Roberto Garrido, fiscal: “En los grupos que operan en la Macrozona sur, hay una actuación que no es distinta a la del Tren de Aragua”

Uno de los crímenes que mayor impacto ha provocado en Chile, al menos el último año, fue el asesinato de tres carabineros —Carlos Cisternas, Sergio Arévalo y Misael Vidal—, el 27 de abril de 2024 en Cañete, en la región del Biobío, en la Macrozona sur. Emboscados por la noche cuando controlaban el arresto domiciliario de un detenido por una causa de drogas y armas, fueron asesinados a balazos y luego sus cuerpos quemados en las cercanías dentro de su camioneta institucional. Detrás de la investigación, con la que se logró la detención de los tres autores —el último de ellos, Tomás Antihuen Santi, fue capturado el viernes 21 ocho meses prófugo—, está el fiscal jefe de la región de La Araucanía Roberto Garrido (Concepción, 49 años). Era un caso complejo: ocurrió en la oscuridad, en un sector rural de caminos sinuosos, no había testigos directos y las cámaras de seguridad eran escasas.

Pese a esas dificultades, Garrido cuenta que cuando arrancó la indagatoria, junto a su equipo mantuvieron “la confianza” de que avanzarían. “Sabíamos que iban a existir presiones [por resultados rápidos] y probablemente críticas por intereses bien cuestionables del mundo político, pero teníamos la tranquilidad de que lograríamos la detención de las personas”, señala en esta entrevista con EL PAÍS.

De hecho, tres meses después del triple crimen fueron detenidos Felipe (29 años) y Yeferson Antihuen Santi (19), además de Nicolás Rivas Paillao (19), por facilitar una escopeta. El cuarto, Tomás Antihuen (25), hermano de dos de los imputados, fue ubicado en una casa de propiedad de un hombre que es parte de uno de los grupos radicalizados que operan en la Macrozona sur. Este lunes, cuando fue formalizado, el juez que dirigió la audiencia, Cristian Rosenberg, dijo que el asesinato “se ejecutó con un grado de desprecio por la vida humana pocas veces visto”.

Dos de los hermanos tenían antecedentes. Previo al triple crimen, tras un robo de una camioneta, se encontró el teléfono móvil de uno de ellos y, cuando fue analizado, había una imagen que a Garrido le llamó la atención: “Era una búsqueda relativa a los mártires de carabineros”, cuenta. Tomás Antihuen, en tanto, en 2020 estuvo seis meses en prisión por lanzar bombas molotov a un vehículo policial, con los funcionarios dentro, en una manifestación en Cañete. El fiscal recuerda que en la cárcel realizó una huelga de hambre porque se consideraba “un preso político”. Incluso, detalla que en el sector donde ocurrió el homicidio de los policías, todavía existen rayados que lo reivindican como tal.

Pregunta. En la audiencia dijo que los carabineros fueron ejecutados. Es una palabra muy fuerte.

Respuesta. La dinámica de los hechos que se puede reconstruir a partir de las evidencias, de algunas cámaras que captaron al vehículo policial a cierta hora; de las declaraciones de testigos que dicen que a determinada hora, coincidente con el registro de video, pasa la patrulla pero después no se devuelve por el mismo lugar, nos permitió ir acotando los tiempos. Por lo tanto, la acción fue bastante breve. Las características del lugar donde fueron asesinados, explica y se complementa, con los análisis tanatológicos a partir de las trayectorias balísticas en los cuerpos de las víctimas. Y eso indica que los carabineros tenían una posición de inferioridad física: o estaban de rodillas o recostados en el suelo cuando se les disparó.

P. ¿Le había tocado investigar un caso como este?

R. No me gusta hacer una comparación entre un caso y otro, pero acá hay un componente que se escapa absolutamente a la regla. He investigado homicidios, algunos cometidos de una manera muy cruenta, pero tres víctimas no es algo habitual. Y hay que agregar que eran tres funcionarios, y eso tampoco es común. En el ataque a un carabinero también hay algo simbólico. De hecho, descartamos que el ataque haya sido dirigido en contra de ellos, sino que pudo ser cualquiera que ese día cumplía esas labores.

