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Macrooperación urbanística: Aragón reactiva la construcción de 2.200 viviendas en el Pirineo

La actuación, vinculada al grupo Aramón, se levantará en Cerler, en el valle de Benasque, un área de alta montaña muy sensible que ya sufre una gran presión urbanística debido al turismo

Viviendas en el Pirineo de Aragón
Cerler y la zona donde se quiere construir (a la izquierda del pueblo).Sos Ribagorza
Esther Sánchez

Aragón ha relanzado el proyecto de una macrooperación urbanística para construir 2.200 viviendas en Cerler, municipio con estación de esquí y situado en el valle de Benasque, uno de los principales focos de atracción turística de la región. La actuación ha sufrido varios parones, el último en 2017. Detrás de la operación inmobiliaria se encuentra una promotora vinculada con el grupo Aramón, empresa que gestiona la mayoría de las estaciones de esquí aragonesas (incluida la de Cerler) y es propiedad al 50% del Gobierno de Aragón e Ibercaja. El informe ambiental publicado la semana pasada por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) supone un nuevo punto de inicio para la urbanización que lleva años resurgiendo y posponiéndose. El documento debe pasar ahora por el Consejo Provincial de Urbanismo, que realizará una evaluación que pasará al pleno de dicho organismo para su aprobación.

Las modificaciones urbanísticas en marcha en el municipio de Benasque no paran ahí y a esta operación se suma la polémica construcción de una telecabina que unirá el pueblo de Benasque con el aparcamiento de la estación de esquí de Cerler. En la zona de salida de esta infraestructura, financiada con fondos públicos europeos, hay prevista otra operación inmobiliaria de unas 1.000 viviendas. La Asociación SOS Ribagorza presentó un contencioso-administrativo contra la telecabina en octubre del año pasado después de una campaña de crowfunding por su grave impacto ambiental e irregularidades en el proyecto.

“La construcción de esta cantidad de viviendas en áreas de alta montaña tiene un alto impacto sobre el paisaje”, critica Ricard Sánchez, presidente de la asociación vecinal SOS Ribagorza. La ubicación de Cerler es privilegiada: a 1.542 metros de altitud, al pie del macizo de Posets-Madaleta en el Pirineo oriental aragonés. En el entorno crecen bosques de frondosa, mezclados con pastizales y prados, y entre estos últimos se encuentra el Hábitat de Interés Comunitario “Prados pobres de siega de baja altitud”, que se extiende por gran parte del ámbito urbanístico que se va a construir.

Sánchez añade que este sistema de construcción de miles de inmuebles no contribuye a fijar población, como plantean sus defensores. “Son viviendas dirigidas al turismo, no hay ninguna de protección y eso no sirve para nada a los vecinos, solo es especulación urbanística”, concreta. El término municipal de Benasque dispone de 3.349 viviendas, de las que 938 (el 28%) son principales y 2.411 (el 72%) segundas residencias. Con tantos inmuebles turísticos se podría pensar que sería sencillo encontrar un alquiler accesible, pero poco hay en Benasque por menos de 1.000 euros. La población total del término municipal es de 2.282 habitantes, de los que 1.733 están censados en el núcleo de Benasque, 374 en Cerler y 175 en Anciles.

La macrourbanización se baraja desde hace décadas, como parte de un modelo de gestión que vinculaba “la inversión para construir la estación [se inauguró en 1971] a la construcción de segundas residencias, algo que ha continuado”, comenta Sánchez. En 2005 se firmó el primer acuerdo entre el Ayuntamiento y la promotora, pero se paró debido a un litigio entre particulares y a la crisis económica, según adelantó Heraldo de Aragón. Desde entonces, se ha intentado avanzar, pero sin gran éxito: hubo otro acuerdo en 2017 que tampoco fructificó. El Inaga ya dio luz verde en 2019, pero esta vez fue el Ayuntamiento quien no remitió la documentación requerida hasta febrero de 2024, cuando ya había caducado la declaración de impacto ambiental. En agosto del año pasado, la promotora presentó una modificación del plan parcial, sobre la que ahora se ha pronunciado el Inaga, aunque la ha eximido de pasar por una evaluación ambiental ordinaria, que es más detallada en el análisis de la afección al medio natural.

El plan parcial contempla tres fases para la urbanización, en la primera se prevén 856 viviendas y en las siguientes 504 y 838. Fuentes del Gobierno de Aragón responden a la pregunta de qué opinan del proyecto con un escueto “respetamos la legalidad” y en cuanto a la telecabina de Benasque recuerdan que “es una reivindicación histórica de conexión con el pueblo”.

El alcalde de Benasque, Manuel Mora (PP), manifiesta su satisfacción, y asegura que muchas de las viviendas de las que se está hablando “ya están construidas”, pero falta la urbanización y asegurar el agua de boca para la urbanización y el centro histórico. Al contrario que García Porta, de SOS Ribagorza, asegura que “el turismo sirve para fijar la población”. Considera “una suerte” poder combinar turismo de invierno y de verano, que permite contar con puestos de trabajo vinculados a esas segundas residencias.

Víctor Sahún, concejal del PSOE y vecino de Cerler, puntualiza que ellos no están en contra del crecimiento, “porque vivimos del turismo, pero de una forma ordenada”. Denuncia el estado en el que se encuentra una urbanización que se comenzó a levantar en Cerler hace más de 50 años en la que viven unas 100 familias habitualmente. “Está abandonada, sin aceras, con problemas de abastecimiento de tal calibre que hay personas que no tienen agua entre 30 y 40 días al año y con vertidos de aguas fecales”, denuncia. La urbanización le corresponde a Aramón, “pero ni ellos ni el Ayuntamiento hacen nada”.

Medidas correctoras

El Inaga considera que no se producirán afecciones importantes sobre especies protegidas como el quebrantahuesos o el urogallo, siempre que se cumplan los condicionantes preventivos y correctores. Su resolución incorpora medidas ambientales, entre las que se encuentran incluir en los proyectos de urbanización un análisis de los efectos sobre el plan de conservación de estas dos especies amenazadas y que los nuevos desarrollos incorporen medidas específicas para mitigar los efectos del cambio climático.

Entre las mejoras que se han introducido se encuentra el acondicionamiento de la travesía de acceso a las pistas de esquí para solucionar los atascos que se producen en horas punta. En cuanto al saneamiento, “se conectará a la red municipal existente. Además, se contempla un sistema separativo de aguas residuales y aguas pluviales. Para el suministro de agua potable se mejoran captaciones desde los manantiales y se construirá un nuevo depósito de 2.400 metros cúbicos.

Verónica Villagrasa, secretaria Territorial de Chunta Aragonesa (CHA)en el Alto Aragón, también rechaza el proyecto porque “no es sostenible, además de estar completamente sobredimensionado”. Actuaciones como estas le hacen plantearse que las inversiones del Gobierno del PP en infraestructuras de esquí “parecen estar inexorablemente vinculada a desarrollos urbanísticos que benefician a unos pocos a costa del interés general”.

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Sobre la firma

Esther Sánchez
Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.
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