La Corte Suprema chilena agudiza su crisis: tres de sus jueces enfrentan acusaciones constitucionales

El Poder Judicial chileno vive una de sus peores crisis desde el retorno de la democracia, luego que diputados tanto de la oposición como del oficialismo de izquierdas presentaran este lunes acusaciones constitucionales, que podrían derivar en destituciones, de tres jueces de la Corte Suprema, a quienes se les imputa notable abandono de deberes: Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, ambos mencionados, pero en distintos grados, en la trama del caso Audios y Sergio Muñoz, por una arista distinta ligada a otra causa.

Los libelos han sido interpuestos en forma separada por la oposición y el oficialismo. Mientras diputados de Chile Vamos, el conglomerado de la derecha tradicional, ha cargado en contra de Vivanco y Muñoz, ambos integrantes de la tercera sala constitucional, la más influyente de la Corte Suprema, parlamentarios del oficialismo y de la Democracia Cristiana han presentado acusaciones en contra de Vivanco y Matus.

De los tres magistrados, Ángela Vivanco es quien enfrenta la situación más compleja, pues en paralelo sus pares de la Corte Suprema han levantado en su contra un expediente de remoción, mientras que la Fiscalía abrió una indagatoria penal, allanó su casa e incautó su teléfono móvil y su ordenador. Las filtraciones, publicadas por el medio Ciper Chile de sus conversaciones por WhatsApp con el penalista Luis Hermosilla, protagonista principal de la trama del caso Audios y en prisión preventiva desde fines de agosto, han revelado distintas conductas, que van desde la petición de ayuda al abogado para ser nominada en 2018 en el máximo tribunal e influir en las nominaciones de otros altos cargos de Poder Judicial, a la posible entrega de información sobre causas en las que él litigaba. El Ministerio Público también la investiga por posibles irregularidades en “la tramitación y conocimientos de causas”, entre ellas una que enfrentó a la firma de capitales bielorrusos y chilenos Consorcio Belaz Movitec Spa con la cuprífera estatal Codelco.

Vivanco mantuvo conversaciones con Hermosilla entre 2018 y 2023. Para cuando le envió el primer Whatsapp, el abogado era un importante asesor jurídico del Ministerio del Interior del Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), que encabezaba Andrés Chadwick. El exsecretario de Estado es, a la vez, muy cercano al penalista y ambos compartieron una oficina jurídica hasta que en noviembre del año pasado estalló la trama del caso audios, que ha salpicado a distintos personajes del mapa del poder chileno.

El caso de Matus

El caso de Jean Pierre Matus, quien es parte de la sala penal de la Corte Suprema, es diferente al de Vivanco. Si bien también mantuvo conversaciones con Hermosilla, de acuerdo con los chats que han sido filtrados hasta ahora, habrían ocurrido antes de que fuera nombrado en la Corte Suprema, en octubre de 2021. El juez, en distintas declaraciones a los medios chilenos, ha sostenido distintas versiones de su relación con el abogado y ha negado que el vínculo continuara desde que es magistrado.

A raíz de la trama del escándalo de los audios, durante la audiencia en que la Fiscalía realizó la formalización de cargos en contra de Hermosilla a fines de agosto, y por una publicación de Ciper Chile, se supo que Matus en 2019 había trabajado junto al penalista en una parte de la defensa de Chadwick cuando fue acusado constitucionalmente por parlamentarios de la izquierda tras el estallido social de octubre de ese año. Para el diputado democristiano Erick Aedo, el magistrado “le ha mentido al país” y, además, se le carga no haber mencionado ni al abogado ni a Chadwick en la lista de inhabilidades que presenta cada juez de la Suprema.

Vivanco y Matus son parte de los cinco cupos –de 21 asientos– que tiene la Corte Suprema chilena para que abogados que no son de carrera judicial puedan ser nombrados en la Corte Suprema. Ambos, previo a convertirse en magistrados, eran profesores universitarios y en paralelo ejercían la profesión en forma privada. Vivanco además fue candidata en 1997 a diputada por Renovación Nacional, uno de los partidos que impulsa el libelo en su contra; Matus años atrás militó en el Partido Socialista.

A diferencia de Sergio Muñoz, quien llegó a la Suprema en 2005 por una propuesta del expresidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) después de una larga carrera como juez del crimen, Vivanco y Matus fueron los candidatos que eligió el expresidente Sebastián Piñera.

En Chile el mecanismo de nombramientos del máximo tribunal requiere de la participación de los tres poderes del Estado: primero la Suprema elabora una quina, que selecciona entre postulantes. Luego, de esas propuestas el presidente de la República elige un nombre, que debe ser ratificado en el Senado por alto un quórum: dos tercios.

Tras el caso Audios, el Gobierno del presidente Gabriel Boric empuja un cambio en el sistema de designaciones de todos los puestos de jueces del Poder Judicial, además de una propuesta para regular los conflcitos de interés de magistrados, fiscales, defensores penales públicos y abogados que litigan en forma privada.

Muñoz y su hija jueza

En medio de la crisis que vive el Poder Judicial, y aunque no está vinculado al escándalo político y judicial del caso Audios, la oposición ha presentado también una acusación constitucional en contra del presidente de la sala constitucional, Sergio Muñoz. El magistrado, quien a comienzos de la década de los 2000 investigó violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es considerado cercano a la izquierda.

El libelo en su contra se remite a hechos que se hicieron públicos en 2022 y tienen que ver con la hija del magistrado Graciel Muñoz, quien es jueza de garantía de Santiago.

Ese año, la inmobiliaria Fundamenta pidió recusar al ministro de la Suprema a fin de que se inhabilitara de seguir conociendo una causa, radicada en la sala constitucional, relacionada con un recurso presentado por un grupo de vecinos en contra de la construcción de un proyecto en el sector oriente de Santiago. Su hija había firmado un compromiso de compraventa para adquirir dos departamentos y llamó a la firma, de acuerdo con el testimonio de la jefa de proyectos de la empresa, para desistirse, recuperar su abono y traspasarlo a otra inversión. El argumento de la abogada fue que su padre se lo recomendó.

Tras la denuncia, Sergio Muñoz se inhabilitó del caso, y la audiencia se realizó de nuevo. “Mi hija Graciel Muñoz tiene una vida propia, tomando autónomamente sus propias determinaciones”, señaló en su respuesta. En la acusación constitucional se le imputa notable abandono de deberes al no haber informado, en la vista de la causa, que había interés patrimonial de una familiar directa. Además, se le ha sumado un segundo capítulo, también relacionado con su hija, por no haber denunciado que durante la pandemia ella realizó trabajo telemático desde Italia, es decir, fuera de la jurisdicción chilena.

Las tres acusaciones constitucionales están en su primera etapa. Ahora serán analizadas por distintas comisiones y luego la Cámara de Diputados las revisará. De aprobarse, pasan al Senado.

En la historia de los últimos 30 años de la Corte Suprema chilena solo una vez un juez fue destituido por el Congreso y otro expulsado del Poder Judicial.