P. ¿Cuál fue el móvil del crimen? ¿Una muestra de fuerza o el robo de las armas?

R. Desde mi punto de vista, hay una intencionalidad ganancial inmediata, que es hacerse de las armas. Y eso queda demostrado con las que se recuperaron en las inmediaciones del domicilio [donde fue el crimen]. En el caso de Tomás Antihuen, no solo tenía el arma de uno de los carabineros, sino que era con la que les disparó. Y si pensamos además que [los hermanos] cometían normalmente delitos para los que se requiere armas y municiones, además de contar con chalecos antibalas y otras medidas de protección que los funcionarios tenían consigo, ahí hay una ganancia inmediata. El día en que se ejecuta la acción [el aniversario de Carabineros], el hecho de trasladar posteriormente los cuerpos en el pick up de la camioneta, de incendiarla y de disparar de nuevo en ese lugar en contra del vehículo, es una demostración de fuerza. Entonces, el simbolismo es lo violento que representa el mensaje de desafío al Estado y el hecho de que lo se pretende es sembrar el miedo en la sociedad.

P. Por mucho tiempo se ha dicho que en la Macrozona sur hay violencia rural. ¿Sigue vigente el término?

R. Durante un tiempo usamos la expresión de violencia rural para englobar los fenómenos delictuales vinculados a la reivindicación de derechos. Pero es un concepto que empezó a agotarse, pues ya no describía lo que estaba ocurriendo en La Araucanía y en varias regiones de la zona sur. Y un avance importante en eso es la definición de este fenómeno como lo que realmente es: criminalidad que opera en el ámbito rural y que no tiene una finalidad política, sino que se enmascara bajo ciertos eslogan políticos.

P. ¿Y qué han constatado?

R. Que existen organizaciones con una actividad estable y un flujo de recursos a través de delitos comunes: robos [de vehículos], plantaciones de marihuana y por lo tanto tráfico; robo de madera a gran escala con maquinaria forestal y extorsión. Y cuando logramos las detenciones de estas personas, que fueron en aumento a contar del 2020, fueron reivindicadas como presos políticos. Incluso, hay homicidios a otras personas del pueblo mapuche. El caso de Freddy Marileo es ejemplar, pues está preso por matar a dos comuneros mapuche y su estrategia de defensa fue que había una persecución porque era mapuche. Entonces, ese discurso ha dejado al descubierto la verdadera naturaleza de esas organizaciones. Y eso ha hecho que vaya decayendo la violencia, que alcanzó un peak en 2021, pero ha tenido un descenso paulatino. Por eso es que el crimen de los carabineros se escapó de la regla y nos llama mucho la atención.

P. Describe robos, tráfico de drogas, armas, extorsiones. Una vez comparó a los grupos que operan en la Macrozona sur como el Tren de Aragua. ¿Lo puede explicar?

R. En 2021, uno de los hechos más violentos en La Araucanía fue el secuestro de dos personas en Collipulli, vinculadas a una supuesta sustracción de marihuana. Una de ellas logró huir; y quien quedó con los captores fue asesinado y descuartizado. Sus restos se intentaron disolver el ácido y después fueron quemados y arrojados al río. Ese acto causó gran conmoción en el país, pero tiempo después se conocieron en el norte de Chile casos tan graves como éste. Entonces, de los grupos que operan en la Macrozona sur hay una actuación que no es distinta a otras organizaciones criminales, por ejemplo, el Tren de Aragua. Y esa coincidencia más notoria es respecto a sus postulados que, en algunos casos, es más explícito que en otros: el control territorial. Sea en el sur o en el norte, lo que se pretende es expulsar al Estado. Eso explicaría, por ejemplo, la quema de infraestructura pública, como son las escuelas, que permite a quienes dominan ese territorio someter a las personas a su voluntad exigiendo pagos de dinero, cometiendo delitos, refugiándose y alegando que ellos ejercen el control en esa parte de la región.

P. ¿Le costó transmitir a la opinión pública que había criminalidad organizada?

R. No es un cambio que nosotros hayamos motivado. Nuestro trabajo es dejar en evidencia ante los tribunales cuáles son los delitos y la forma de organización de estos grupos. Y eso fue llevando a la ciudadanía a reconocer que no estamos frente a organizaciones que tengan una lucha romántica de beneficio para la población, porque lo que han hecho durante mucho tiempo es beneficiarse directamente ellos o sus líderes. El ataque a vehículos de empresas de servicios públicos que realizan reparaciones de caminos, de ninguna manera está vinculado a reivindicación de derechos. Tampoco estamos frente a formas de protesta violenta, como en algún momento se pretendió justificar. Y no explica por qué sus víctimas no son las grandes empresas forestales como se sostenía, sino pequeños empresarios que pierden todo su capital de trabajo. Además, una vez que estas organizaciones lograban un control territorial, en lugar de restituir estas tierras que consideran usurpadas a las comunidades y realizar una forma de vida de acuerdo con esta cosmovisión, a lo que se dedicaron fue a realizar explotaciones forestales.