Denuncias por tráfico de influencias en la Corte Suprema chilena: el sistema de nombramientos al banquillo

La Corte Suprema chilena ha resuelto suspender la vista de todas sus causas este miércoles para reunirse en pleno, es decir, con todos sus integrantes, a fin de tratar un asunto escandaloso e incómodo, y que el ministro de Justicia del Gobierno del presidente Gabriel Boric, Luis Cordero, ha denominado como “comunicaciones impropias”. Se trata de mensajes de WhatsApp, revelados por el medio Ciper Chile, que salpican a miembros de altas esferas del Poder Judicial chileno: muestran cómo jueces de los tribunales superiores pedían favores a otros para lograr nombramientos de notarios o bien buscaban y recibían apoyos políticos para sus propias designaciones.

Las conversaciones que han sido reveladas son de distinta categoría y, además de Cordero, se ha pronunciado la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, quien dijo este martes a Radio ADN sobre las denuncias que, “más que conmoción, ha generado una indignación en el país, porque es otro caso que se revela como posible delito de tráfico de influencias e irregularidades para los procesos de nombramiento de instituciones que son muy claves en el sistema de justicia chileno”. Y agregó: “Lo que uno espera es que esto pueda llegar hasta las últimas consecuencias. En eso, como cualquier ciudadano, nosotros como Gobierno también esperamos que eso suceda”.

En entrevista con CNN, el ministro de Justicia señaló que los diálogos revelados “tienen un elemento en común y es que hay comunicaciones que son impropias”. Y agregó que “hay un amplio acuerdo, incluyendo a la Corte Suprema desde el 2015, de que el sistema de nombramiento tiene que ser modificado. El problema estructural que tenemos no está solo en la Suprema, lo que pasa que el de la Suprema tiene bastante escrutinio”. También dijo que “el problema no es el Senado, sino las prácticas de comunicaciones impropias para promover determinados candidatos o determinados mecanismos”.

Por segunda vez en 2024, la fórmula de nombramientos en el Poder Judicial, pero particularmente en la Corte Suprema, está en cuestionamiento, y lleva años en esa situación. Incluso, en los dos procesos constitucionales, de 2022 y 2023, se intentó cambiar, pero el fracaso de ambos proyectos congeló los cambios. El sistema de designaciones del tribunal supremo debutó en 1997 y en él intervienen los tres poderes del Estado. Primero los ministros postulantes presenten sus antecedentes ante el pleno el máximo tribunal que, tras escucharlos en una audiencia pública, elabora una quina. De estos cinco nombres, el presidente de la República elige uno que debe ser ratificado por los dos tercios del Senado. En el caso de los jueces de las cortes de Apelaciones, en tanto, presentan sus cartas ante el máximo tribunal, que luego envía una terna con los escogidos al mandatario para que elija un nombre.

En marzo, la Corte Suprema admitió que el sistema de nombramientos “podría permitir algunos espacios de opacidad” y destacó que había tomado medidas “por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros”, entre ellas la evaluación curricular y trayectoria profesional de los y las postulantes, y, en especial, “la celebración de audiencias públicas para escucharlos en igualdad de condiciones”. Fue una declaración que el Pleno hizo empujado por la revelación de conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla, protagonista del caso Audios, y el ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, quien le pidió en 2019 y 2020 ayuda para ser nombrado en la ciudad de Santiago (estaba en Copiapó, en el norte de Chile). En esa época, el penalista Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior del Gobierno del presidente Sebastián Piñera, de la derecha tradicional (2010-2014; 2018-2022).

Los mensajes

Esta vez, sin embargo, los WhatsApp que han sido publicados han rociado a más miembros y exintegrantes del Poder Judicial. Fueron obtenidos del teléfono móvil, incautado en abril de 2023, del exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Antonio Poblete. El juez dejó el Poder Judicial a comienzos del año pasado, en la víspera de que fuera formalizado por la Fiscalía por el caso Operación Topógrafo, por autorizar en forma irregular una docena de interceptaciones telefónicas de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), entre ellas a periodistas. Hoy se encuentra en prisión preventiva en el penal Capitán Yáber.

En uno de los mensajes, interceptados en el marco de la Operación Topógrafo, Poblete pidió apoyo a Mario Desbordes, un exministro de Defensa del Gobierno del expresidente Piñera para que la jueza María Teresa Letelier, entonces ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, parte de la Región Metropolitana de Santiago, fuera nombrada en la Corte Suprema, algo que ocurrió el 26 de mayo de 2021. La magistrada, quien postulaba por primera vez al máximo tribunal, fue nominada por Piñera y ratificada por la votación unánime del Senado.

