El deslinde de la marisma aprobado por el Gobierno abre otra guerra en Doñana

El Consejo de Participación de Doñana se ha opuesto este jueves a la orden de Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) que aprueba el deslinde de 118,7 kilómetros de dominio público marítimo terrestre en la marisma. El Gobierno se ha quedado solo ante los votos en contra del resto de actores clave en el espacio natural, como las asociaciones ecologistas, la Estación Biológica de Doñana, los propietarios y regantes, las administraciones locales y la Junta de Andalucía que consideran excesivo el terreno acotado por el Miteco, al entender que esa extensión no tiene influencia mareal activa -se inunda con agua salada-, sino que solo reciben agua dulce, por lo que no cumplirían los requisitos técnicos para ser catalogado como dominio público marítimo terrestre. “El deslinde tal y como está supondría terminar con el Parque tal y como lo conocemos”, advierte Juanjo Carmona, portavoz de WWF.

El Gobierno tiene el deber constitucional de deslindar la costa, una responsabilidad que se articula en la ley de costas y a la que ninguna de las entidades representadas en el Consejo de Participación de Doñana se ha opuesto. Lo que se cuestiona son los criterios adoptados para determinar su extensión. En virtud de esa obligación, el Miteco lleva dos años trabajando en una orden para establecer ese deslinde a partir de unos informes técnicos elaborados por las consultoras Trahsatec e Idyma que han puesto en duda las entidades científicas y ecologistas vinculadas al entorno natural, a través de las alegaciones que han presentado en este tiempo y que han vuelto a reiterar en la reunión extraordinaria mantenida este jueves en la que también ha estado presente el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

“Las consultoras definen un funcionamiento de la marisma tanto actual como histórico que es incorrecto”, señala Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana. “En los informes se dice que la zona tiene influencia mareal y niegan que sea una marisma de agua dulce, que es lo que recogen las mediciones de los últimos siglos”, añade.

En este sentido, Carmona recuerda que las marismas de Doñana llevan siglos sin funcionar como tal. “Han evolucionado hacia un humedal continental, una especie de lago temporal, como lo denominada José Antonio Valverde, el padre del Parque, que se llena y después se seca”, incide. Los ecologistas y la comunidad científica sí reconocen que hay una zona, la más cercana al río, donde hay influencia marina, pero es muy escasa, y defienden que es hasta esos límites donde se debería establecer el deslinde.

“Los criterios que ha utilizado el Ministerio son equivocados”, insiste Carmona. Las entidades que se han opuesto a la orden del Miteco consideran que la extensión incluida en el desline implica que todo ese territorio -un extenso tramo de 118.772 metros situado en los términos municipales de Almonte e Hinojos, en Huelva, y Aznalcázar, en Sevilla- se considere como una marisma salada, entendiendo que hasta esa distancia llegan las mareas. “Esto choca con la naturaleza de Doñana que se conserva como una marisma de agua dulce. Si pasa a considerarse como una marisma de agua salada, entonces hay que cambiar toda la normativa interna del Parque, que obliga a conservar los espacios de agua dulce, a proteger a las aves de agua dulce... En el momento en que el Ministerio lo califique, no se podrán autorizar proyectos que impliquen aportaciones de agua dulce“, argumenta Carmona.

Antes de entrar en la reunión, Morán ha defendido que la determinación de los límites del dominio público marítimo terrestre “no modifica en ningún caso ni las condiciones ecológicas del espacio ni las actuaciones que se desarrollan dentro de ese mismo espacio”. El secretario de Estado ha indicado que esta figura “viene a reforzar las condiciones de restricción de aprovechamiento del territorio”, entre ellas la de que “no puede haber usos privativos que lesionen las características del bien público, es decir que garantiza que la titularidad pasa a ser del conjunto de los ciudadanos”.

En la reunión extraordinaria, convocada para analizar el deslinde aprobado en la orden ministerial de 10 de octubre y que se ha publicado este jueves en el BOE, todos los estamentos han votado en contra salvo los vinculados al Gobierno que no estaban presenten físicamente y que han delegado el voto en el secretario de Estado -Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que sí presentó alegaciones, y Parques Nacionales, entre ellas-. Tanto la Junta de Andalucía como WWF han anunciado que van a recurrir la orden del ministerio. “No entendemos cómo se ha podido publicar en el BOE sin esperar a que este órgano emitiese su parecer, cuando la legislación exige su consulta en procedimientos que afectan de manera tan directa a un espacio natural protegido como Doñana”, ha indicado el viceconsejero de Medio Ambiente, presente en la reunión.

La decisión del Consejo de Participación no es vinculante, pero, como recuerda Carmona, cada vez que ha informado en contra de una decisión del Gobierno, ésta no se ha llevado a cabo. ”Hay precedentes de otros errores por parte de las administraciones públicas en Doñana que se han podido solucionar, como el almacenamiento de gas natural, el dragado de profundización en el Guadalquivir o el del oleoducto”, enumera.