La transición ecológica en el mundo rural: test de estrés para la democracia

La ultraderecha es muy eficaz detectando las brechas del momento para colarse por ellas. De ahí que en las negociaciones para formar los gobiernos de las comunidades autónomas Vox tenga claras sus prioridades y, de forma análoga a lo que hacen sus partidos hermanos en otros países de nuestro entorno, ya ha situado en el mundo rural uno de sus objetivos.

Conocedores del sentimiento de abandono que opera en estos territorios y de la sensación de incertidumbre, cuando no miedo, que provocan las políticas ambientales y la transición ecológica, Vox se ofrece como el defensor de las esencias, de las costumbres y del mantenimiento de los modos de vida tradicionales.

La economía rural está siendo, sin duda, especialmente afectada por la crisis climática. Analizar los efectos acumulando evidencia científica y poner en marcha políticas ambiciosas es la mejor manera de proteger su economía y su forma de vida. Se comprueba de forma clara en el Mar Menor: ¿qué mejor forma había de desarrollar la zona que protegiendo la laguna? Sin embargo, políticas económicas desarrollistas ya caducas y una ceguera incomprensible acabaron arruinando un territorio llamado a la prosperidad. Un camino similar lleva Doñana y otros tantos espacios.

Por contra, la ultraderecha española niega las evidencias de los efectos que las sequías, cada vez más recurrentes y extremas como consecuencia de la crisis climática, provocan sobre la agricultura y la ganadería, al igual que obvia los problemas que el incremento de la temperatura del agua está acarreando sobre la pesca y el marisqueo.

En este contexto de cambios, incertidumbre y miedo que genera la crisis climática y la transición ecológica, el mundo rural se está sintiendo especialmente vulnerable. Según el Observatorio sobre percepción de la transición justa en España 2022-2023 elaborado por Red to Red con el apoyo de la Fundación Cepsa, la percepción que la población española tiene sobre la transición ecológica varía de forma notable en función del tamaño del municipio, en lo que se intuye ya como una brecha territorial. Así, mientras la población residente en municipios de más de un millón de habitantes es la más esperanzada con esta transición, la residente en los municipios rurales dice sentirse impotente, disgustada e indignada. Son, además, los que se sienten más ninguneados y menos escuchados. Sobre estos sentimientos cabalga la ultraderecha en toda Europa.

La forma como se afronta la transición es fundamental. Como empiezan a mostrar ya estudios empíricos recientes como el elaborado por Bolet, Green y Gonzalez-Eguino (2023) sobre municipios de las cuencas mineras de Asturias, León y Aragón, en las zonas donde la transición ecológica ha supuesto cierre de empresas y desmantelamiento de sectores económicos como la minería, se vive de forma radicalmente distinta en función de si ha habido o no procesos de transición justa. Donde así ha sido, el proceso, que podría intuirse perjudicial para sus promotores, se ha traducido en un apoyo a las estrategias de transición, llegando a reflejarse también en apoyo electoral a los partidos proponentes, en este caso, al PSOE como impulsor de los procesos desde el Instituto de Transición Justa integrado en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La transición ecológica no sólo es irrenunciable sino que necesita más velocidad y ambición. De ahí la importancia de articular mecanismos de participación y transición justa para que los cambios profundos que implica puedan llevarse a cabo sin erosionar o acabar con la democracia.

Cristina Monge es politóloga y experta en cambio climático.

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