Amigos de la Tierra lleva a la petrolera Shell a los tribunales en los Países Bajos

“¿Puede haber un clima seguro sin regular a grandes contaminantes, como la multinacional petrolera Shell?”. Esta es la pregunta que vertebra la demanda encabezada por la rama neerlandesa de la organización Amigos de la Tierra, que llega este martes a la justicia en los Países Bajos. El caso sienta un precedente al pedir a los jueces que ordenen a la compañía una reducción, para 2030, del 45% de sus emisiones de CO2, comparada con 2019. Para lograrlo, apelan a lo que consideran la esencia del problema del cambio climático, esto es, la vulneración de los artículos 2 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, dedicados al derecho a la vida y a la vida familiar. Según los demandantes, con sus actuales extracciones de gas y petróleo, Shell arruina a sabiendas la posibilidad de que la temperatura del planeta no suba más de 1,5 ºC, en línea con el Acuerdo de París contra el cambio climático. En vísperas de comparecer ante una corte de Primera Instancia de la ciudad de La Haya, la firma comparte la necesidad de contener el cambio de clima, pero no a través de los tribunales. En su lugar, propone mayores inversiones en tecnología, políticas efectivas y un cambio en los hábitos del consumidor de combustibles fósiles, para ser una empresa, según sus portavoces, de “cero emisiones en 2050, o antes”.

La sede central de Shell está en los Países Bajos, y de ahí que Amigos de la Tierra haya dado el paso en su propio terreno. La ONG considera que hasta ahora ha sido muy difícil llamar a capítulo a la petrolera dada su estrecha relación con las sucesivas coaliciones en el poder, que han contado a menudo con ministros que trabajaron para ella. También la señala como “una de las 25 firmas que, juntas, producen el 50% de los gases de efecto invernadero del mundo”. Entre las otras, figura la estadounidense Exxon, la británica BP, la francesa Total o la italiana Eni. La organización ecologista indica a su vez que el CO2 emitido a escala internacional por Shell suma el doble del producido por toda la economía neerlandesa, según las mediciones del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol, en inglés). Sirve para calcular las emisiones y lograr su reducción a escala mundial, y fue desarrollado en 1998 por una alianza internacional de empresas, ONG, Gobiernos e instituciones académicas, convocadas por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, en sus siglas inglesas) y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, también en inglés).

“El Protocolo es una herramienta usada también por Shell para medir su carga de CO2, y eso ha facilitado mucho las cosas a la hora de presentar nuestros datos en la demanda. Otro empujón ha sido que la propia jefatura de la multinacional proclama su deseo de recortar estos gases. Sin embargo, a pesar de que el 95% de sus inversiones contribuyen al cambio de clima, insiste en que los accionistas solo se fijan en los beneficios contables”, dice Donald Pols, director de Amigos de la Tierra en los Países Bajos, en conversación telefónica. Y añade, con cierta ironía: “No habríamos abordado el caso de no creer que podemos ganarlo, pero parece que solo acudiendo a los tribunales podremos lograr un cambio en la compañía. Y no olvide que la legislación neerlandesa se preocupa mucho de que las empresas no causen daños con sus actividades”. A la ONG le acompañan en la demanda otras seis organizaciones ecologistas locales y más de 17.000 ciudadanos, y cuenta con cerca de un millón de apoyos en 70 países. “El medio millón de euros que ha costado llegar hasta aquí ha sido abonado con donaciones de la gente”, explica Pols.

La primera en apelar a la violación de los derechos humanos en cuestiones de cambio de clima fue la ONG medioambiental neerlandesa Urgenda, que en 2019 logró que el Tribunal Supremo de su país obligara al Gobierno a reducir, para 2020, las emisiones de dióxido de carbono en un 25% respecto a las de 1990. Fue una victoria histórica, porque en 2015 ya había sentado un precedente mundial al lograr que los jueces exigieran al Ejecutivo esa rebaja. Este octubre, el cumplimiento de la sentencia fue presentado como posible solo si la segunda ola de la pandemia era abarcable, y no hacía demasiado frío en invierno, debido al gasto energético requerido, según un informe elaborado, entre otros, por el Instituto para la Salud y el Entorno (RIVM, en sus siglas neerlandesas) y la Oficina Central de Estadística. Amigos de la Tierra ha seguido la estela de Urgenda y, de ganar su demanda, considera que el caso tendría eco en la Unión Europea y posiblemente en el mundo. Es más, creen que para protegerse de litigios similares otras compañías acabarán por rebajar sus emisiones de CO2.

Portavoces de Shell recuerdan que si bien las empresas no son parte del Acuerdo del clima de París, “nuestros planes empresariales están cambiando al ritmo de la sociedad, y hemos dado ya pasos importantes para lograr la reducción de gases de efecto invernadero con nuestras inversiones en energía solar y eólica; los cargadores para vehículos eléctricos y soluciones al almacenaje de energía”. En su documentación, la firma señala el papel de la energía como motor de la economía mundial y el reto de la transición hacia un mundo con menos CO2, al tiempo que recalca que hay más de mil millones de personas sin acceso a la energía y sus beneficios.

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