Bruselas obligará a las petroleras y gasistas a detectar y reparar las fugas de metano para luchar contra el cambio climático

Bruselas ha decidido ponerle coto al metano, el segundo gas responsable del cambio climático, por detrás del dióxido de carbono (CO₂). La Comisión Europea quiere obligar a las compañías energéticas del sector del petróleo, el gas y el carbón, responsables de un 19% de estas emisiones, a detectar y reparar cualquier fuga localizada en su red de transporte, tuberías y depósitos. El Ejecutivo comunitario, que ha presentado este miércoles las nuevas medidas contra el cambio climático, pretende también prohibir la quema y ventilación rutinarias en las plantas de combustibles fósiles, esto es, la famosa llamita que a menudo se ve coronando las chimeneas de las infraestructuras energéticas, convertida casi en un símbolo de las prospecciones, y que Bruselas considera una “mala práctica habitual” y perfectamente evitable. La idea es apagar esta llama para siempre.

La nueva propuesta sobre el metano llega en una semana en la que Bruselas ha puesto sobre la mesa una casi inabarcable batería de medidas dirigidas a la transición ecológica, con iniciativas de todo tipo que van desde la eficiencia energética de los edificios al impulso de la red comunitaria de ferrocarriles o la regulación del pujante sector del hidrógeno y el gas; se trata de la segunda andanada del llamado “pacto verde” europeo, cuyo primer impacto llegó en julio de este año, y ha puesto en marcha la maquinaria para aprobar una ingente regulación, que mantendrá al Parlamento Europeo y al Consejo (órgano que representante a los Estados miembros) ocupados en una intensa y compleja negociación legislativa durante los próximos meses o, muy probablemente, años. Todas las medidas, capitaneadas por el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Frans Timmermans, pero que han exigido la actuación coordinada de distintos departamentos del Ejecutivo comunitario, se encaminan a cumplir con el objetivo que se ha fijado la UE de reducir en un 55% los gases de efecto invernadero en 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

“Europa tiene que pasar la página de los combustibles fósiles y pasar a fuentes de energía más limpias”, ha asegurado Timmermans. “Para hacer frente a las emisiones de metano, proponemos un marco jurídico sólido para seguir y reducir mejor este potente gas de efecto invernadero, ayudándonos a cumplir el Compromiso Mundial sobre el Metano y a hacer frente a la crisis climática”, ha añadido. El objetivo de las medidas del Ejecutivo comunitario es “reducir las emisiones de metano procedentes del gas, el petróleo y el carbón en un 80% de aquí a 2030 y desencadenar una acción sobre el metano fuera de la UE”, ha añadido la comisaria de Energía, Kadri Simson.

El gas metano, a menudo olvidado, ya acaparó los focos durante la reciente cumbre del clima de Glasgow, en la que la UE y Estados Unidos impulsaron un acuerdo junto a más de un centenar de países para reducir un 30% de las emisiones de origen antropogénico en 2030 respecto a los niveles de 2020. Al pacto se sumaron grandes emisores como Brasil, Indonesia, Canadá, Arabia Saudí y el Reino Unido, pero hubo también enormes ausencias, como las de China, Rusia e India.

El metano es responsable de cerca de un 25% del aumento de la temperatura global registrado en el planeta desde la era preindustrial, según constató el último informe del IPCC —el panel internacional de expertos encargados de sentar las bases científicas sobre el cambio climático—. Este gas tiene, además, un poder de calentamiento 80 veces superior al del CO₂ en los primeros años desde que llega a la atmósfera y es un potente precursor del ozono, contribuyendo a la contaminación atmosférica y afectando a la salud, según datos aportados por la Comisión.

La iniciativa europea se encuentra, sin embargo, con la dificultad de regular el sector energético más allá de las fronteras de la UE, de donde viene el 90% del petróleo y el gas, una cifra que ha ido creciendo en los últimos años. La Comisión tiene capacidad limitada de actuación en este campo, pero fiará parte de la estrategia a sus “recursos diplomáticos”, indican fuentes del Ejecutivo comunitario. Y buscará forzar a las corporaciones del sector a incrementar los requisitos de transparencia en las emisiones de metano vinculadas a las importaciones. Las compañías tendrán que proporcionar información detallada sobre las emisiones fuera de la UE y los pasos dados para mitigarlas, datos que serán publicados en un registro sobre emisiones globales de metano. Los Veintisiete destinarán, además, su flota de satélites europeos a vigilar los puntos calientes de altas emisiones de metano.

La nueva propuesta no se adentra en territorio agrícola y ganadero, los principales responsables de las emisiones vinculadas a la actividad humana (en torno al 25% del total), por lo que Bruselas deja sin regular de momento poderosas fuentes metaneras como los eructos de las vacas. “Actuar sobre el sector energético es más rentable”, afirman fuentes comunitarias responsables de la nueva regulación. La idea es que aplicando soluciones tecnológicas, como la vigilancia y el control de fugas en pozos de petróleo y gas, se obtienen reducciones considerables de las emisiones.

Edificios sostenibles

La UE también pretende llegar a 2050 con un parque de edificios que cumpla con los objetivos de cero emisiones. La propuesta exigirá una profunda transformación del sector, donde, de media, solo el 22% de las fuentes para calentar y enfriar los inmuebles, y el 34% de la electricidad que estos consumen, tiene un origen renovable, según datos de 2019 aportados por la Comisión. El Ejecutivo comunitario busca reducir el consumo de energía un 14% e impulsar la renovación de 35 millones de viviendas europeas. La parte central de la estrategia consistirá en imponer unos estándares mínimos que habrán de cumplir los edificios con peor rendimiento energético.

El 85% de los hogares de la UE fueron construidos antes del año 2000, de ellos el 75% tiene un rendimiento energético “pobre”, y solo un 11% de los edificios se someten a algún tipo de reforma cada año, según la Comisión. Y, en la actualidad, un 15% de las construcciones de la UE tienen la categoría G, la peor dentro de la clasificación del Certificado de Rendimiento Energético (EPC, por sus siglas en inglés), en la que la A es la de mayor eficiencia y menor coste climático.

Bruselas pretende empezar la renovación con los edificios públicos y no residenciales: para 2027, aquellos clasificados como G deberán, como mínimo, pasar a la categoría siguiente, la F. En 2030, deberán subir otro peldaño, hasta la clase E. En las viviendas, Bruselas da un poco más de tiempo: las de tipo G deberán convertirse en F en 2030, y ascender a categoría E en 2033.

La propuesta también pretende impulsar la sustitución de calderas de combustibles fósiles por otros sistemas sin emisiones directas de gases de efecto invernadero, como las bombas de calor y otras tecnologías basadas en las energías renovables; entre otras cosas, se prohibirá a los Estados miembro dar ningún tipo de incentivos financieros a la instalación de calderas de combustibles fósiles a partir de 2027.

Consciente de que las medidas pueden tener un fuerte coste social y podrían ahondar en la brecha de la pobreza energética, ya que a menudo las viviendas menos eficientes corresponden a los hogares de menor renta, Bruselas pretende movilizar algo más de 200.000 millones de euros, procedente de los planes de recuperación pactados para salir del hoyo de la pandemia y del Fondo Social para el Clima, un mecanismo aún en fase de negociación destinado a paliar las previsibles grietas que deje a su paso la transición ecológica.

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