Amenazas, agresiones e intentos de homicidio, la arriesgada vida del veterinario: “Si me cierras el matadero, te mato”

La perra sufrió un parto complicado y el veterinario ecuatoriano afincado en Palma Diomeres Sánchez tuvo que ejecutar una delicada operación. Sucedió en enero de 2021. Unos días después, el propietario del animal regresó enfurecido a la clínica porque algunas heridas no cicatrizaban bien. Lo amenazó con matarlo a él y a su familia, lo zarandeó y le dio un manotazo. “Intenté zafarme, incluso corrí para refugiarme en una farmacia”, relata al otro lado del teléfono. Sánchez acudió a los tribunales, que le dieron la razón y condenaron al hombre a una multa. Era la segunda agresión que sufría, la primera ocurrió en 2010 y requirió asistencia hospitalaria.

No es el único veterinario que ha sufrido un episodio violento de este tipo. La preocupación entre estos profesionales ha ido creciendo tanto que la Organización Colegial Veterinaria (OCV) acordó con la policía el año pasado incluir a estos profesionales en el protocolo policial existente desde 2017 para agresiones a sanitarios, en la que solo se contemplaba a médicos, enfermeros y auxiliares. “Es un fenómeno que viene de lejos, pero quizá tenga un mayor eco en los últimos años”, destaca Luis Alberto Calvo Sáez, presidente de (OCV).

El punto de inflexión en mente de casi todos los miembros del sector es el ataque sufrido por un compañero de la Oficina Comarcal Agraria de Pozoblanco (Córdoba) en 2016 que denunció haber sido empujado por unas escaleras y haber recibido una paliza atroz que incluyó un puñetazo en el oído. Los agresores eran dos hermanos ganaderos cuya explotación estaba bajo amenaza de cierre por la inspección de la que el trabajador atacado era responsable. La acusación pidió para los acusados 22 años de prisión por intento de homicidio, una solicitud secundada por el fiscal en un primer momento. Acabaron condenados a tres años de prisión.

Los veterinarios rurales y dependientes de administraciones públicas, que son los responsables de las inspecciones sanitarias de mataderos y explotaciones ganaderas, resultan ser los más golpeados por esta violencia, según una veintena de sentencias que ha recopilado EL PAÍS. De la evaluación que ellos hagan dependen las ganancias económicas de los empresarios del campo y ese dictamen a veces no se digiere bien. “Los riesgos en el ámbito rural, normalmente, son más difíciles de prevenir por las especiales condiciones y falta de medios que suelen darse con más frecuencia en ese entorno”, reconoce Calvo. Uno de estos fallos recoge la tensión vivida en un pueblo de Soria hace unos años. Al finalizar una inspección de una explotación, el veterinario notificó varias irregularidades en cuanto a la normativa vigente sobre las matanzas. Entonces, el ganadero le espetó: “No sabes con quién te estás metiendo, no nos caes bien a nadie, no sabes de lo que soy capaz”. El hombre que soltó esto fue condenado por un delito de amenazas y desobediencia a la autoridad.

Como apunta el máximo representante de los veterinarios, la problemática viene de lejos. Un dictamen de 2012 recoge que mientras un profesional desempeñaba su labor como inspector de salud pública de la Junta de Castilla y León, un empresario le soltó: “Como me cierres el matadero, te mato”, tras lo que le retuvo media hora en una de las estancias de sus instalaciones y le llegó a agredir y a quitar el móvil con que el sanitario trataba de llamar a la Guardia Civil. Por estos hechos fue condenado a un año y tres meses de prisión. Los ejemplos se suceden y suelen tener un mismo patrón. Otro fallo recoge el encontronazo en una explotación de Albacete en el que tras declarar a tres reses como no aptas para el consumo humano, el ganadero se acercó al profesional sanitario con un cuchillo en la mano y le dijo sin rodeos: “Veterinarios más chulos que tú han durado menos tiempo aquí, cuidado contigo y con tu coche”. Otro trabajador de una explotación de Soria le gritó a otro denunciante: “¡Yo te escocoto aquí algún día, pero no aquí, en la calle. Con el pan de mis hijos no juega nadie!”. La lista continúa. En 2020, una veterinaria de un pueblo burgalés fue amenazada por un ganadero que le dijo que le quedaba un año de vida y se la llevaba por delante. El acusado fue multado por un delito leve. En todos estos casos, la justicia dio la razón a los agredidos física o verbalmente.

