La lucha de las ciudades contra las cacas de perro: análisis de ADN y agentes especializados

Que a nadie le extrañe observar por su ciudad a varias personas, incluido un policía local, alrededor de un excremento de un perro abandonado en la calle tomando una muestra con un bastoncito. Algún ciudadano no lo ha recogido y se va a realizar un análisis de ADN para intentar localizar al infractor. En Málaga, con casi 600.000 habitantes y 59.000 perros, se utiliza este sistema desde 2017 para acabar con las cacas abandonadas. No es el único método. El Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), de 25.000 habitantes y 7.000 perros, ha anunciado la creación de una plaza de agente medioambiental para vigilar a estos infractores, entre otras funciones. Brunete, otro pueblo madrileño, llegó a devolver hace años las heces de sus perros a los vecinos. Un operario municipal llamaba a su puerta y les entregaba amablemente un paquete. Dentro se encontraba el regalo. La lucha contra los excrementos de los canes en las calles y parques de las ciudades se está sofisticando, y las multas crecen hasta los 3.000 euros.

Se calcula que en España viven más de nueve millones de perros y, aunque se ha mejorado con sucesivas campañas de concienciación, las ciudades no han dado todavía con la tecla de cómo poner fin al comportamiento incívico de ciertos vecinos que no recogen las heces ni limpian la orina de edificios, farolas y demás mobiliario urbano. “Se trata de atajar un problema de convivencia, además de sanitario y ambiental; se llegan a encontrar cacas hasta en los areneros donde juegan los niños”, explica José Vicente Pérez, concejal de Medio Ambiente de Alcalá de Henares (Madrid), municipio de 200.000 habitantes y aproximadamente 15.000 perros, que se sumó al sistema de análisis genético utilizado en Málaga en octubre del año pasado. Desde entonces, han llevado a cabo ocho controles, en los que han conseguido determinar en 20 casos de quién es el perro a través del ADN, que se guarda en un registro municipal. Las sanciones oscilan entre los 600 y 3.000 euros, dependiendo de la gravedad. “Aunque el fin no es recaudatorio, sino de sensibilización”, aclara el edil.

En Málaga se han dado de alta en el censo 50.226 perros, el 85% del total, y se habían impuesto 3.291 sanciones hasta el 31 de diciembre del año pasado, según datos oficiales. Esta cifra incluye la localización de los dueños de las mascotas por el análisis del ADN, las actas de la Policía Local cuando se pilla a alguien in fraganti y las denuncias por no haber incorporado al perro al censo genético. “Vamos comprobando que existe una mayor concienciación ciudadana, en la que también influye la colaboración de los veterinarios, que recuerdan la necesidad de la doble identificación [microchip y ADN]”, indican fuentes del consistorio malagueño.

Para que el sistema funcione es imprescindible que todos los canes se encuentren identificados con su ADN en un registro municipal. Los vecinos deben acudir con ellos al veterinario donde se les toma una muestra de saliva a partir de la que se realiza un análisis genético, que engrosará las filas de los perros fichados. Es un paso obligatorio, indica la ordenanza municipal, que prevé sanciones en caso de no hacerlo. El proceso cuesta 36 euros y el Ayuntamiento de Alcalá ha ayudado con 30 euros a los vecinos.

El sistema también pretende mejorar el bienestar animal al suponer un doble control sobre los canes y contribuir a que existan menos abandonos. La identificación de los perros es obligatoria en España, aunque el sistema utilizado puede variar. Lo más habitual es que porten un microchip identificativo ―con los datos de contacto de la persona responsable― pero esta norma no siempre se cumple y solo el 34,3% de los perros recogidos en las protectoras lo tienen implantado, según un estudio de la Fundación Affinity. El concejal complutense explica que: “Si un perro está registrado en el censo genético de un Ayuntamiento y tiene una camada [todavía sin microchip] que el dueño no desea y abandona, los datos de ADN del progenitor se pueden utilizar para encontrar al propietario”. También es útil en el caso de perros a los que se haya quitado el microchip.

Una vez que el animal cuenta con la correspondiente ficha genética, se entrega al dueño una chapa con un código QR que el perro debe llevar en el collar, además de un carné que demuestra la inscripción. De momento, han logrado que se den de alta unos 9.000 perros, el 60% del total. Al Ayuntamiento de Alcalá de Henares el método le está resultando “una herramienta eficaz, porque estamos notando un descenso de eyecciones en la calle”.

Enrique Perigüel, CEO de la empresa ADN Canino, asegura que ya cuentan con unos 90 municipios adheridos al procedimiento de reconocimiento por ADN, con más de 150.000 perros. Para calcular la cantidad de deposiciones que acaban repartidas por las calles, realizan este cálculo: “suponemos que el 90% de los propietarios las recogen y que solo un 10% no lo hace, eso implica que los dueños de 15.000 perros de los que tenemos en nuestros registros las dejan en la calle. Si hacen caca dos veces al día, eso son 30.000 al año”. La empresa compara el ADN de las heces con la base de datos completa, por lo que aparecen sorpresas como un excremento que se encontró en Benalmádena (Málaga) cuyos datos genéticos están recogidos en Paterna (Valencia), donde vive el can.

Otros municipios prefieren opciones diferentes. El Ayuntamiento de Torrelodones, por ejemplo, ha anunciado la convocatoria de unas oposiciones para contratar a un agente medioambiental que tendrá el cometido, entre otros, de vigilar que las deyecciones no se dejan en la calle. “Tenemos vecinos cívicos, pero todavía hay personas que no cumplen las ordenanzas y se reciben muchas quejas”, explican fuentes municipales. Han logrado que los excrementos desaparezcan del centro del pueblo, pero el problema persiste en las urbanizaciones, que son muy numerosas. Hasta que se cree la plaza para el nuevo agente, el consistorio ha iniciado una campaña y los torresanos están recibiendo una carta donde se les explica que las sanciones pueden alcanzar los 3.000 euros.

El Ayuntamiento de Dénia (Alicante) ha valorado en su última intentona de concienciación ciudadana lo que cuesta reponer mobiliario urbano estropeado por el pis de los canes: un banco son 444 euros; una farola, 441 euros; una papelera, 185; y un bolardo, 72. Zaragoza, con un censo de 55.000 perros, también ha optado por aludir al coste del incívico comportamiento en 2023 en la campaña bajo el lema ‘Nos gusta tu perro, sus cacas no. ¡Recógelas!’. Cada año se recogen en la ciudad más de 13.000 kilos de defecaciones caninas, lo que supone casi 500.000 euros de gasto anual solo para este tipo de limpiezas, que incluye el mantenimiento de las papeleras donde se tiran estos desechos.

En grandes ciudades como Madrid, con más de 280.000 perros registrados, o Barcelona, no hay ninguna medida en marcha más allá de la obligatoriedad de recoger las deposiciones bajo multa si no se cumple y la recomendación de diluir los orines “con una pequeña botella de agua con unas gotas de vinagre”. Tampoco se puede recurrir a la excusa de que los excrementos son abono y tienen propiedades fertilizantes, porque es un falso mito: “pueden, incluso, resultar tóxicos para las plantas”, advierten las recomendaciones municipales madrileñas.

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