18 millones de euros por no emitir

El Gobierno valenciano habrá gastado a final de marzo 18 millones de euros en el pago de las nóminas de los empleados y otros gastos fijos de la radiotelevisión pública valenciana, sin que se emita una imagen en Canal 9 ni se escuche una voz en Ràdio 9 desde hace cuatro meses. Unos 1.500 empleados cobran sin ir a trabajar. Tienen permiso retribuido, quieren currar, pero no pueden. No se les permite el acceso al Centro de Producción de Programas de Burjassot (población a ocho kilómetros de Valencia). Solo un centenar continúa en su puesto para ultimar la extinción de la actual empresa pública Radiotelevisió Valenciana (RTVV, SAU) y probablemente aguantará hasta junio de 2015.

No es fácil y todo apunta a que el embrollado proceso se prolongará en el tiempo. Hay muchos frentes abiertos, desde que el pasado 29 de noviembre se cortaron las emisiones de Canal 9 por mandado del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, del PP. Fue su respuesta a la sentencia de nulidad que promulgó el Tribunal Superior de Justicia valenciano sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), a través del cual se había despedido a un millar de trabajadores de RTVV. Fabra justificó el cierre por el elevado coste que supondría readmitir a los trabajadores (unos 40 millones).

Desde entonces, la Generalitat desembolsa unos 4,5 millones de euros al mes en nóminas, alquiler de equipos y otros gastos fijos. Y no mantiene el servicio público de RTVV porque sería más gravoso y hay que cumplir “unos plazos legales”, según ha explicado Fabra, sin mencionar las críticas que recibía el PP en los informativos de RTVV desde que se anunció su cierre el pasado 5 de noviembre.

De momento, la negociación del ERE de extinción entre la dirección de la empresa (el comité liquidador) y el comité de empresa continúa sin acuerdos. La empresa no respondió a la propuesta de recolocación, lo que ha motivado una nueva demanda por la vía contencioso-administrativa. Un grupo de unos 180 empleados de personal laboral fijo, que entró en RTVV por oposición, reclama a la Generalitat que les trate como a otros trabajadores de la Administración y los recoloque. Calculan que se podría ahorrar 14 millones en indemnizaciones. Y arguyen el agravio comparativo con los muchos contratados a dedo y cargos de confianza sin preparación.

La vía que ya se ha abierto es la del Tribunal Constitucional. Ayer se conoció que ha admitido a trámite el segundo recurso de inconstitucionalidad del PSPV-PSOE al considerar que el cierre de RTVV fue “un atropello democrático, cultural, social y a la dignidad y derechos de los valencianos”. Además, el PP impuso ayer su mayoría en las Cortes valencianas y rechazó la iniciativa socialista de garantizar el patrimonio público de RTVV.

Otro de los frentes pasa por la deuda de 1.200 millones de la antigua RTVV por su pésima gestión (con casos de corrupción, como la supuesta mordida de la trama Gürtel de tres millones por la retransmisión de la visita del Papa). Los bancos alemanes se han negado a que la antigua RTVV subrogue esa deuda a la hipotecada Generalitat. En consecuencia, no se ha podido extinguir. Tampoco se sabe cuándo se liquidará la nueva RTVV SAU, que nació el pasado año sin cargas financieras, porque, si no hay acuerdo en la actual negociación, se presentarán demandas colectivas e individuales que retrasarán su extinción.