Algunas de las sentencias reconocen la autoridad sanitaria de los veterinarios y por ello optan por el delito de desobediencia, mientras que otros aplican el de lesiones o amenazas. Varios colegios profesionales, como el de Madrid o el de Sevilla, han puesto a disposición de sus miembros servicios legales y de asesoramiento gratuito en dos frentes: el del acoso y reputación online y el de las agresiones físicas.

Carlos Ouro fue víctima del primero. En su clínica del barrio del Pilar, al norte de Madrid, mientras la perra Taris espera pacientemente al lado de su dueña a pasar a consulta para recibir sus vacunas y, dentro de una espaciosa jaula, la cacatúa Nelly observa a todo el que entraba, el sanitario sube las escaleras procedentes de la sala de operaciones y recuerda uno de los momentos de mayor tensión de su vida laboral. Hace casi cuatro años, sufrió una campaña de desprestigio en redes por parte de una mujer que aseguraba que su cobaya había muerto en su clínica. En el mensaje acusaba al profesional sanitario de ser un “carnicero” y un “asesino” y de haber matado a su “princesa”. El veterinario trató de llegar a un entendimiento amistoso al explicarle que él nunca había visto a la cobaya, para posteriormente pedirle que retirara el comentario porque estaba perjudicando enormemente a la clínica que con tanto esfuerzo había montado en 2014. “Me dijo que hasta que no supiera quién la había matado, lo iba a pagar yo”, señala. Así que se fue directamente a denunciar.

Problemas psicológicos de difícil valoración

El juez dictaminó que la mujer era culpable de un delito leve de amenazas y debía indemnizar a la clínica con 600 euros. “Borró el mensaje, pero el daño estaba hecho porque había muchas réplicas”, se lamenta. “No te imaginas la tensión que causa este tipo de cosas. España tiene el mayor número de facultades de veterinaria, pero en las clínicas tenemos problemas para encontrar empleados, ¿por qué crees que pasa eso? Yo entiendo que tenemos en nuestras manos a un miembro más de la familia y la parte emocional es muy fuerte, pero eso no justifica las amenazas y las agresiones”, defiende el sanitario. Esta misma semana, asegura, acaba de tener un problema con otro propietario de un animal que ha gritado al personal varias veces y Ouro ha dado la orden de que a la mínima salida de todo se avise a la policía. “En estos casos, se incrementa el nerviosismo del ciudadano y surgen con más facilidad las agresiones. A menudo, estas conductas reprobables conllevan problemas psicológicos que son de difícil valoración”, secunda el presidente de la Organización Colegial Veterinaria.

Muchos de los veterinarios piden un registro oficial de estos ataques para cuantificar y visibilizar la dimensión del problema, pero todavía no existe. A falta de estadísticas, el colegio gaditano llevó a cabo una encuesta online entre sus miembros en la que participó una pequeña muestra, pero representativa, y que concluyó que el 75% de los profesionales había sufrido alguna vez una agresión.

La lista de improperios que aparecen reflejados en los fallos judiciales es tan variopinta como sorprendente. ”Quédate en casa fregando y retírate de veterinaria”, le mandaron por mensaje a una profesional de Zaragoza. “Os vais a enterar, os voy a hundir en redes sociales”, amenazó un usuario que consideró que no habían atendido bien a su perro, Pirata, en 2017 en Cantabria. “Te voy a joder la tienda”, le espetó una señora a un dueño de una clínica en Madrid en 2016. Una veterinaria de Chiclana de la Frontera llevó a los tribunales a una mujer que en diciembre de 2020 la llamó acusándola de la muerte de varios gatos. “Tú no sabes quién soy yo, hija de puta, te vas a enterar”.