Los activistas climáticos de Futuro Vegetal declaran ante la juez: “No somos una organización criminal”

Dos activistas climáticos de Futuro Vegetal han sido los primeros en declarar este martes ante la juez que los investiga por organización criminal tras un informe de la Policía Nacional. “No somos una organización criminal”, han señalado, según afirma a EL PAÍS su abogado, Enrique Flores. El resto de vistas previstas se han suspendido, a la espera de que avance el procedimiento, que por ahora continúa en fase de instrucción. Mientras, en Reino Unido, los jueces acaban de mandar a prisión a las dos jóvenes que lanzaron sopa de tomate a Los Girasoles en Londres en protesta por el uso de combustibles fósiles, que impulsan la emergencia climática.

Futuro Vegetal es un colectivo de desobediencia civil que ha llevado las protestas ecologistas un paso más allá: sus miembros han logrado repercusión con acciones como pegarse a ‘las majas’ de Goya en el Museo del Prado, cortar parte de la M-30 de Madrid o una etapa de la Vuelta a España. Son protestas disruptivas e inesperadas que generan incomodidad, aunque, en general, no dañan el patrimonio. Piden eliminar las subvenciones a la industria cárnica y dejar de invertir en combustibles fósiles.

La Policía Nacional los ha investigado durante meses —en la denominada operación Spora— y, a finales de 2023, acusó a 25 de las personas que han participado en protestas de formar parte de una “organización criminal”. Fruto de esas pesquisas, el juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid ha empezado este martes a tomarles declaración. “Hoy han declarado un chico y una chica ante la jueza. Han negado la acusación de la Policía y se han defendido. La Fiscalía estaba presente. Las demás declaraciones previstas se han suspendido”, explica Enrique Flores, abogado de estas dos personas.

También estaban presentes en el juzgado Eduardo Gómez y Daniel Amelang, letrados de otros investigados. El primero apunta: “Esta era una primera tanda, entendemos que citarán a declarar a todos los acusados, aunque todavía no hay fecha”. Amelang añade: “No vemos margen para que la causa pueda seguir adelante, confiamos en que tras la investigación la jueza llegue a la misma conclusión y la archive”.

Una de las investigadas es Victòria Domingo, que no estaba citada este martes y habla en nombre de Futuro Vegetal: “No somos criminales, sino activistas climáticos, y lo que queremos es luchar por la vida. No nos lucramos, sino que gastamos tiempo y dinero en nuestras protestas”. En su opinión, “lo que está haciendo la policía es ilegal, tres agentes se han infiltrado en nuestro movimiento y están intentando desmontar el colectivo”. Y añade: “Lo único que quieren hacer es callarnos y que dejemos de ejercer nuestro derecho a la protesta”.

Otro grupo de 15 investigados no se consideran miembros de Futuro Vegetal, sino activistas que han participado en alguna acción del colectivo. Por eso, han lanzado la campaña antirrepresiva Absolución Caso Spora para exigir a la Justicia “la absolución de los cargos de pertenencia a organización criminal” y, a la sociedad, “que no permita el retroceso en los derechos humanos”.

A los juzgados de la plaza de Castilla han acudido este martes miembros de la ONG Amnistía Internacional para mostrar su apoyo a los activistas climáticos. “La instrumentalización y aplicación inadecuada de cargos relacionados con la delincuencia organizada contra activistas que participan en actos pacíficos no respeta el principio de proporcionalidad ante actos pacíficos de desobediencia civil”, dice Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional en España. “La presentación de estos cargos contra participantes en acciones de desobediencia civil puede constituir una limitación indebida de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión, y generar un efecto disuasorio y desmovilizador”, prosigue.

Este miércoles, varios de los miembros de Futuro Vegetal se concentrarán ante el Congreso de los Diputados como paso previo a la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) a la que está previsto que se sumen grupos como Podemos, Bildu y Sumar “para exigir que se derogue la ley mordaza y se deje de criminalizar al movimiento ecologista”, apunta Domingo.

Represión al activismo climático

En los últimos meses, la represión contra el activismo climático ha avanzando en toda Europa, con acusaciones cada vez más graves en Alemania, Italia y Francia y cambios legislativos para disuadir a los jóvenes de realizar este tipo de protestas. De hecho, dos activistas de Just Stop Oil acaban de ser encarceladas en Reino Unido por arrojar sopa sobre el cuadro Los Girasoles de Vincent van Gogh. Según la acusación, ambas estuvieron a punto de destruir la obra maestra, aunque se encontraba cubierta por un cristal.

Phoebe Plummer, de 23 años, y Anna Holland, de 22, ya habían sido condenadas por daños criminales después de verter el contenido de dos latas de sopa de tomate sobre el famoso cuadro de 1888 que alberga la Galería Nacional de Londres. Además, las activistas se pegaron al marco del cuadro. Según el museo, la pareja causó daños por valor de unas 10.000 libras (casi 12.000 euros) al marco dorado de la pintura cubierta de vidrio en su reivindicación, en octubre de 2022. Los jueces han sentenciado ahora a Plummer a dos años de cárcel, mientras que Holland tendrá que cumplir 20 meses. No es el único caso en el país, donde varios activistas climáticos cumplen penas de prisión por este tipo de protestas.