Tiendas de campaña contra un ‘resort’ de lujo en Tenerife

El Puertito es una diminuta localidad situada en la desembocadura de un barranco salvaje, en el municipio turístico de Adeje (suroeste de Tenerife). Su joya es una coqueta cala atendida por un pequeño restaurante a pie de playa, que mantiene todo su encanto pese a haber sido maltratada a lo largo de los años por un almacén tomatero en desuso, un muro que reduce sus dimensiones, una ermita, algún que otro solar, demasiadas autocaravanas y un minúsculo núcleo residencial que desafía la ley de costas. Es precisamente aquí, en unos terrenos de casi 500.000 metros cuadrados que desfilan hacia la montaña entre tabaibas y cardones centenarios (dos plantas endémicas de las islas), donde unos promotores de origen belga pretenden levantar Cuna del Alma, un complejo de apartamentos de lujo de 1.800 camas. Esta obra ha dado lugar a una acampada reivindicativa, episodios de violencia entre los activistas y los promotores y a un soterrado enfrentamiento entre dos de los socios en el Ejecutivo regional: el PSOE —que respalda la construcción— y Unidas Podemos —que se ha mostrado en contra—.

Los impulsores defienden que los terrenos son urbanos desde principios de los ochenta, que buscan un turismo sostenible que ocupará 136.000 metros cuadrados de un total de unos 450.000 y que prevé dedicar el 45% del terreno a suelo público. Los ecologistas critican que se está poniendo en riesgo uno de los escasos espacios vírgenes que resisten al turismo, que peligra su vegetación sensible (sobre todo la viborina triste, especie declarada como protegida y que no se incluía en la Memoria Ambiental de 2018 de los promotores), restos arqueológicos y que con el proyecto se perpetúa un “modelo económico caduco”. “La situación de Canarias era muy distinta en los ochenta, la presión urbana era otra, las leyes eran otras. No caben más camas”, declaran unos. “Esto no es serio”, replican los otros. “Es un proyecto de calidad que generará 750 empleos”.

Un modelo discutido

Canarias es la tercera comunidad autónoma española por número de turistas (15,15 millones en 2019). Esta fortaleza, sin embargo, no se refleja en el PIB per capita (el más bajo de España, con 17.448 euros) o la tasa de paro (la cuarta más alta, con un 17,8%, según la EPA). La ausencia de alternativas económicas ha ayudado a un modelo turístico basado en el volumen, de menor rentabilidad y calidad y que ha dado lugar a enclaves masificados y una alta presión urbanística sobre las costas. Por eso, en la última década del siglo se multiplicaron las reivindicaciones ecologistas, que ayudaron a que el Gobierno canario decretase una moratoria turística entre 2001 y 2017 que incentivaba la reconversión y mejora de la plaza alojativa y limitaba la construcción a hoteles de cinco estrellas.

Las grandes construcciones turísticas hace tiempo que dejaron de ser frecuentes, y menos aún en las dos islas capitalinas, y la oferta de plazas alojativas en las islas ha pasado de 431.597 en 2010 hasta 415.752 en 2019 (un 3,6% menos), según los datos de las Encuestas de Alojamiento Turístico del Instituto Canario de Estadística (Istac) y Turismo de Canarias. En ese mismo lapso de tiempo, la llegada de visitantes ha crecido un 45%.

El terreno en el que se pretende levantar Cuna del Alma se declaró urbanizable en 1982, aunque no entró en los planes parciales del Ayuntamiento hasta finales de siglo, con un proyecto de 4.428 camas. Esta obra no salió adelante y la parcela volvió a cambiar de manos. Sus nuevos dueños (dos familias belgas, de nombres Vandermarliere y Van Biervliet) comenzaron la tramitación de su proyecto en 2014, el cual concluiría cinco años después con un total de 1.800 camas. “Durante todo ese trámite solo presentaron alegaciones los antiguos propietarios, y por cuestiones que nada tienen que ver con el medio ambiente”, explica en conversación telefónica Manuel Luis Méndez, concejal del Área de Transición Ecológica, Gestión del Territorio, Desarrollo y Empleo del consistorio (gobernado desde 1987 por José Miguel Rodríguez Fraga, del PSOE). “Ni un solo movimiento ecologista o partido político presentó objeción alguna”, recalca el edil.

