La Guardia Civil sorprende a unos chatarreros que desmantelaban ilegalmente una fábrica llena de amianto en Alicante
Hay 12 personas investigadas por los delitos de robo con fuerza, daños y contra el medio ambiente, y otros dos por receptación de material robado
Durante al menos un mes, una cuadrilla de chatarreros se desplazó cada mañana a las instalaciones abandonadas de una fábrica de cerámica situada en el barrio alicantino de Rabasa. Poco a poco, fueron desmantelando todas las vigas y cualquier otro tipo de elemento que estuviera confeccionado con hierro, hasta acumular al menos 450 toneladas que vendieron en dos comercios de compra de materiales usados. Durante este proceso, arrasaron también con unas cien toneladas de fibrocemento con amianto, el material altamente nocivo con el que se construyeron las naves industriales, que posteriormente vertían sin control a pocos metros de unas lagunas cercanas.
El pasado mes de marzo, una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil visitó de oficio estas instalaciones y abrió un expediente que ha concluido con doce personas investigadas por los delitos de robo con fuerza y daños y otro contra el medio ambiente. A otras dos personas se les atribuye el delito de receptación de material robado.
El derribo sin control de las naves industriales, enclavadas entre el cuartel del Mando de Operaciones Especiales del Ejército, las lagunas de Rabasa y el campus de la Universidad de Alicante, activó las sospechas de la patrulla del Seprona. Tras visitar las instalaciones, comprobaron que un grupo de personas utilizaba maquinaria y herramientas profesionales para demoler la estructura y acaparar todo aquello con lo que posteriormente pudieran comerciar.
Los agentes identificaron a varias de las personas que trabajaban sin permiso en el interior de la fábrica, inactiva desde hace casi una década, y localizaron al propietario, al que informaron de la situación y que, según confirman fuentes cercanas a la investigación, ha interpuesto una denuncia por estos hechos. El cierre de la fábrica, según contaron los propietarios en su momento, se debió al proyecto por el que el empresario local de la construcción Enrique Ortiz pretendía instalar en los terrenos de Rabasa una sucursal de Ikea, un plan que fue finalmente tumbado por los tribunales.
Además de los presuntos delitos que se pudieran estar cometiendo, a los agentes del Seprona les preocupó especialmente la manipulación y vertido de fibrocemento con amianto sin emplear los métodos adecuados. La inhalación de fibras de amianto (también conocido como asbesto) puede generar problemas pulmonares e incluso cáncer de pulmón, una enfermedad con una elevada mortalidad.
Los hechos han tenido lugar en el entorno de las lagunas de Rabasa. Según Miguel Ángel Pavón, portavoz de la asociación ecologista Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, dos de las cuatro lagunas están amparadas por el plan general de Alicante desde 1987, como paraje natural, y el conjunto del humedal se ha incluido, junto a su entorno, en el Catálogo de Protecciones municipal.
Residuos no autorizados
Desde la consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, que no cataloga estas lagunas con ninguna protección específica al tratarse de balsas artificiales de antiguas canteras, señalan que cualquier “residuo vertido en espacios no autorizados y bajo ningún control genera problemas de residuos y daño al ecosistema”, aunque el amianto afecta, principalmente, “a la salud humana”, subrayan.
“La retirada y gestión del amianto”, recuerdan fuentes de la Guardia Civil, “debe ser realizada por personal expresamente habilitado”. Las empresas que cuentan con este permiso deben estar “inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA)” y respetan una estricta seguridad en la manipulación de estos residuos, ya que su exposición “tiene la capacidad de provocar enfermedades pulmonares graves, además de otras de laringe e intestinales”. Por este motivo, el Seprona ha enviado muestras del cemento derruido al Laboratorio de Medio Ambiente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que determinará “la tipología y cantidad de amianto presente” en las infraestructuras derribadas.
En las diligencias, que ya han sido remitidas a los juzgados de Alicante, los agentes incluyen como investigados a catorce personas, trece hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 22 y los 40 años, todos de nacionalidad española y algunos de ellos con numerosos antecedentes por delitos similares contra el patrimonio, informan los investigadores. Dos de ellos son propietarios de comercios de compra de material, en cuyas instalaciones los agentes han detectado 10,5 toneladas de hierro procedente de las naves desmanteladas.
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