Duplicar la vida útil de móviles y portátiles en España evitaría emisiones de CO₂ equivalentes a las que generan 17.000 coches en un año
La obsolescencia de los dispositivos electrónicos supone un desperdicio de materias primas críticas, como el litio y el cobalto, según un informe de Amigos de la Tierra publicado en vísperas del Black Friday
La vida útil de un móvil en España es de tres años y medio. El de un portátil, de seis. Si se duplicaran, la atmósfera se ahorraría el impacto de 28 millones de toneladas de dióxido de carbono: el equivalente a lo que emiten 17.000 coches en un año. Así lo calcula el informe Alargascencia: beneficios ambientales de alargar la vida útil de teléfonos móviles y portátiles en España, elaborado por la organización ecologista Amigos de la Tierra junto al Instituto de Energía y Eficiencia de los Recursos de la Universidad de Zaragoza, y publicado este jueves, víspera del Black Friday, la gran cita del consumo antes de las Navidades. Según la previsión de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), el 51% de los españoles aprovechará las ofertas para comprar productos de telefonía, informática y electrodomésticos.
Sumado a la reducción de los gases de efecto invernadero, el estudio de Amigos de la Tierra subraya que un modelo de producción basado en la alargascencia —prolongar la vida de los objetos de consumo— y no en la obsolescencia, tendría, a su vez, un impacto positivo en el ahorro de energía y en la reducción de la minería. A cada año de vida útil añadido a un móvil, el consumo energético entre 2024 y 2040 se reduciría en 1.389 GWh, lo mismo que consume una ciudad como Zaragoza en un año.
El estudio analiza el consumo energético durante la producción de los dispositivos a partir de los datos que ofrecía la compañía Apple antes de su transformación hacia las renovables. La extracción y refinamiento de las materias primas suponen un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida de un móvil. A esto, habría que agregar el impacto del consumo durante su utilidad. En la producción de los portátiles, el “consumo energético previo a su uso es de 1.250 kWh por aparato”, expresa el estudio.
El caso de la minería es todavía más significativo. La Unión Europea califica como materias primas críticas el litio y el cobalto, metales fundamentales para la producción de baterías, ya sea de un coche eléctrico, un portátil o un móvil. La batería de estos últimos lleva menos de un gramo de litio y alrededor de ocho de cobalto. Sin embargo, si se aumentara en un año la vida media de los dispositivos nuevos (tan solo de los nuevos) en España, el consumo de estos elementos químicos caería en 29 toneladas para el litio y en 203 para el cobalto de aquí a 2040. Si cada móvil fuese desechado cada 7 años, el impacto sería de 68 toneladas y 473 toneladas, respectivamente. En los portátiles, los efectos se triplicarían.
El informe también plantea un escenario ideal en el que no solo se alargue el funcionamiento de los dispositivos nuevos, sino el de los que ya se encuentran en circulación. En ese contexto, la reducción de consumo de litio aumentaría casi en un 20% y la del cobalto un 16% aproximadamente.
Pero el impacto ecológico es mucho mayor si se toma en consideración todos los demás minerales necesarios para la producción de estos dispositivos. La placa electrónica de un móvil contiene casi la mitad de los elementos de la tabla periódica. Esto hace que las baterías sean productos altamente contaminantes, sobre todo en las regiones donde se extraen los metales. El magnesio que se ahorraría si se prolongase en un año la vida útil de los móviles españoles equivale al que necesitan casi 15 molinos de energía eólica con los que se abastece a 20.000 familias con energía limpia.
Los autores del informe subrayan la importancia de desarrollar un cambio de modelo productivo que permita “ahorrar minerales escasos y necesarios para cubrir otras necesidades relacionadas con el fin de los combustibles fósiles”. Y apuntan contra la obsolescencia programada. Una de las herramientas que consideran útiles para desarrollar este modelo es a través de la penalización, y citan el ejemplo francés, donde desde 2015 se “penaliza esta práctica con hasta dos años de prisión y multas de 300.000” euros.
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