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La tensión aumenta en Cuna del Alma

El director del proyecto, Andrés Muñoz, ha rehusado aparecer en este reportaje debido, asegura, “al acoso y las fuertes presiones” que dice estar sufriendo. Fuentes de la promotora aseguran, eso sí, que “se pretende ofrecer un concepto nuevo”. “Los legisladores quieren lograr un turismo de más calidad, de más valor añadido y con menos visitantes que causen menos impacto y generen más empleo. Eso proponemos”. Cuna del Alma asegura que recuperará la playa, “afectada en los últimos años por la construcción de una nave para la exportación de tomates y de un muro”, y que replantará “hasta un millar” de tabaibas y cardones a “distintas parcelas del Puertito”.

Los vecinos están divididos. Y desconfían a la hora de expresar su opinión. “No sé qué decirle”, asegura Jose, del restaurate Pepe y Lola, a pie de playa. “Seguro que trae ventajas, pero si tuviese que elegir yo, quizás preferiría que se quedase como está”. De igual forma piensa Santiago, que vigila el aparcamiento aledaño. Otros vecinos consultados prefieren que no se publique su nombre entre el grupo que está a favor del proyecto porque, aseguran, se exponen “a represalias” del entorno y en redes.

Primera piedra

El 5 de mayo de este año se colocó la primera piedra del proyecto, y este acto acaparó toda la atención del activismo de la isla. “En mayo, nos habíamos reunido varios perfiles independientes para valorar la depredación del territorio de Tenerife”, recuerda Iván Cerdeña, voluntario de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN). Cuna del Alma se convirtió en su objetivo principal.

El día 23 de ese mes, una asociación cultural llamada Tegüico presentó una denuncia ante el Cabildo de Tenerife, en la que sostiene que se están destruyendo restos arqueológicos. La corporación insular llevó a cabo una inspección, y concluyó que la empresa no solo ha destruido patrimonio, sino que no le ha presentado dos informes patrimoniales. La consecuencia, suspensión cautelar de las obras y un expediente sancionador por parte de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, que la promotora ha recurrido. Su titular, Nona Perera (Unidas Podemos), resaltó públicamente la “gravedad incontestable” y que quiere imponer la “sanción máxima estipulada por ley”: 600.000 euros. El Cabildo levantó las medidas cautelares el 23 de junio, tras constatar que se han “adoptado las medidas necesarias para su protección”, según reza el informe. Hasta esta semana, el PSOE ha gobernado la corporación junto a Ciudadanos y con los votos de Unidas Podemos. La actuación del Ejecutivo formado por Pedro Martín (PSOE) y Ciudadanos en este conflicto llevó el miércoles 5 de octubre a Unidas Podemos a retirar su apoyo, lo que deja en minoría a la coalición.

La empresa promotora se defiende de las acusaciones de destruir patrimonio. Califica la sanción de “desproporcionada”, y admite la destrucción de “piedritas y conchitas” por un fallo de coordinación con la maquinaria de obra. “Como mucho es una sanción leve, pero esa fue la espoleta que dio lugar a las acusaciones de destrucción de yacimientos arqueológicos”. La promotora, además, sostiene que entre 2014 y 2019 se subsanó la falta de esos dos informes patrimoniales, y achaca la situación a falta de comunicación entre administraciones. La empresa, además, afirma que “el 95% de lo que sostiene la denuncia de Tegüico está identificado, inventariado y con una propuesta de actuación”.

