El escándalo de los vagones arrojados por Adif al río Sil se salda con una sanción de 55.000 euros

El vídeo grabado por uno de participantes en la polémica operación dio la vuelta a España en agosto de 2020. Mostraba cómo varios operarios de Adif arrojaban al río Sil los dos vagones que bloqueaban la sinuosa vía del tren que trascurre pegada a este cauce por el municipio de Carballeda de Valdeorras (Ourense), un paraje protegido por la Red Natura. Ese fue el método por el que se decantó la empresa pública para deshacerse de forma rápida de los convoyes que impedían reabrir la circulación tras un descarrilamiento sin heridos. El escándalo medioambiental, alimentado por las protestas de ecologistas y partidos políticos y la apertura de tres investigaciones, se ha saldado 14 meses después con una sanción total a Adif de 55.000 euros.

Este castigo a la empresa pública, que los ecologistas califican de “irrisorio”, es la suma de sendas multas: una de la Xunta de 45.000 euros y otra de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, de 10.000. La investigación penal que también se impulsó ha sido archivada. El juzgado de instrucción número 2 de O Barco de Valdeorras concluyó el pasado junio que “de las diligencias practicadas en la causa y de los informes obrantes en las actuaciones, no queda acreditada la existencia de un peligro grave o sustancial para el medio ambiente”, según el auto judicial al que ha tenido acceso este periódico.

La Xunta considera a Adif autora de una infracción grave de la ley estatal de residuos y suelos contaminados y le ha impuesto una sanción de 45.000 euros, la máxima prevista. La Consellería de Medio Ambiente ha concluido que la empresa estatal despeñó los vagones ladera abajo de forma intencionada y sin ningún tipo de medida de protección ambiental pese a que se trataba de un espacio natural protegido por la Red Natura. Pero no califica la vulneración de muy grave porque no se trata de un vertido de residuos peligrosos y no considera grave el daño ambiental ocasionado. Aunque en su día el Gobierno gallego cargó contra Adif por su “ataque” ambiental “inadmisible”, en sus informes técnicos el departamento autonómico califica de “mínimos” los destrozos causados por el suceso, que se llevó por delante 29 árboles de “escaso porte y diámetro”.

La Confederación Hidrográfica Miño-Sil ha impuesto una multa de 10.000 euros a Adif. Considera que la empresa estatal incurrió en una infracción “leve” de la Ley de Aguas pese a que, según desveló el organismo en aquel momento, arrojó deliberadamente los vagones al río haciendo caso omiso a que la autorización para tal maniobra le había sido denegada por razones medioambientales. Los hechos fueron en un principio calificados como “menos graves” y se propuso una sanción de 50.000 euros. Sin embargo, fue finalmente rebajada a una quinta parte porque “antes de la propuesta de resolución los responsables de los hechos repusieron las cosas al estado anterior”, explica la entidad.

Fins Eirexas, portavoz de la asociación ecologista Adega, lamenta que estas multas “legales pero irrisorias” no cumplan “con una función preventiva o disuasoria”. Considera que estas sanciones favorecen que los “empresarios desaprensivos hagan cuentas y les compense arriesgarse a deshacerse de los residuos infringiendo la normativa”. “Comparativamente con las normas que protegen la propiedad privada o la actividad económica, las normas ambientales fijan multan ridículas”, denuncia Eirexas. El mensaje que lanza a la sociedad que un caso de amplio eco mediático como este se zanje así es “preocupante”, advierte.

Adega señaló en su momento diversos daños ambientales provocados por la operación. Los vagones iban vacíos pero la organización alertó, entre otras afecciones, de la destrucción de la vegetación de ribera y de la contaminación de aguas que provocan los aceites e hidrocarburos “empleados en los engranajes y rodamientos de la máquina”, además de los metales de la mole de gran tonelaje que llegó al lecho del río Sil.