.