Protestas y acampada

Esta “espoleta” no tardó en provocar una explosión. El movimiento ecologista que se juntó por primera vez en mayo dio un paso al frente el 21 de julio y montó una acampada reivindicativa dentro de los terrenos. “Vamos turnándonos”, explica la activista María González bajo una improvisada pérgola. “Contamos con biólogos, urbanistas, profesionales de ciencias del mar. Estamos elaborando nuestro propio catálogo de especies y tenemos un objetivo: evitar que sigan con los destrozos”.

Una semana después, los activistas requisaron una pala y se encadenaron a ella para evitar que la subcontrata la recuperase. La tensión fue creciendo poco a poco. “Somos pacíficos”, asegura Miguel Quesada, otro de los acampados. “Empatizamos con los obreros, pero solo recibimos violencia”. En la otra parte, la lectura es distinta. “Nos increpan, nos lanzan piedras, han llegado a amenazarme a mí y a mi familia”, afirma el responsable de seguridad de la obra, quien pide que no se le cite por el nombre.

La situación explotó el 26 de septiembre. A las siete de la mañana, con los efectos del ciclón Hermine aún visibles, una decena de empleados de la subcontrata recuperó la pala. Los manifestantes ofrecieron resistencia y denunciaron agresiones. Horas despues, entraron en las oficinas del proyecto. “Fuimos a pedir explicaciones”, argumenta González. Fuentes de la empresa denuncian, por su parte, la “violenta” irrupción de los activistas, que incluso llegaron a entrar en las dependencias. “Temí por mi integridad”, explica un empleado. La Guardia Civil terminó acudiendo para evacuar a Andrés Muñoz, el director del proyecto. Los ecologistas aseguran que ellos fueron los agredidos. El cuerpo de seguridad ha rechazado ofrecer su versión de los hechos.

“¿Es un lugar protegido? No”, se pregunta y responde Pedro Luis Pérez de Paz, catedrático de Botánica de la Universidad de La Laguna y coautor del Atlas cartográfico de los hábitats naturales y seminaturales de España. “¿Hay tabaibales y cardonales centenarios que hay que proteger? Sí, y es mentira que esas plantas se puedan trasplantar. Los ecosistemas no se pueden trasladar”. Pérez de Paz subraya “el drama” que sufren Canarias y su medio ambiente: “Tenerife está sobreexplotada”, sentencia. “Es una obra legítima desde punto el punto de vista político, pero no desde el punto de vista científico. Basta ya de engañar”, sentencia.

Natalia Díaz, de la plataforma Salvar el Puertito, resume en tres puntos la necesidad de parar las obras: “La zona es un enclave crucial de riqueza botánica y marina, una de las pocas zonas del sur con tanta biodiversidad; hay numerosos restos arqueológicos de nuestros antepasados; y, por último, en Canarias tenemos uno de los umbrales de pobreza más bajos de toda España. Está más que comprobado que ese no es el modelo económico adecuado, que no está funcionando”. “En Tenerife no cabe ni un solo turista más de forma sostenible”, completa el voluntario de ATAN Iván Cerdeña. “Es necesario poner sobre la mesa debates a los que se niega el Parlamento, como la ecotasa, como otra moratoria al estilo de la balear y, por último, una ley de residencia: en Canarias no se habla del reto demográfico”, recuerda.

“La seguridad jurídica es tan importante como la ecotasa o todas esas cuestiones”, aseguraba por su parte recientemente en sede parlamentaria Miguel Ángel Pérez, viceconsejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias (PSOE). “Imagine que usted tiene un terreno”, completa la promotora por su parte, “y que cuenta con todos los permisos para construir una casa, pero su vecino decide que a él le gusta ver el terreno libre y acampa en su jardín para evitarlo. Eso es lo que está ocurriendo aquí”, se queja. “¿Quieren un modelo turístico distinto? Me parece perfecto. Pero eso hay que debatirlo y hablarlo antes. No cuando las máquinas están en marcha. Han tenido tiempo”.

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