Toreros y empresarios exigen el cese de la presidenta de la plaza de Málaga

Cuatro asociaciones profesionales taurinas han presentado un escrito ante el Ministerio del Interior en el que piden la recusación de Ana María Romero, presidenta de la plaza de toros de Málaga, a la que acusan, entre otras cosas, de arbitrariedad en los reconocimientos veterinarios de las corridas y animadversión hacia las figuras y hacia ciertos ganaderos.

El texto lo firman los representantes de la Unión de Toreros (Juan Diego), la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) (Simón Casas), la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros (UNPBE) (David Prados) y la Asociación Nacional de Mozos de Espada (ASNAME) (Luis Rodríguez Adame) y, curiosamente, ha sido registrado en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior el pasado 19 de julio por Juan Diego, presidente de la Unión de Toreros.

Quizá por esta circunstancia, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, a quien va dirigida la queja de los estamentos taurinos, aún no tiene conocimiento oficial del escrito, aunque sí del contenido del mismo.

Los matadores de toros, integrados en la Unión de Toreros, que agrupa, además, a las figuras más reconocidas; los empresarios taurinos de las plazas más importantes, pertenecientes a ANOET, así como los picadores, banderilleros y mozos de espadas atribuyen a Ana María Romero Fernández “un proceder arbitrario y lesivo, principalmente en lo que atañe a las decisiones tomadas en relación con la aceptación y rechazo de reses tras los oportunos reconocimientos veterinarios y con la concesión de trofeos”, según consta en el escrito, al que ha tenido acceso este periódico. Afirman, asimismo, que el número de toros rechazados por la presidenta supera al de otros presidentes “lo que da una idea del extrañamente riguroso criterio empleado”.

Los firmantes aseguran que han recibido numerosas quejas de sus afiliados en las que denuncian “un comportamiento de la señora Romero hacia los toreros, especialmente hacia las figuras, y hacia ciertos ganaderos, que denota animadversión hacia lo que representan y hacia su protagonismo en la fiesta de los toros”.

Los toreros y empresarios -ninguna de las cuatro asociaciones de ganaderías de toros bravos firman el escrito- manifiestan, asimismo, “la posible existencia de un conflicto de intereses entre el ejercicio del cargo de presidente de una plaza de toros de la importancia de La Malagueta con el desempeño de funciones de crítico taurino en medios de comunicación y tertulias taurinas y con el parentesco con responsables de medios de comunicación taurinos de ámbito autonómico, circunstancias que concurren en Ana María Romero”.

La presidenta malagueña ejerce como periodista en Canal Sur Radio, donde dirige actualmente un programa no taurino titulado ‘Vaya verano’, y es hermana de Juan Ramón y Enrique Romero, directores y presentadores de Carrusel Taurino y Toros para todos, en la radio y la televisión autonómica, respectivamente, y que cuentan con altos niveles de audiencia en la Comunidad.

Estas circunstancias profesionales y familiares pueden provocar, a juicio de los denunciantes, “que sus decisiones estén condicionadas”.

Por todo ello, los firmantes entienden que las denuncias están suficientemente fundadas y, en consecuencia, solicitan a la Delegación de la Junta de Andalucía en Málaga que inicie un expediente de recusación contra Ana María Romero, como presidenta de la plaza de toros de Málaga, al amparo de lo que establece el artículo 20 del Reglamento Taurino de Andalucía.

Este apartado de la normativa taurina andaluza establece que las personas elegidas para ejercer como presidentes deberán abstenerse de intervenir cuando tengan interés económico y profesional, amistad íntima o enemistad manifiesta o parentesco de consaguinidad con los miembros de la empresa organizadora, profesionales actuantes o representantes de las ganaderías que intervengan en el espectáculo.

La Delegación de la Junta de Andalucía en Málaga no se pronunciará sobre esta denuncia hasta que no reciba oficialmente el escrito, si bien fuentes solventes del Gobierno andaluz han expresado a este periódico su sorpresa por el contenido de la denuncia y su convicción de que los datos aportados no suponen la existencia de incompatibilidades que pudieran impedir que la presidenta continue ejerciendo su labor.