En otros mensajes, Poblete se comunicó en 2021 con el ministro de la Corte Suprema Mario Carroza. Según Ciper Chile, Carroza le envió un mensaje del juez Antonio Ulloa, en el que se solicitaba favorecer la postulación de un notario para Tierra Amarilla, un municipio ubicado en el norte del país. De acuerdo con la legislación chilena, los notarios, un cargo muy codiciado por los abogados en Chile, son designados por el Presidente de la República, previa propuesta de una terna por la Corte de Apelaciones de cada ciudad (hoy están en curso una reforma impulsada por la Administración de Boric). Además, hubo otra conversación, entre el ahora exministro y exvocero del máximo tribunal Lamberto Cisternas también con Poblete, en el que le pide el voto para ayudar a la designación de una abogada en su postulación a una notaría en Lo Barnechea, en la Región Metropolitana de Santiago.

Los mensajes revelados del teléfono Poblete, contenidos en un informe de la Policía de Investigaciones (PDI), también alcanzaron a otro exministro de Defensa de Piñera entre 2018 y 2020, y actual consejero del Consejo de Defensa del Estado, Alberto Espina. Eran para que Poblete, en ese entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, acelerara la tramitación de un recurso que involucraba al Ejército para que se retiraran los cuadros en honor al general Manuel Contreras, exdirector de la policía secreta de Augusto Pinochet, la temida DINA, fallecido en agosto de 2015.

La reunión clave

Pero no es lo único a cargo de analizar por el pleno de la Corte Suprema este miércoles. Además de su sistema de nombramientos, tiene otro foco interno. Ciper Chile también publicó que el abogado Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, envió mensajes al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien en 2022 postulaba a convertirse en fiscal nacional (finalmente salió electo Ángel Valencia). En las conversaciones, esta vez extraídas del teléfono incautado del penalista Luis Hermosilla en el caso Audios, le ofrecía cursar un doctorado, declinar en su postulación a liderar el Ministetio Público y eventualmente ocupar un cargo en otra importante fiscalía de la zona metropolitana norte de Santiago. La comunicación fue publicada después de que Palma enviara un pantallazo de diálogo con Migueles a Hermosilla.

El domingo, la jueza Ángela Vivanco emitió un comunicado público en el que acusó “prejuicios e incluso errores” en la publicación que menciona a Migueles. “No es posible que por el solo hecho de que una persona sea hermano, hijo, pareja o cónyuge de un magistrado, se tienda sobre éste un manto de dudas y acusaciones de gozar de trabajo o de poder desempeñarse profesionalmente porque hay oscuras maniobras que así lo posibilitan”, señaló. El lunes, en una rueda de prensa, agregó sobre su pareja: “Son mensajes personales de él. Solamente voy a decir que aquí ha habido un exceso. Un exceso de buena fe por una parte, que desgraciadamente no fue considerado de la misma manera por la otra. El resto, me parece a mí que va a haber seguramente acciones en el caso, por lo cual no me corresponde pronunciarme a mí porque no fue en un entorno que yo tuviera participación”.

En la controversia, por la tarde de este miércoles, tras la cita la Corte Suprema resolvió nombrar a una nueva vocera, a la ministra Soledad Melo, quien anunció que como tribunal acordaron “necesario avanzar en la redacción de un Código de ética judicial”. También se anunció una mesa de trabajo para proponer una reforma al sistema de nombramientos.

Actualmente, la Corte Suprema chilena tiene dos funciones, una jurisdiccional y otra administrativa, que le da un poder tanto para designar cargos como para sancionar. Por ello, el pleno planteó “la necesidad de separar la función jurisdiccional de la administrativa y, entendiendo la urgencia que se requiere, retomará las gestiones que permitan lograr dicho objetivo, y radicar los nombramientos y otros asuntos relativos al gobierno judicial en un organismo que se establezca para tal efecto”.

Querellas y una investigación

Las comunicaciones del juez Poblete en las que pedía apoyo para designaciones de autoridades, entre ellas María Teresa Letelier, derivaron en una querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El organismo, como parte del caso Topógrafo que protagoniza Poblete, presentó una acción penal por tráfico de influencias.

Se ha sumado otra acción legal, pues Desbordes también se querelló por presunta prevaricación. La acción legal del exsecretario de Estado, quien ha negado que hubiese delitos en sus conversaciones con el juez Poblete, apunta a seis de los consejeros del INDH, que son quienes votaron a favor de presentar el libelo por tráfico de influencias. “Los querellados actuaron de manera abiertamente ilegal, exorbitando las facultades legalmente establecidas respecto a la legitimidad activa para presentar querellas criminales y torciendo grotescamente el sentido y alcance del tipo penal de tráfico de influencias, dejando en evidencia la existencia de espurios móviles subyacentes a su decisión”, dice el documento.

La Fiscalía chilena, a su vez, también ha abierto una indagatoria para investigar los mensajes del exministro Juan Antonio Poblete.

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