La UE abandonará el Tratado de la Carta de la Energía

La Unión Europea va a dejar de formar parte del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), ampliamente considerado una rémora de la era postsoviética. El Parlamento Europeo ha dado este miércoles su visto bueno a la propuesta ya aprobada en marzo por los Estados miembros de salir de forma “coordinada” del acuerdo. Valida así de manera definitiva una iniciativa planteada por Bruselas el año pasado ante la evidencia de que cada vez más países, entre ellos España, querían abandonar un pacto de finales de la Guerra Fría que buscaba proteger inversiones energéticas, pero al que se le achaca haber blindado al sector de los combustibles fósiles en detrimento de las renovables, obstaculizando así el cumplimiento de los objetivos medioambientales de la UE y lastrando a los gobiernos con demandas multimillonarias.

La votación en la Eurocámara, que solo tenía que decir sí o no a la iniciativa, sin capacidad de modificarla, ha sido masiva: 560 votos a favor, frente a solo 43 en contra y 27 abstenciones. La aprobación por parte de los eurodiputados era un requisito indispensable para dar este paso, que ahora solo requerirá una ratificación formal del Consejo (los Estados) para poder entrar en vigor.

El “obsoleto” pacto, como lo definió la propia Comisión Europea al plantear su salida, entró en vigor en 1998 para proteger las inversiones de las compañías energéticas occidentales en los países exsoviéticos, que en aquellos momentos ofrecían interesantes posibilidades de negocio, sobre todo en materia de combustibles fósiles. Pero el TCE, que está ratificado por más de medio centenar de Estados, por la propia UE y por Euratom (el organismo público europeo encargado de coordinar los programas de investigación sobre energía nuclear), ha acabado convirtiéndose en un lastre para la transición energética. “Seguir siendo una parte contratante del actual TCE, que no ha sido modernizado, no es ya una opción para la UE o sus Estados miembros, dado que el tratado no está en línea con la política y legislación de inversión europea, ni con los objetivos climáticos y energéticos de la UE”, constató el Ejecutivo europeo al proponer la salida.

“Por fin este tratado dinosaurio dejará de estar en el camino de una protección del medio ambiente consistente, ya que no tendremos que temer demandas de las corporaciones que reclaman miles de millones de euros”, ha declarado tras la votación la ponente de la medida, la alemana Anna Cavazzini (Los Verdes), quien tras conocer el masivo voto no pudo evitar un salto de alegría en su escaño en el hemiciclo.

Tal como recordaba durante el debate previo a la votación la eurodiputada socialista Inma Rodríguez-Piñeiro, ponente en la sombra de la propuesta para salir del TCE, actualmente hay 35.000 millones de dólares pendientes en litigios debido a este sistema de protección de inversores basado en un arbitraje privado que permite a los inversores demandar a los gobiernos por la eliminación de combustibles fósiles.

Según la evaluación de la Eurocámara, “casos recientes demuestran que el TCE no solo obstaculiza la acción por el clima, sino también la capacidad de los Estados para gestionar la crisis y la transición energéticas”. Señala al respecto demandas como las de las empresas del carbón alemanas RWE y Uniper en 2021, que reclamaron 2.400 millones de euros por daños y perjuicios al Gobierno holandés por haber fijado 2030 como fecha para la eliminación progresiva del carbón. En 2022, Italia fue condenada a pagar a la empresa petrolera británica Rockhopper 250 millones de euros de indemnización por prohibir proyectos de explotación petrolífera frente a sus costas, práctica denunciada por las comunidades costeras italianas. Y tan recientemente como en noviembre de 2023, la petrolera Klesch Group Holdings Limited llevó a los tribunales a la UE, Alemania y Dinamarca, a los que reclama al menos 95 millones de euros por haber introducido impuestos sobre beneficios extraordinarios de las energéticas (los beneficios “caídos del cielo”) aprobados por la UE para limitar el impacto económico de los altos precios de la energía.

Sobre todo a mes y medio de las elecciones europeas, hay que ser “coherentes” y “tenemos que decir no a los obstáculos para la lucha contra el cambio climático y los objetivos del Acuerdo de París”, instó Rodríguez-Piñeiro en su alocución.

España anunció en octubre de 2022 su intención de abandonar el TCE, al igual que hicieron, casi de forma simultánea, otra decena de países de la UE. “Once Estados miembros (Alemania, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia y Portugal) y el Reino Unido, que representan más del 70% de la población europea, ya han decidido abandonar el TCE. La retirada de la Unión es el siguiente paso lógico”, argumentaba al respecto el Parlamento Europeo. Países como Alemania, Francia o Polonia ya han formalizado el paso, que dio también Italia en 2016. El resto de los países, entre ellos España, decidieron finalmente esperar a la salida a la Comisión, que acabó proponiendo en julio del año pasado “que la UE, sus Estados miembros y Euratom se retiren del TCE de una manera coordinada y ordenada”, para “garantizar el trato equitativo de inversores en la UE y más allá”.

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