Sanidad empieza en diciembre el primer gran estudio estatal para ver cómo nos afectan las sustancias químicas cotidianas

El Ministerio de Sanidad, en colaboración con otros tres ministerios y varias entidades científicas, tiene previsto arrancar en diciembre el primer gran estudio estatal para ver cómo nos afectan las sustancias químicas a las que estamos expuestos de forma cotidiana. La iniciativa se enmarca dentro de la nueva estructura nacional de biomonitorización humana y pretende medir los niveles de contaminantes en miles de voluntarios como primer paso para tomar luego medidas de salud pública basadas en la ciencia. Otros países del entorno, como Francia o Alemania, ya cuentan con este tipo de estructuras, mientras en EE UU un trabajo similar ayudó a prohibir el plomo en la gasolina. Hasta ahora, tan solo se habían hecho estudios parciales (a adolescentes, madres y trabajadores).

Cada día, estamos en contacto con sustancias químicas presentes en todo tipo de objetos, desde los embalajes a los cosméticos, de los textiles a los envases alimentarios e incluso a los alimentos (que pueden contener restos de pesticidas y herbicidas). Aunque, en general, son seguras, algunas de ellas funcionan como disruptores endocrinos, es decir, afectan a las hormonas y, con los años, pueden provocar problemas de reproducción, cáncer de mama, diabetes, obesidad… Este tipo de estudios sirven para identificar fuentes de exposición a diferentes contaminantes, estudiar su relación con la enfermedad, identificar grupos vulnerables, fijar prioridades en investigación o determinar la efectividad de las políticas de salud pública.

Una portavoz del departamento de Mónica García señala que, en primer lugar, está previsto mandar 14.000 cartas a otras tantas familias, a partir de un muestreo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se cumplen los plazos, ese envío comenzará en diciembre. “Se le pide a un adulto mayor de 18 años de esa familia que participe. Enviamos muchas cartas para que la muestra final esté en torno al 25%, es decir, unas 3.000 personas”, señala.

Después, quienes deseen participar deberán acercarse a un centro de salud —aunque esto podría ser distinto en algunas comunidades— para que le extraigan muestras de sangre, pelo y orina. Si todo va según lo previsto, esta fase empezará a comienzos de 2025. Esas muestras se enviarán a laboratorios de entidades científicas de toda España para analizar los restos de alrededor de 40 sustancias contaminantes.

Argelia Castaño es la presidenta de la Comisión Permanente de la Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana (CIBMH), que coordina el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: “Llevamos 15 años peleando para que se establezca en España un programa de vigilancia nacional como tienen muchos países de nuestro entorno. Hasta ahora, se había hecho un trabajo muy bueno por parte de los investigadores, pero faltaba el apoyo institucional. Ahora, por fin, se pone en marcha una estructura estable de biomonitorización humana”.

Los trabajos comenzaron en 2022, con el acuerdo entre Sanidad y Transición Ecológica, a los que luego se sumaron Agricultura y Consumo, así como diferentes entidades públicas y científicas. El año siguiente se constituyeron el pleno y la comisión permanente, y el primer gran proyecto empieza a ver la luz. “Estamos ahora mismo en la fase de empezar ese primer estudio, y en cuanto se empiece a rodar se podrá ampliar al ámbito autonómico”, dice Castaño. Sanidad confirma que ha destinado al programa una partida de cinco millones de euros, y otro millón y medio para las comunidades que deseen ampliar los datos en sus territorios.

¿Para qué sirve? “Este tipo de estudios son imprescindibles para conocer la exposición ambiental a la que se ve expuesta a la población”, señala Marta Esteban, jefa del Área de Toxicología Ambiental del Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA) —del que Castaño ha sido directora siete años— del ISCIII y coordinadora técnica del proyecto. “La idea es que el trabajo sea periódico, se realice a lo largo de los años y cubra una población representativa de todo el país. Eso aporta unos datos fundamentales a la hora de establecer diferencias temporales, geográficas, y posibles asociaciones con los efectos en la salud”, continúa.

