Bruselas reitera que el plan de regadíos del PP y Vox en Doñana puede “infringir” las leyes medioambientales europeas

La alarma de Bruselas ante la posibilidad de que la proposición de ley del PP y Vox para regularizar los regadíos en el entorno de Doñana no baja. El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha advertido este jueves por escrito de que la normativa andaluza, tal como ha sido presentada, podría “infringir” la legislación europea en materia de protección medioambiental y reitera que, en tanto “guardián de los tratados”, el Ejecutivo europeo podría emplear “todos los medios posibles”. Es decir, llegar incluso a solicitar fuertes multas si los planes siguen adelante. Una respuesta contundente a una pregunta de eurodiputados socialistas que, según estos, el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla debería tomarse como un “aviso final” para que “desista” de la iniciativa legislativa.

“Los servicios de la Comisión han advertido de que, si es aprobada en los términos en que ha sido anunciada, la proposición de ley [andaluza] podría infringir la legislación medioambiental de la UE”, escribe Sinkevicius en su respuesta escrita a una pregunta “prioritaria” que enviaron los eurodiputados socialistas César Luena y Javi López el 17 de marzo consultando sobre si Bruselas estaba al tanto del “intento unilateral de regularizar la irrigación ilegal” por parte del Gobierno andaluz. “En ese caso —continúa la respuesta del comisario—, como guardián de los tratados, la Comisión consideraría el uso de todos los medios disponibles bajo dichos tratados para garantizar que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sin demora”, agrega en referencia a la sentencia de 2021 en la que los jueces de Luxemburgo condenaron a España por incumplimiento de “las obligaciones que le incumben” en materia de protección del humedal de Doñana.

La respuesta de Sinkevicius a los eurodiputados llega dos días después de que el comisario se reuniera durante casi una hora con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Estocolmo, para tratar la situación de Doñana. Su contestación es similar a la que han venido dando diversos portavoces de la Comisión desde que el Parlamento andaluz iniciara, la semana pasada, la tramitación exprés de la normativa, pese a las advertencias del Gobierno central, de los científicos y de la propia Comisión Europea.

Bruselas tiene abierto un expediente contra España desde hace años por la falta de control sobre el agua que se extrae del acuífero del que se nutre este espacio y un potente sector agrícola y varios núcleos de población de la provincia de Huelva. Y, tras las primeras noticias sobre la proposición del PP, la Comisión ya mandó un aviso, a mediados de marzo, a través de otra carta en la que dejaba abierta la posibilidad de reactivar ese expediente y denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. En esa misiva, la directora general de Medio Ambiente y autora de la misiva, Florika Fink-Hooijer, advertía de que la nueva iniciativa legislativa andaluza supondría “una violación flagrante de lo dispuesto” en la sentencia del TJUE y advertía de que podría volver al tribunal para solicitar sanciones económicas contra España.

En ese escrito, la Comisión urgió al Gobierno de España a que le diera explicaciones, y el plazo para contestar acababa este jueves. Ribera ha confirmado hoy que ya se ha mandado esa contestación sobre un problema en el que las competencias son compartidas: el Estado tiene las de agua y la Junta las de ordenación del territorio y agrícolas. La vicepresidenta tercera ha explicado que en el escrito se detalla que su departamento ha aprobado un plan hidrológico de cuenca que contempla medidas para eliminar los pozos que pinchan el acuífero para extraer agua y que se han cerrado alrededor de 500 captaciones legales. El Gobierno, que es el único interlocutor con Bruselas, también incluye las explicaciones de la Junta de Andalucía. Según Ribera, el Gobierno regional se limita a decir que la proposición de ley de regadíos no afecta al parque y que es fruto de una iniciativa del Parlamento, es decir, no de la Junta. El PP, que gobierna en la Junta, también tiene la mayoría en el Parlamento regional.

