La jueza archiva la ‘Operación Galgo’

El recorrido de la Operación Galgo en los juzgados llega a su fin. La titular del juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha decidido poner fin al procedimiento, porque entiende que no existen “indicios racionales de que se haya perpetrado un delito de dopaje deportivo”. La resolución, fechada el 24 de mayo, es consecuencia de la decisión adoptada en marzo por la Audiencia Provincial de Madrid, que declaró nulas las escuchas telefónicas, los registros y las declaraciones de varios imputados practicadas durante la operación. El auto de archivo es recurrible.

El archivo de la causa decretado por la jueza Mercedes Pérez Barrios supone el fin de las diligencias que se abrieron contra Eufemiano Fuentes y su hermana Yolanda Fuentes, Manuel Pascua, María José Martínez, Pablo Muñoz, Miguel Barcelo, María Castilla, José Javier Solanas, Joaquín Novoa y Eugenio Barrios.

Las investigaciones relacionadas con la “Operación Galgo” se iniciaron en el mes de abril de 2010. Hasta diciembre de ese mismo año, la Guardia Civil se dedicó a investigar la supuesta trama dedicada al tráfico de sustancias dopantes y a la práctica de dopaje sanguíneo. El 9 de diciembre fueron detenidas 14 personas, entre ellas la atleta Marta Domínguez y su entrenador, César Pérez, el médico Eufemiano Fuentes y el entrenador Manuel Pascua. Aquel día se realizaron 15 registros domiciliarios, en los que la Guardia Civil se incautó de productos dopantes, bolsas con sangre y material clínico para la realización de transfusiones. Marta Domínguez quedó en libertad con cargos de tráfico y distribución de sustancias dopantes, después de prestar declaración durante casi 8 horas ante la Guardia Civil, y al día siguiente fue suspendida provisionalmente de la vicepresidencia de la Federación Española de Atletismo. Domínguez siempre negó que en su casa se encontraran productos prohibidas y que traficara con sustancias dopantes, y fue finalmente desvinculada de la trama de dopaje en enero de 2011, aunque se mantuvo su imputación por delitos de dopaje deportivo y contra Hacienda, de los que finalmente también sería exculpada.

El giro del caso se produjo el 22 de marzo de 2012, cuando la Audiencia Provincial de Madrid, en un auto contra el que no cabía recurso, declaró nulas las escuchas telefónicas practicadas, así como las entradas y registros y las declaraciones que varios de los imputados prestaron mientras la causa estaba secreta. Según el tribunal, la solicitud de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para proceder a las escuchas telefónicas que sustentaron la investigación posterior “no contenía ningún indicio objetivo o sospecha fundada de la comisión por los investigados de un delito de dopaje deportivo”. “El rumor, el chismorreo o la habladuría no pueden considerarse como indicios de delito”, se decía en aquel auto. La resolución también anuló las declaraciones en las que varios de los imputados admitieron hechos delictivos. A partir de entonces, la “Operación Galgo” quedó en vía muerta, y el auto que hoy se ha conocido supone la puntilla definitiva.