¿Cómo puede América Latina y el Caribe evitar una tercera década perdida?
Si persisten las tendencias actuales, América Latina y el Caribe se enfrenta a un crecimiento lento y mediocre, una frustración creciente de sus poblaciones y una mayor vulnerabilidad en una economía mundial fragmentada

América Latina y el Caribe vivió una famosa “década perdida” en los años ochenta, cuando registró un crecimiento negativo del PIB per cápita y se encontró más pobre al final que al inicio del período. La historia se repitió y de manera alarmante: en 2023 el PIB per cápita era similar al de 2013, tras un ciclo de caída y recuperación que marcó una segunda década perdida en el periodo 2014-2023. A menos que se adopten medidas audaces para asegurar un crecimiento alto, sostenido, sostenible e inclusivo, la región podría encaminarse, sin advertirlo, a una tercera década perdida.
Escapar de esta situación requiere una profunda transformación productiva, que modernice, diversifique y genere cambios estructurales positivos en nuestras economías. Esta transformación no se producirá espontáneamente; exige una acción pública deliberada en colaboración con el sector privado y otros actores clave, a partir de políticas de desarrollo productivo bajo una nueva visión. No hay otra forma de salir de la trampa de baja capacidad para crecer.
Las turbulencias mundiales acentúan esta urgencia. Las tensiones geopolíticas y las rivalidades tecnológicas están alterando las condiciones externas del desarrollo. Asistimos al resurgimiento de barreras arancelarias, que alimentan la incertidumbre y reconfiguran las cadenas globales de valor. De forma paralela, la emergencia climática nos obliga a una rápida transición energética, que requiere inversiones importantes, pero que es también una oportunidad estratégica para una transformación productiva verde. Los avances en la inteligencia artificial están transformando los mercados laborales y la producción, al tiempo que ofrecen oportunidades extraordinarias para quienes puedan adaptarse de forma ágil.
En esta nueva visión, las políticas de desarrollo productivo se conciben como esfuerzos colaborativos que reúnen a los sectores público y privado, la academia y la sociedad civil para impulsar agendas estratégicas que fomenten la productividad y el crecimiento. ¿En qué se diferencia esta nueva visión de enfoques del pasado? En que, en lugar de poner de frente los aranceles o los subsidios, presentan la gobernanza como el pilar fundamental para lograr la transformación productiva.
Este es el mensaje en el informe que recientemente lanzamos en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y en que subrayamos cuatro prioridades de acción: la primera es la productividad, que es una debilidad estructural de la región. Entre 2014 y 2024, la productividad laboral por hora trabajada en América Latina y el Caribe disminuyó un 3,3%, mientras que aumentó un 21,6% en todo el mundo. 2017 marcó un punto de inflexión: a partir de ese año, la productividad media de la región ha sido inferior a la productividad media del mundo. Los países de la región no solo deben aspirar a cerrar esta brecha, sino a mantenerse en niveles de productividad superiores a la media mundial. Para ello, se necesitan políticas de desarrollo productivo que trabajen agendas productivas sectoriales para dinamizar el crecimiento, apoyen a empresas de todos los tamaños, refuercen las capacidades de aprendizaje e innovación y reduzcan las disparidades territoriales.
La segunda prioridad es la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI). La inversión en investigación y desarrollo sigue siendo baja y poco estratégica. Mientras América Latina y el Caribe destina alrededor del 0,6% del PIB a investigación y desarrollo, el promedio en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea supera el 2%. Sin embargo, la eficacia de las políticas de CTI no depende solo de la cantidad de recursos invertidos, sino también de la calidad de las estrategias, la solidez del diseño institucional, la capacidad de los organismos de ejecución y la coherencia entre instrumentos y objetivos. Por lo tanto, será clave que la región destine gran parte de sus inversiones en CTI a fomentar la transformación económica y el crecimiento de la productividad.
La tercera prioridad es la articulación productiva, es decir la capacidad de las empresas, los gobiernos y otros actores para colaborar en torno a prioridades y programas estratégicos. Cientos de iniciativas clúster y otras iniciativas de articulación productiva en América Latina y el Caribe muestran que, cuando empresas, universidades e instituciones públicas se alinean en torno a objetivos compartidos, los resultados superan lo que cualquier actor podría lograr por sí solo.
La cuarta prioridad es el desarrollo verde e inclusivo. La transición energética es tanto una necesidad medioambiental como una oportunidad para redefinir la base productiva de la región. Invertir en tecnologías limpias, industrias verdes y modelos de negocio inclusivos puede crear trabajo decente, ampliar la participación en el mercado formal y reducir la desigualdad, al tiempo que se cumplen con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y se integra a la región en nuevas cadenas globales de valor.
Lo que está en juego no podría ser más importante. Si persisten las tendencias actuales, América Latina y el Caribe se enfrenta a un crecimiento lento y mediocre, una frustración creciente de sus poblaciones y una mayor vulnerabilidad en una economía mundial fragmentada. Pero si aprovecha este momento, la región puede transformar sus economías, fortalecer sus democracias y contribuir significativamente a la transición verde mundial y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claridad estratégica, políticas ambiciosas y acción coordinada —en los países, en toda la región y con los socios mundiales— son indispensables para transformar los riesgos y disrupciones en oportunidades.
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