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Condenado a nueve meses de prisión un hombre por ahorcar a su perro

‘Simba’, un labrador, fue hallado colgado de una viga en un cortijo en ruinas de Jódar, en Jaén, en 2020

Perro en un refugio de animales esperando para su adopción.
Perro en un refugio de animales esperando para su adopción.Andrii Savchenko (Getty Images/iStockphoto)
Esther Sánchez

La Asociación Galgos del Sur ha conseguido que la muerte por ahorcamiento de Simba, un labrador retriever de color negro, no quede impune. El Juzgado número dos de lo penal de Jaén considera probado que su propietario lo ahorcó en un cortijo en ruinas en Jódar (Jaén) y le ha condenado a nueve meses de prisión y a tres años de inhabilitación especial para la tenencia de animales y el ejercicio de profesión, oficio o comercio con ellos.

La sentencia describe cómo el acusado, propietario de Simba, se dirigió con él a un cortijo semi derruido, situado en el paraje del Portillo de la localidad de Jódar (Jaén) en una fecha indeterminada de octubre de 2020. Allí, “guiado por el ánimo de ocasionarle la muerte, ató una cuerda al cuello del animal y a una viga para ahorcarlo, suspendiéndole del cuello, hasta que el perro falleció”. Con el fin de ocultar el delito, el propietario del can lo dio de baja el 26 de octubre de 2020, alegando que había fallecido por accidente, “a sabiendas de su falsedad”, concreta la sentencia.

Los hechos se remontan al pasado 10 de noviembre de 2020, cuando las protectoras Galgos del Sur y Magina Animal avisaron a la Guardia Civil del hallazgo de un perro muerto colgado de una viga. El Juzgado de Instrucción número 3 de Úbeda archivó la causa al considerar que no existían suficientes indicios de delito. Galgos del Sur no se rindió y presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial en el que incluyó “múltiples pruebas, indicios y contradicciones en los interrogatorios practicados en sede judicial”. Finalmente, la Audiencia Provincial reabrió el caso hace un año y medio.

“El acusado arguyó primero que el perro había sufrido un accidente y que lo había buscado durante cuatro o cinco días, que luego pasaron a ser 20″, relata Dulce Aguilera, abogada de Galgos del Sur, del despacho jurídico Justicia, Animales & Medio Ambiente. También levantó sospechas que reconociera al animal de forma inmediata ante el Seprona con solo ver las fotos del perro ahorcado en una red social. “Es imposible reconocer al animal en esa mancha oscura, a no ser por el lugar donde está tomada la imagen; perros negros hay mil”. Incluso fue a visitar a la persona que encontró el cadáver.

El dueño de Simba negó su culpabilidad durante todo el procedimiento hasta que confesó en el juicio, aunque no ha explicado la razón por la que tomó la terrible decisión de ahorcar al animal. El perro no estaba inscrito como perro de caza, y no hay ningún indicio de que se utilizara para ello. La Asociación Galgos del Sur, que recoge cada año unos 400 galgos y podencos abandonados por cazadores, se siente “satisfecha” con la sentencia. Sobre todo, porque “sacar adelante un procedimiento penal de maltrato animal es tremendamente complicado, no solo por las pruebas, sino porque implica mucho esfuerzo y desembolso económico para unas asociaciones pequeñas y sin ánimo de lucro”, aclara Aguilera. Muchas acaban desistiendo.

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De ahí la importancia de que Galgos del Sur se personara como acusación particular. En otro caso, la muerte de Simba “se habría archivado y olvidado, como pasa en la gran mayoría de los procedimientos penales por maltrato animal y donde la acusación la realiza el fiscal”, comenta. La importancia de las acusaciones populares y particulares en este tipo de procedimientos radica en que se convierten prácticamente en garantes de que el proceso penal continúe. Un trabajo que realizan por “Simba y tantos como ella que perdieron su vida de forma injusta y cruel”, concluye la asociación en un comunicado.

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Sobre la firma

Esther Sánchez
Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.

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