500 camiones trasladarán desde Sevilla a Huelva 12.300 toneladas de residuos peligrosos procedentes de Montenegro

El buque Muzaffer Bey bordeó Doñana para remontar el río Guadalquivir la mañana del pasado lunes con 5.300 toneladas de residuos peligrosos procedentes del astillero de Bijela, en Montenegro, después de recorrer más de 3.000 kilómetros desde el mar Adriático hasta el puerto de Sevilla. Y el viernes terminará la misma ruta el Dakota con 7.000 toneladas de sustancias peligrosas depositadas a granel, sin contenedores. Ambos barcos suman solo el 11% de las 110.000 toneladas de granalla ―un residuo industrial peligroso con volumen arenoso―, tierras y piedras contaminadas que atravesarán el Mediterráneo hasta el próximo mayo, con la esperanza de evitar cualquier accidente que provoque un desastre medioambiental.

El destino final, después de que 500 camiones carguen en las próximas semanas las dos primeras entregas de residuos tóxicos en el puerto fluvial sevillano y atraviesen carreteras secundarias en un trayecto de 100 kilómetros, es el vertedero de Nerva (Huelva). A esta inmensa cloaca de 60 hectáreas a solo 700 metros de este pequeño pueblo se vierten sustancias peligrosas y no peligrosas de Italia, Grecia, Malta, Gibraltar y antaño de Portugal, en un polémico y legal tráfico internacional de sustancias peligrosas. Y después de sufrir durante 25 años malos olores y el riesgo de una tragedia a tiro de piedra de sus casas, los vecinos han dicho basta y el alcalde se ha unido a los ecologistas para pedir el cierre de la polémica instalación.

“Que me expliquen por qué llegan aquí residuos de Montenegro pese al criterio de proximidad, que deberían depositarlos en el vertedero más cercano. Se impone el mercantilismo a la seguridad y los traen en camiones por carreteras inseguras, hemos tenido episodios de derrames y uno casi cayó en un arroyo del embalse del que nos abastecemos”, protesta el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala (PSOE).

Los residuos contaminantes contienen asbesto ―un material cancerígeno― y tributilo de estaño, un agente biocida que puede actuar como disruptor endocrino y contaminar el suelo y las aguas durante 40 años, según denuncian los expertos químicos de Ecologistas en Acción, que reclaman el cierre del vertedero desde su inauguración en 1996. El Ayuntamiento ha recibido durante décadas un canon de dos millones anuales para compensar el riesgo de guardar los residuos a las afueras del pueblo, de 5.300 habitantes, pero dicho canon ha ido menguando hasta desaparecer y hoy la empresa DSM, con 40 empleados, ha dejado de pagar al Consistorio.

Cuando llegan a Nerva las sustancias peligrosas, que ocupan 18 de las 60 hectáreas del recinto, se mezclan con yeso rojo y cemento para neutralizarlas y acumularlas en enormes piscinas estancas. Sin embargo, a pesar de los tratamientos, en 25 años la planta ha sufrido incendios, varios camiones han derramado residuos peligrosos tras volcar en las carreteras y en 2011 la instalación provocó un vertido de aguas tóxicas al río Tinto, aunque un juez archivó la denuncia de Seprona por falta de “afectación grave” al cauce natural del río.

El tráfico internacional de sustancias peligrosas se mueve en Europa por el coste económico y la seguridad de las instalaciones, y si los residuos deben atravesar fronteras para su procesamiento, nada lo impide, siempre que se respeten dos normas: el Convenio de Basilea (sobre control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, firmado por España y Montenegro) y el Reglamento europeo de traslado de residuos 1013/2006.

La pintura y antioxidantes pegados a los cascos de los barcos se desprendieron en el astillero de Bijela durante décadas mediante el chorreado y granallado, técnicas que atacan con eficacia esa pintura pero que generan una gran cantidad de residuos con metales. Para descontaminar el astillero y otros puntos negros que dañaban su medio ambiente, el Gobierno montenegrino pidió un crédito al Banco Mundial de 60 millones de dólares (53 millones de euros) y sacó a concurso la gestión de los residuos que durante décadas había generado la limpieza y puesta a punto de los barcos oxidados. La empresa francesa Valgo ganó el concurso y eligió Nerva tras sondear otros destinos.

