Los nuestros

No soy de los que cree que pueda haber un ministro de Hacienda cargado de resentimiento contra la gente del cine español y que diseñe los Presupuestos del Estado como una agresión para terminar con ellos. Aunque eso sucediera, sería imposible que los altos representantes del Gobierno toleraran algo así. Y, por supuesto, en última estancia estarían los responsables del departamento de Cultura para impedirlo y hasta dimitir como medida de protesta ante lo que sería un insulto hacia sus responsabilidades. Por todo eso, los Presupuestos recién presentados son más un ejemplo de mal cálculo, que convendría analizar desde la frialdad de las cuentas y no desde el calor de batallas estériles. Es interesante detenerse sobre la réplica de esta situación en otros países.

A pesar de la ligera subida del IVA con la que el Gobierno francés trata de paliar la crisis viral en Europa, en ese contexto ha rebajado el impuesto a las entradas de cine del 7% al 5%. No es chocante en países como Francia, Estados Unidos, Japón y Corea, que se apoyan en las industrias culturales para sustentar su economía nacional, las estimulan y las protegen porque conocen su trascendencia y proyección de futuro. Los nuestros recurren a sobretasarlas y hasta incumplir los compromisos de pago, algo que bordea el sabotaje. Pero así no frenarán la sangría que ha causado confiar la potencia económica a los chiringuitos financieros, la expansión sin medida de la construcción y la oferta de sus ciudadanos como mano de obra barata a multinacionales extranjeras.

Entretenimiento y acción cultural son desvalijados por nuestro Gobierno económico, quizá porque confían en que su futuro personal consistirá en sentarse en consejos de administración de grandes empresas de construcción o energéticas y tienden hacia ellas su esfuerzo de estímulo y subvención mientras ocupan cargos estatales. Nada hay más transparente que unos Presupuestos. La batalla del IVA que capitanea el ministro Montoro en lugar de aumentar los beneficios los ahoga. Las salas de cine en España entregan al Estado, solo en IVA, más de 70 millones de euros. Contribuir a su cierre y desangrar la asistencia es suicida, y en la comparación con los países de nuestro entorno, me temo que sonrojante.