Dos exalcaldes alegan que ignoraban la falta de permisos de los agricultores que captaron agua de Doñana

Los exalcaldes de Almonte (Huelva) Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP) echaron balones fuera este martes desde el banquillo de los acusados en la segunda sesión del mayor juicio por el saqueo del agua en Doñana. “Nosotros entendemos que si no se contesta, está autorizado”, respondió Bella —senador socialista durante 16 años— a una pregunta del fiscal en la segunda sesión de la vista celebrada en la Audiencia de la ciudad andaluza.

Esa frase es la clave de su actuación supuestamente ilegal: los 13 agricultores procesados regaron sin permiso oficial sus explotaciones de fresas y frutos rojos durante cuatro años (2009-2012) en el entorno del emblemático espacio protegido. La Junta, propietaria de la finca Matalagrana (225 hectáreas que explotaban los agricultores), pidió los permisos para regar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero las autorizaciones nunca llegaron y en su lugar los técnicos oficiales abrieron en 2007 expedientes sancionadores a los empresarios por explotar sin permiso dicho acuífero que nutre a la reserva natural. Pero para los regidores, procesados como cooperadores necesarios de un delito contra los recursos naturales, el silencio administrativo significaba una autorización de facto. “Es como solicitar el carné de conducir, siendo consciente de que no puedes conducir sin él, pero imaginarte que no pasa nada a pesar de que ya te han multado”, ilustran fuentes del caso.

“Nadie del IARA [Instituto de reforma agraria de la Junta] me comunicó nada por escrito (…) Cuando en 2007 llegaron los expedientes sancionadores de confederación me sorprendí y el IARA me dijo que era un error administrativo (…) Este error es evidente, pero no ha sido culpa ni del Ayuntamiento ni de los agricultores”, añadió el expolítico socialista, alcalde durante dos décadas. Después de iniciarse las captaciones subterráneas en 1996, los retrasos y las trabas burocráticas impidieron la concesión de las autorizaciones, que llegaron por fin casi 25 años después en 2020, y hoy por fin el riego en la finca Matalagrana es legal.

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Ambos exregidores están acusados como cooperadores necesarios de un delito contra los recursos naturales y alternativamente otro de usurpación de aguas, y afrontan una petición de la Fiscalía de dos años y 10 meses de cárcel. La vista, que celebra el Juzgado de lo Penal 1 en la Audiencia por razones de espacio, también sienta en el banquillo a 13 empresarios, para los que la Fiscalía pide tres años y 10 meses de prisión.

Domínguez sucedió como alcalde a Bella en 2011. “El presidente de la confederación me dijo que el Ayuntamiento no estaba legitimado para pedir la inscripción [de los pozos] en el registro, que tenía que pedirlo la Junta como titular de los terrenos ¿Qué podía hacer yo si el Ayuntamiento no tenía competencias como policía hídrica?”, lamentó el exalcalde popular ante las preguntas del fiscal Alfredo Flores.

En la primera sesión del juicio, el pasado martes solo declararon dos de los 13 agricultores, el resto se negó a comparecer: el secretario de la asociación Matalagrana dijo que solo en 2007 empezó a ser consciente de “una posible irregularidad” en el uso del agua, tras recibir un expediente sancionador. “Pero no hablaba de una posible ilegalidad de los sondeos”, y durante décadas “nadie impuso como medida cautelar el cierre de pozos o ceses de la actividad”, lo que les llevó a continuar con las extracciones de agua al margen de la ley.

El empresario alegó que la Junta “conocía” el uso de los pozos “porque se hacía una memoria todos los años… Para las Administraciones era público y notorio el uso de los sondeos, hemos sido víctimas del sistema”, informa Europa Press. Hasta ahora, la Fiscalía ha ganado la mayoría de los juicios celebrados en diferentes instancias por captaciones ilegales del acuífero de Doñana y los agricultores han sido condenados después de conformarse con una condena menor.

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