Un portavoz de la Comisión ha indicado poco después que el Ejecutivo comunitario analizará la nueva respuesta y ha reiterado que “tomará cualquier nuevo paso que sea necesario”. Bruselas no tiene un plazo límite para estudiar las respuestas españolas y también puede optar, antes de recurrir de nuevo al TJUE para reclamar sanciones, por pedir más explicaciones. En cualquier caso, el portavoz ha recordado que en la Comisión no hay duda alguna acerca de la existencia de “evidencias científicas y técnicas muy sólidas sobre los efectos adversos de la sobreexplotación de las aguas subterráneas de Doñana”.

Ribera ha insistido al respecto también en que, en este caso, no hay ningún “fantasma” detrás de la oposición que ha levantado la proposición de ley en ámbitos científicos, políticos, ecologistas y de la UE. “Monitorizan perfectamente lo que hacemos en Doñana”, ha señalado la vicepresidenta en relación a Bruselas. “La Comisión entiende lo que está ocurriendo y lo considera radicalmente incompatible con la protección de Doñana”, ha advertido.

Aviso “contundente”

Para el eurodiputado socialista César Luena, que tramitó el mes pasado la “pregunta prioritaria” a la Comisión que este jueves ha sido respondida, la respuesta de Bruselas constituye un aviso “contundente” que el Gobierno de Moreno Bonilla no debería desoír. “La respuesta es el aviso final, definitivo, serio, al Gobierno andaluz del PP con apoyo de Vox para que desista de esta deriva, porque no tiene ningún fundamento y que tiene de alguna forma un interés electoral”, ha reaccionado Luena a este diario desde Estrasburgo, donde asiste a las sesiones de la Eurocámara esta semana. Según el también vicepresidente de la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, con la respuesta del comisario “no le queda otra al Gobierno andaluz que recular”. Además, subraya Luena, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “debería tomar nota” como máximo responsable de la formación conservadora. “Le gusta hacer el avestruz, pero tiene que tomar nota (...) tiene que responder y tiene que mandar parar esa locura”, ha reclamado.

La batalla por Doñana se ha trasladado en las últimas semanas también a Bruselas —y a Estrasburgo—, donde los grupos políticos se movilizaron para forzar una respuesta de la Comisión. Mientras que IU ha pedido medidas cautelares, el grupo Socialistas y Demócratas (S&D), que preside la española Iratxe García, ha solicitado sendas entrevistas con Sinkevicius y con el vicepresidente de la Comisión responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans. Fuentes socialistas esperan que las reuniones puedan tener lugar la semana que viene. Según fuentes comunitarias, lo más probable es que al menos Timmermans reciba a García el jueves o viernes, aunque la agenda no está aún cerrada del todo.

Ante el revuelo y las advertencias continuadas de la Comisión, también el PP se ha movilizado. En el mismo día en que Ribera trataba el asunto de Doñana con el comisario de Medio Ambiente en Estocolmo, el Partido Popular Europeo, en el que se engloban los conservadores españoles en Bruselas, también pidió por carta una entrevista con Sinkevicius y Timmermans para aclarar una polémica que achacan a “intereses partidistas”. La misiva, firmada por los eurodiputados populares Dolors Montserrat y Juan Ignacio Zoido, así como por el líder de los conservadores europeos, el alemán Manfred Weber, sostiene que la proposición de ley andaluza “no perjudica al parque andaluz, sino que lo protege”. Desde Madrid, la ministra Ribera ha confiado en que las reuniones que el PP europeo y de la Junta mantendrán con los representantes de la Comisaría de Medio Ambiente europea “hagan recapacitar” al Gobierno andaluz. “Espero que el señor Feijóo ponga orden en su partido”, ha remachado Ribera.

Los socialistas europeos han anunciado además su intención de organizar una visita de eurodiputados a Doñana para conocer la situación sobre el terreno. Un viaje para el que, según Luena, ya han manifestado su interés parlamentarios de diversas nacionalidades de los grupos de la Izquierda, Verdes, Liberales y los propios socialdemócratas, pero que no se llevará a cabo hasta que hayan pasado las elecciones autonómicas.

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