‘Hooligan’

Esperanza Aguirre declaró ayer que Pablo Iglesias lo que espera con la querella que le ha interpuesto es dar con un juez de Podemos y que la condenen a pagarle 100.000 euros. Esto lo dijo tras no llegar a un acuerdo de conciliación. Desde el momento en que pronunció unas palabras así, no habrán faltado los que se hayan dedicado a buscar un juez de Podemos en los tribunales españoles. Lo grave de un razonamiento de este calado en una personalidad que ocupa altos cargos políticos es que invita a pensar que los jueces actúan en función de sus simpatías políticas. En el mismo día en que ha sido sobreseída de manera provisional su causa por el incidente con dos agentes de Movilidad en pleno centro de Madrid, no resulta demasiado oportuno señalar hacia un funcionamiento tan penoso de nuestro aparato judicial. Si lo piensa sinceramente, y no es solo otra salida de tono, será porque tiene datos para hacerlo y habrá utilizado esas simpatías políticas en la esfera judicial para salir con tino de sus tropiezos.

La anécdota adquiere proporciones de desacato en un día muy cargado de novedades judiciales, incluida la fianza fijada para el excontable Luis Bárcenas. Cada español tiene la obligación de acatar las decisiones judiciales. Pero también, como hacen los políticos que repiten ese mantra incansables, luego criticarlas en función de sus opiniones particulares. Aunque poner en duda la autonomía de los jueces perjudica la aceptación del sistema, que encuentra ahí una pata básica para mantenerse en pie, hay demasiados representantes políticos que se permiten alegremente hacerlo con reiteración.

Si alguien tiene alguna duda sobre las presiones que recibe el poder judicial en cuanto se opone al criterio que fija el Gobierno le basta con asomarse a la petición de amparo que han presentado los magistrados Ramón Sáez, Javier Martínez-Lázaro y Manuela Fernández de Prado tras recibir todo tipo de ataques tras la decisión sobre los últimos etarras excarcelados. La presión ha sido de tal intensidad que se ha dejado notar incluso en un clima que ya estaba enrarecido tras la dimisión del fiscal general y las rectificaciones forzadas en su labor. Si la presión viniera desde otro partido hablaríamos de actitudes antisistema. Pero nadie ve al hooligan en su propia grada.