El valor de la radiodifusión como industria cultural y creativa

UNESCO define a las Industrias Culturales y Creativas como aquellos sectores de actividad que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. La radio forma parte de ellas y en España, según la Cuenta Satélite de la Cultura en España, el sector audiovisual y multimedia, en el que se integra, constituye un 0,71% del PIB nacional y un 31,7% en el conjunto de actividades culturales. En un año en el que celebramos el centenario de la radio en España, sin duda su éxito se debe a la conexión emocional que genera entre las personas. Lo demuestran los 32 millones de oyentes mensuales en 2024, según la última Encuesta General de Medios de AERC.

El sector de la radiodifusión lleva años en profunda transformación, y sigue haciéndolo, en constante adaptación a los avances tecnológicos. El auge del podcast, un 88% del cual procede de contenidos radiofónicos, es un buen ejemplo de ello. El sector está ahora mismo inmerso en el paso a la radiodifusión plenamente digital y el reto de la IA generativa. Al mismo tiempo, se trata de un negocio ya plenamente interactivo y transfronterizo en un contexto de fuerte competencia a nivel mundial.

Para un país como España, con un idioma que es lengua materna de casi 500 millones de personas en todo el mundo (6,2% de la población mundial) y unas industrias culturales y creativas vibrantes y competitivas a nivel global, el sector de la radiodifusión tiene un enorme potencial.

Ante tal contexto, un marco regulatorio internacional robusto, adaptado a la realidad tecnológica y de mercado, es necesario y sin embargo, a día de hoy, siguen existiendo grandes diferencias en los niveles de protección de los radiodifusores de una región a otra del planeta.

Dicho marco debe de tener como principal prioridad asegurar una correcta protección de los derechos de propiedad intelectual de todos los agentes de la cadena de valor a nivel global y el foro idóneo para ello es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Y sin embargo los derechos de los radiodifusores sobre sus producciones y sobre la señal con la que las emiten han quedado siempre relegados a futuros debates desde que se aprobase la Convención de Roma en 1961, incluidos los Tratados OMPI de Internet de 1996.

En abril pasado se celebró la reunión anual del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos de OMPI que tuve el honor de presidir. En ella debíamos de trabajar en un borrador de tratado de radiodifusión para proteger la señal de la piratería. Después de 25 años de debates interminables parecíamos más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo.

Gracias a una buena combinación de trabajo técnico y diplomático conseguimos un texto de consenso que garantiza la protección de la señal de radiodifusión a nivel local y global frente a la piratería en un marco de neutralidad tecnológica, lo cual asegura su protección a futuro. En su actual versión, el texto incluye el simulcasting y el catch-up y excluye todo tipo de retransmisión así como el VoD y los contenidos, que están protegidos por otros instrumentos de propiedad intelectual.

Muchas delegaciones, incluida la UE, celebraron los avances conseguidos, los mayores después de años y de muchas sesiones del Comité. Pero a pesar de ello no fue posible alcanzar el consenso necesario para la adopción de un texto base para su negociación en una futura conferencia diplomática a celebrarse en 2026.

En la OMPI rige la norma del consenso, propia del sistema de Naciones Unidas y raramente relegada a favor del criterio de la mayoría. Ciertamente ello permite avanzar de manera robusta en las decisiones tomadas, pero también hace posible el bloqueo. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido.

Si en el sistema de la ONU perdemos el fin del interés general —en la materia que sea— para perseguir de manera unilateral posiciones proteccionistas, se pervierte la esencia del mero sistema, el cual pasa a ser instrumentalizado y controlado, precisamente, por quienes lo cuestionan.

El sistema de protección internacional del derecho de autor y los derechos conexos es un edificio que se construye bloque a bloque. Un tratado internacional que proteja de manera clara a los organismos de radiodifusión de quienes pretendan enriquecerse a su costa robando su señal es una pieza hoy imprescindible para asegurar e incentivar todo el potencial mencionado más arriba.

Su demora sine die en el seno del organismo internacional creado para tutelar e impulsar dicha protección frustra las aspiraciones legítimas de todo un sector empresarial y cultural, lastrando su desarrollo.