El embrollo legal de la Operación Galgo

La juez Mercedes Pérez Barrios, titular del juzgado número 24 de Madrid, envió ayer a los abogados defensores de la Operación Galgo un documento firmado por la fiscal Victoria Iparraguirre, que el miércoles 29 recurrió las declaraciones de los atletas Marta Domínguez y Alberto García. Iparraguirre pide en su escrito "la nulidad" de las comparecencias de los deportistas al considerar que no debieron aparecer ante la juez como imputados y testigos en el mismo acto jurídico. La mayoría de los abogados defensores ya describieron ese mismo día como "una aberración" que Domínguez declarara bajo esa doble condición. La juez da ahora a los letrados la posibilidad de "adherirse" a la petición de la fiscal.

"Es casi imposible que esto provoque la nulidad del caso", dicen fuentes jurídicas

Conforme avanza, la investigación crece en complejidad, matices y personajes

"Es casi imposible que esto dé lugar a la nulidad de todo el caso", explicaron fuentes jurídicas que conocen los documentos y las pruebas de la Operación Galgo a la perfección. "Lo normal es que la juez acabe aceptando la nulidad de la declaración de Marta como testigo, que mantenga la que hizo como imputada, y que haga lo mismo en el caso de Alberto García, que también habló como imputado y testigo", continúan. "En ese caso, que es el más lógico, debería volverles a plantear las preguntas que les hizo como testigos bajo la condición de imputados. Si se declararan nulas las cuatro declaraciones (dos como imputado, dos como testigo), ambos tendrían que pasar de nuevo por el juzgado". No es solo un matiz jurídico. Es, explican fuentes conocedoras del mundo de los tribunales, la diferencia entre estar obligado o no a decir la verdad: los testigos no pueden mentir, ya que al hacerlo abrirían la puerta para que se les impute otro delito.

La Operación Galgo, que arrancó con 14 implicados, sus correspondientes declaraciones y las consecuentes investigaciones, recursos y defensas, no para de crecer en complejidad, matices y personajes. Los abogados defensores, por ejemplo, se sorprenden tanto de la minuciosidad de los seguimientos de la Guardia Civil como de que parte de la documentación que manejaron los agentes al comienzo de la investigación hubiera sido encontrada en varias páginas de Internet. La fiscal no está de acuerdo con que Marta Domínguez y Alberto García, imputados por un presunto delito contra la salud pública que se pena con hasta dos años de cárcel, hayan declarado como imputados y testigos en el mismo acto. Y la juez Barrios, al mismo tiempo, sigue extendiendo el marco de su investigación, mientras en los juzgados crece la sensación de que el caso acabará desgajado en dos: Eufemiano Fuentes y Manuel Pascua por un lado; Marta Domínguez y Palencia por el otro.

La juez aún debe decidir cuándo declararán por videoconferencia y desde los tribunales palentinos dos nuevos personajes de la galería de nombres asociados a la Operación Galgo. Se trata de la farmacéutica que presuntamente habría vendido los medicamentos con los que Domínguez trató una lesión de su liebre, Eduardo; y del médico que, según la investigación, habría firmado las recetas para esos medicamentos a posteriori. El tratamiento fue realizado con Scandinibsa, un anestésico para el que se necesita receta, que mezcla lidocaína y adrenalina y que no está en la lista de productos prohibidos. La farmacéutica, imputada, y la médico, que en principio declarará como testigo, aparecen en los seguimientos que la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO), hizo de Marta Domínguez, de quien habría fotografías entrando en una clínica palentina de fisioterapia para, supuestamente, realizar el tratamiento.

Son las protagonistas del nuevo capítulo de la instrucción de la Operación Galgo. No será el último. La semana que viene habrá nuevas declaraciones.