Entre 2020 y 2021 se trasladaron 40.000 toneladas y aún restan 70.000 toneladas de granalla y rocas contaminadas en los próximos años, según revelan documentos públicos del Gobierno montenegrino. El Ministerio de Transición Ecológica paralizó el año pasado esas 70.000 toneladas que restan por traer hasta España, debido a la falta de documentación “para caracterizar los residuos” y “la idoneidad del tratamiento previsto”, según fuentes del departamento de Teresa Ribera. Sin embargo, tras aportar más información Valgo sobre “el tratamiento físico químico de estabilización e inertización (D9) de los residuos”, el Gobierno dio vía libre al envío marítimo con el consentimiento de la Junta andaluza.

“Me preocupa muchísimo el vertedero porque soy de Nerva, pero me mudé a Berrocal porque no quería que mi hijo se criara en ese ambiente. Se está avanzando en apoyos, pero aún hace falta más movilización ciudadana”, opina Noelia Cabeza, de la asociación Sentido Natural de Berrocal y presente en la concentración del pasado lunes frente al puerto sevillano, horas antes de que atracara el Muzzafer Bey.

¿Qué movió a la Junta andaluza, en una comunidad con 87.268 kilómetros cuadrados, a ubicar su principal vertedero de residuos peligrosos a solo 700 metros de un pueblo? “Nerva ha sufrido lo indecible y la Administración no fue capaz de exigir una distancia respecto al pueblo. No había justificación y no ha servido para revitalizar la economía local como arguyeron los políticos”, lamenta con amargor el presidente de la Fundación Savia, Francisco Casero, que participó en las decenas de manifestaciones y huelgas de hambre de vecinos durante 1996 contra el vertedero.

El alcalde Ayala critica: “Para compensar y vencer las reticencias de la población se decretaron las dotaciones económicas, pero ahora el pueblo está arruinado y la única beneficiada es la empresa, que arrastra un déficit con Nerva de siete millones”. El canon se estableció a través de un convenio urbanístico que permitió el uso industrial de unos suelos calificados como rústicos. “Estamos a punto de cancelar el convenio”, avanza el regidor. El dueño de DSM, Gonzalo Madariaga, ha rechazado opinar para este reportaje.

A la oposición a la instalación del Ayuntamiento de Nerva se ha sumado ahora la localidad vecina Minas de Riotinto, a tres kilómetros del vertedero, y que promueve un manifiesto conjunto de los siete municipios de la comarca, que suman unos 15.000 habitantes.

Juan Romero, de Ecologistas en Acción Huelva, censura: “Nerva es el retrete tóxico de Europa y la falta de transparencia en el transporte de los residuos es absoluta. No hay información oficial, tenemos que ir a Montenegro, donde cada permiso está colgado en internet”. La contaminación del astillero ha generado otros residuos de menor volumen con destino a Austria, Grecia, Portugal y Noruega, según la organización conservacionista.

El futuro del vertedero es incierto. Aún conserva espacio para 1,8 millones de metros cúbicos de residuos ―de su capacidad total de 7,4 millones―, lo que podría prorrogar su actividad otra década más, según fuentes cercanas a DSM. La compañía presentó a la Junta en 2019 un proyecto para instalar una caldera de biomasa y ampliar su actividad, y diferentes colectivos presentaron alegaciones en junio de 2020. Más de un año y medio después, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible andaluza sigue sin resolverlas pese a que el plazo de resolución del procedimiento es de seis meses.

La consejera, Carmen Crespo, alegó el pasado junio que prevé un “cierre ordenado” del vertedero, pero sin concretar plazos. Mientras, Bijela será en los próximos años convertido en un puerto de yates de lujo tras una inversión de 33 millones y creará 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos, según la previsión del Gobierno montenegrino.

Cada vez menos residuos peligrosos

España generó 1,2 millones de toneladas de residuos peligrosos en 2019 procedentes del sector industrial, a los que la construcción y los servicios añadieron 252.000 toneladas más, según cifras del Instituto Nacional de Estadística. En el país hay una decena de vertederos que tratan estos residuos peligrosos industriales, que se reducen de forma paulatina y cayeron de 1,4 millones de toneladas en 2012 a 1,2 millones en 2019.

“Italia tiene un problema gravísimo de vertederos y Alemania almacena los residuos peligrosos en minas de sal, que son muchísimo más caras que un vertedero. España importa y exporta residuos, pero las cantidades no son muy grandes en comparación con otros países”, ilustra Luis Palomino, secretario general de Asegre, la asociación nacional de empresas gestoras de residuos.

La industria española suele exportar residuos peligrosos para su incineración, ya que la única planta que hay en el país, ubicada en Tarragona, no puede procesar todo lo generado. El destino de los materiales contaminantes suele ser los vertederos para su eliminación, o plantas y cementeras para su valorización material o energética, explican fuentes del sector.

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