TSJ Madrid

El Ministerio para la Transición Ecológica, ante los tribunales por no proteger al lobo

Un grupo ecologista ha presentado un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid porque considera que el Gobierno ha parado la iniciativa. El ministerio asegura que sigue adelante y que se reunirá con las comunidades implicadas el jueves próximo

Un lobo de una manada criada en semilibertad en Robledo de Chavela (Madrid).
Un lobo de una manada criada en semilibertad en Robledo de Chavela (Madrid).Mariam A. Montesinos / EFE

El desencuentro entre las organizaciones ecologistas y el Ministerio para la Transición Ecológica para aumentar la protección del lobo continúa en aumento. La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) interpuso esta semana un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya admitido a trámite, contra el Ministerio de Transición Ecológica por no incluir a la especie ni en el Catálogo de Especies Amenazadas ni en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección (LESPRE). De esta forma, el lobo dejaría de ser considerado especie cinegética en toda España. Ahora se permite su caza para controlar el crecimiento de la especie por encima de la frontera del río Duero. Por debajo de ese límite, el cánido se encuentra estrictamente protegido y solo se autoriza la captura de algún ejemplar de forma excepcional. La población estimada es de entre 2.000 y 2.500 cánidos, de los que en 2017 se cazaron 110 ejemplares, según el Anuario Forestal de España.

La asociación considera que el ministerio ha descartado adoptar esas medidas de protección, dado que ha transcurrido el plazo legal desde que lo solicitaron, en octubre de 2019, y por lo tanto se ha producido “una negativa por silencio administrativo”. El procedimiento administrativo iniciado por los conservacionistas fue respaldado por un informe del Comité Científico de Flora y Fauna (dependiente del ministerio), emitido en 2020 a petición de ASCEL, que recomienda incluir a la especie en el LESPRE debido a “su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de la especie en los ecosistemas naturales”. El comité rechazó, sin embargo, la introducción del lobo en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de vulnerable, al no considerar concluyentes los datos aportados por la asociación.

El ministerio no ha cumplido sus obligaciones con “el burdo pretexto”, califica ASCEL, de la oposición de las comunidades autónomas. Los Gobiernos de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria se han manifestado en contra de la iniciativa de los ecologistas como indicaron en una carta remitida a la ministra Teresa Ribera. Consideran que la gestión actual de la especie, mediante el control con la caza, es la más adecuada porque incluso ha propiciado que se expanda a otros lugares como Ávila, Salamanca o Madrid. Los ganaderos también rechazan la iniciativa.

Un portavoz del ministerio dirigido por Teresa Ribera asegura que continúan adelante con el procedimiento establecido y que el jueves próximo está convocada la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que participan los directores generales de las comunidades autónomas implicadas. En el orden del día se encuentra la inclusión de la especie en el listado LESPRE, además de avanzar en la elaboración de la nueva estrategia para la especie. La reunión se programó antes de que ASCEL interpusiera el contencioso, añade el mismo portavoz. Precisamente, la retirada del punto en el orden del día sobre la introducción de la especie en ese listado en una reunión de la misma comisión celebrada en septiembre, despertó las alarmas de los ecologistas. El presidente de ASCEL, Ignacio Martínez, reprochó al ministerio que: “Sin ese requisito no se puede tramitar el incremento de la protección”.

En un comunicado, los conservacionistas inciden en “la hipocresía sobre el lobo del actual Gobierno”. “Si se quiere proteger al lobo, como reclaman el conocimiento científico, el marco legal, el interés general, y la coherencia con los tiempos, Teresa Ribera debería haber firmado la orden ministerial, tras el trámite oportuno”, sostienen. Al no completarse esos pasos, “cualquier anuncio de buenas intenciones ministeriales que no se plasmen en el BOE es engañar a la ciudadanía y prolongar sine die una decisión que solo compete al Gobierno Central”.

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