La UCI pide que España juzgue a Contador

Alberto Contador recibió esta tarde con tranquilidad la noticia de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha solicitado a la federación española que le abra un expediente disciplinario por el positivo por clembuterol , 50 picogramos (un picogramo es la billonésima parte de un gramo), en el pasado Tour de Francia. "Es el procedimiento habitual", dijeron sus próximos; "es lo mismo que sucedió con el tenista de mesa alemán Dimitri Ovtcharov, al que luego absolvió su federación sin que la internacional reclamase. Si a él le absolvieron, ¿por qué no a Alberto?".

Ovtcharov, que también dio positivo por clembuterol tras un torneo en China el pasado verano, alegó, como Contador, que la mínima cantidad del anabolizante hallada en su orina provenía del consumo de carne contaminada y que él nunca había intentado doparse.

Sin embargo, el caso Contador es irregular por su desarrollo hasta el momento: han pasado más de tres meses desde que se produjo el control positivo, en el día de descanso de los Pirineos, la víspera del Tourmalet, a tres de llegar a París; ha pasado más de un mes desde que, el 30 de septiembre, el propio Contador diera a conocer su positivo y que había aceptado una suspensión provisional el 24 de agosto, antes de que la UCI cumpliera con su reglamento y notificara a la federación correspondiente la presunta violación de su reglamento antidopaje para que proceda en consonancia. Además, se ha envenenado por el control estrecho de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de todo el procedimiento . Si en su único comunicado sobre el asunto, el 1 de octubre, la UCI justificó su irregular proceder con que se necesitaban más certidumbres científicas a la hora de valorar el resultado adverso, el envío de la documentación del laboratorio y todos los papeles del caso a la federación -seis correos electrónicos con tanto peso que el presidente de la española, Juan Carlos Castaño, vio su outlook colapsado-, se puede interpretar, y así lo interpretan fuentes cercanas al ciclista, como una imposición de la AMA, como una solicitud directa de sanción. "Pero no", dice la UCI. "Hay que mantener la presunción de inocencia. Debe ser la federación española quuien decida si ha infringido el reglamento antidopaje".

"La UCI nos ha pasado la patata caliente", dijo Castaño al recibir los e-mails, día de puente en Madrid; "así que tendremos que iniciar el procedimiento habitual. El miércoles se reunirá el Comité de Competición, que procederá al estudio de la documentación enviada por la UCI. Y luego daremos la voz a Contador y a los expertos científicos o legales que desee para defenderse. Finalmente, nuestros expertos estudiarán sus alegaciones y el Comité decidirá. Si cree que se ha producido una violación del reglamento antidopaje, la sanción puede ir de una simple amonestación a dos años de suspensión. Si cree que no, se archivará el expediente. Pero esto no será rápido. Pasará un tiempo".

A falta de la prueba determinante de su inocencia, el trozo de solomillo adquirido en una carnicería de Irún por su amigo José Luis López Cerrón, ya que se lo ha comido, Contador cuenta entre sus armas con un extenso estudio científico del perito holandés Douwe de Boer, que prueba, según su saber, la posibilidad muy real de que el consumo de carne procedente de un animal engordado aceleradamente con clembuterol derive en un positivo involuntario en un control antidopaje. También el laboratorio antidopaje de Madrid, dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de la Agencia Estatal Antidopaje (AEA), efectuó un estudio que concluía que una cantidad de clembuterol tan pequeña como la hallada en la orina de Contador no pudo tener efecto sobre su rendimiento.

Cualquier suspensión, hasta la más mínima, iría acompañada de la pérdida del triunfo en el último Tour. Si la sanción se reduce a una amonestación, no perderá su tercera corona.

Si la ley española antidopaje concede un plazo de tres meses a los órganos federativos para tomar una decisión antes de que la comisión nacional asuma el caso directamente, los reglamentos de la UCI reducen el margen a solo un mes. El Comité de Competición lo componen tres personas y lo preside Fernando Uruburu.

"Y después de la decisión del Comité", dice Castaño, "todas las partes que no estén de acuerdo podrán apelar ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, con sede en Lausana), con lo cual el asunto podría alargarse varios meses más y no concluir hasta las vísperas del próximo Tour".