Uno de los laboratorios que opta a evaluar las muestras es el de la Universidad de Murcia, donde trabaja el toxicólogo Miguel Motas (que ya participó en un trabajo similar con adolescentes): “Se vigilarán sustancias como el plomo, el mercurio o el cadmio, además de plaguicidas y sustancias emergentes procedentes de los plásticos, como bisfenoles, ftalatos y perfluorados. Lo importante es conocer qué llega al ser humano, en qué cantidad, y qué efectos puede provocar a largo plazo, para a partir de ahí tomar medidas”.

Los resultados pueden ayudar a tomar medidas de salud pública. “En Estados Unidos se vio que el plomo generaba un problema en la población, pero no se sabía hasta qué punto tenía que ver con la gasolina con plomo”, apunta Motas. “Consiguieron prohibir el plomo en la gasolina y en su estudio de biomonitorización descubrieron que se había logrado una bajada espectacular del plomo en la población, de alrededor del 80%. Así que estos trabajos sirven para demostrar que una medida epidemiológica es eficiente”, añade. En España, diferentes papers sobre el efecto del mercurio en bebés y embarazadas desembocaron en la recomendación de que esta población reduzca al mínimo el consumo de atún, pues este pescado contiene altos niveles de ese metal.

Encuesta epidemiológica

Cada muestra irá acompañada de una encuesta epidemiológica con todo tipo de datos, desde lugar de residencia o hábitos alimentarios hasta tipo de ropa que usa o deporte que practica. “Estamos seleccionando los indicadores y desde nuestro centro gestionaremos las bases de datos que se creen, los analizaremos, codificaremos y almacenaremos para que los puedan consultar los científicos”, comenta José Luis Peñalvo, director del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), que destaca que el estudio “es pionero y muy ambicioso”.

En su opinión, cuando haya muestras “se podrán medir exposiciones ambientales generales y mapear zonas donde los niveles de exposición a ciertas sustancias son más altas, para luego investigar de dónde vienen o saber si afectan a poblaciones vulnerables”. Así, “será una base científica sólida y objetiva para generar políticas preventivas de los niveles de salud”, de forma complementaria a las Encuestas Nacionales de Salud.

Tanto las muestras como las encuestas serán anonimizadas, aunque si en algún caso se detecta una sustancia peligrosa inusualmente alta se aconsejará al ciudadano (siempre que dé permiso) que acuda a su médico. “Dirigí un programa de biomonitorización de adolescentes con el ISCIII y en Cádiz encontramos altos niveles de mercurio por el consumo de atún”, cuenta Motas. “Sin embargo, había también un caso en Albacete que no venía del pescado. Con permiso de la familia, fuimos a entrevistarlos y, al final, entramos en la habitación del niño, que tenía una colección de minerales que incluía cinabrio, que tiene mercurio. Le dijimos que lo sacaran de la habitación y en poco tiempo le bajaron los niveles de ese metal”, prosigue.

Los resultados tardarán, al menos, dos años. A partir de ahí, las administraciones públicas contará con datos científicos para tomar medidas. “El bisfenol A se ha prohibido en determinados alimentos y recipientes plásticos, pero estamos ya buscando el bisfenol F y Z, que son los sustitutos que la industria está usando”, dice Motas. Y añade: “También podremos dar recomendaciones. Por ejemplo, yo aconsejaría sacar de la cocina todos los materiales de plástico negro (espátulas, cubiertos), porque se hacen con elementos reciclados pero no se les han quitado los perfluorados, que son disruptores endocrinos”.

Argelia Castaño resume: “Esperamos que este trabajo pionero nos ofrezca una foto de cómo los españoles estamos expuestos a los contaminantes. Habrá unos que nos afecten más que otros, quizá salgan sorpresas. En cualquier caso, se trata de ayudar a las administraciones para que sean capaces de ajustar mejor las políticas de control de productos químicos”.