Los audios de Hermosilla reactivan el cuestionado sistema de nombramientos de los jueces en Chile

Los mensajes contenidos en el teléfono móvil del penalista chileno Luis Hermosilla que pesquisa la Fiscalía en el marco del Caso Audios, y que ya costaron la renuncia y la prisión del exdirector de la Policía de Investigaciones Sergio Muñoz, han reabierto el debate en Chile respecto del sistema de nombramientos de altos cargos en el Poder Judicial. Esto, luego que el medio de comunicación Ciper Chile publicara el fin de semana un artículo en el que señala que el abogado tuvo influencia en las designaciones de dos ministros, Jean Pierre Matus de la Corte Suprema y Antonio Ulloa, de la Corte de Apelaciones de Santiago, mientras postulaban a sus cargos en 2021. Era el mismo año en que Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior, que encabezaba Andrés Chadwick, del Gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, de la derecha tradicional (2010-2014; 2018-2022).

En el sistema de designaciones de la Corte Suprema chilena, que debutó en 1997, intervienen los tres poderes del Estado. Primero los ministros presentan sus antecedentes ante el máximo tribunal, que tras escucharlos en una audiencia pública elabora una quina. De estos cinco nombres, el presidente de la República elige uno que debe ser ratificado por los dos tercios del Senado. Los jueces de las cortes de Apelaciones, en tanto, presentan sus cartas ante el máximo tribunal, que luego envía una terna con los escogidos al mandatario para que escoja un nombre.

Tras la publicación de Ciper Chile, este martes el pleno de la Corte Suprema ha admitido en una declaración pública que el sistema de nombramientos, contenido en la Constitución, “podría permitir algunos espacios de opacidad”. Y ha dicho: “Esta Corte ha adoptado medidas en aras de velar por la objetividad y transparencia en los concursos para los cargos de jueces y ministros, entre las cuales se han afinado los procedimientos para ponderar, previo cumplimiento de los requisitos legales, la evaluación curricular y trayectoria profesional de los y las postulantes, y, en especial, la celebración de audiencias públicas para escucharlos en igualdad de condiciones”.

Tras las revelaciones, la comisión investigadora del caso Audios de la Cámara de Diputados anunció la citación a los ministros de la Corte Suprema para averiguar sobre un eventual tráfico de influencias, pero este martes el pleno del máximo tribunal rechazó la invitación: argumentó que “el Poder Judicial no participa en actos de Gobierno que puedan ser fiscalizados por la Cámara de Diputadas y Diputados, como tampoco forma parte de aquellos órganos que de acuerdo a la Constitución le corresponde fiscalizar”.

Las conversaciones con el abogado

Tanto Jean Pierre Matus como Antonio Ulla han reconocido haber hablado con Hermosilla, pero con diferente intensidad. Según Ciper, en los mensajes el abogado manifestó su apoyo a Matus para llegar a la Corte Suprema. Matus ha dicho: “No le pedí gestiones a mi favor, y desconozco que las hubiese hecho”. Pero admitió que contactó al abogado en medio del proceso de selección para ponerlo al tanto de una serie de aseveraciones y “críticas infundadas” contra su postulación debido a su cercanía con Piñera, quien debía escoger un nombre de una quina.

Este martes, en una entrevista con el diario La Tercera, Matus ha reiterado: “No le pedí al señor Hermosilla que hiciera ninguna gestión a mi nombre con senadores ni con ninguna otra persona”. Pero admitió que fue una de las personas a quienes llamó por teléfono antes de ser nominado por Piñera. “Yo hablé con las personas que podrían tener alguna posibilidad de, si les preguntaban, dar referencias como profesor y como experto en derecho penal, que es la razón por la cual yo entiendo que, en definitiva, después de un exhaustivo examen de dos días, el Senado determinó en un examen público que tenía las competencias y posteriormente terminó aprobando mi nominación”.

En cambio, Antonio Ulloa, exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, fue más directo. Dijo que contactó a Hermosilla en las dos oportunidades en que postuló a la Corte de Apelaciones de Santiago –primero en 2019 y luego en 2021–, cuando era parte de una terna y logró ser electo por Piñera. Sobre Hermosilla, dijo a Ciper: “Él hizo el intento de ayudarme y resultó, claro que sí”. Agregó que, tal como está diseñado el sistema de nombramientos en Chile, “siempre va a haber ayuda externa, siempre se va a buscar esa ayuda. ¿O tú crees que para los cargos de fiscal regional, de fiscal nacional, no existe también esta búsqueda de contactos que puedan llegar a quién decide, a quién hace la terna? Eso siempre ocurre. Y por eso es que la Asociación de Magistrados ha luchado para cambiar el sistema”.

Un historial de cuestionamientos

Hasta 1997, cuando se cambió el sistema de nombramientos, los jueces de la Corte Suprema eran designados por los presidentes de la República después de que los mismos integrantes del máximo tribunal seleccionaban una lista de finalistas. Fue durante el Gobierno del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994- 2000) que su entonces ministra de Justicia, Soledad Alvear, lideró una reforma constitucional para elaborar una nueva fórmula de las designaciones, que incluyó por primera vez la participación del Senado para ratificar los nuevos cargos.

Buena parte de esa modificación tuvo que ver con la transición a la democracia, pues cuando asumió la Concertación, la coalición de centroizquierda que gobernó Chile entre 1990 y 2010, la Corte Suprema estaba integrada solo por jueces nombrados por el dictador Augusto Pinochet (1973-1999). Y una nueva generación de ministros permitiría que se reactivaran y se investigaran las violaciones a los derechos humanos, lo que finalmente ocurrió.

La reforma de Alvear implicó también poner por primera vez un límite de edad de 75 años para permanecer en la Corte Suprema, lo que implicó la jubilación de gran parte de los ministros designados por Pinochet. También se elevó el número de integrantes de 17 a 21 miembros y de ellos, cinco no son de carrera judicial, sino que abogados externos, en su mayoría académicos, como ha sido el caso de Jean Pierre Matus.

Aunque la intervención del Senado primero fue aplaudida, rápidamente comenzó a ser cuestionada. En 1998, un año después de la reforma, la Cámara Alta rechazó el ascenso del juez Milton Juica, pues la derecha lo vetó al considerarlo un magistrado cercano a la izquierda por su investigación en un proceso de violaciones a los derechos humanos en la dictadura, en el que condenó a expolicías por el degollamiento en 1985 de tres militantes comunistas opositores a Pinochet.

Para el gremio de los jueces, el caso de Juica fue la primera alerta de que el sistema iba a politizarse. De hecho, aunque no está escrito, en adelante las izquierdas y las derechas han ido alternando la nominación de los magistrados. Asimismo, a Juica, hoy jubilado, se han sumado al menos cuatro situaciones en las que se han rechazado ascensos. El último traspié fue en agosto 2020, cuando el candidato de Piñera al máximo tribunal, Raúl Mera, no logró los votos en el parlamento: parte de la izquierda le cuestionó una antigua resolución en la que absolvió a cuatro expolicías tras investigar el crimen, ocurrido en 1988, de dos exmiembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo que tomó las armas en la dictadura.

Pero hay otro factor que gran parte de la judicatura cuestiona del actual sistema de nombramientos: el papel que juega la Corte Suprema en las designaciones, pues es un órgano que, además de tener tareas jurisdiccionales, es decir, como máximo tribunal revisa los fallos de los jueces, también está a cargo de sus ascensos. Es lo que los magistrados en Chile llaman, irónicamente, el besamanos: tener que congraciarse con sus superiores para hacer carrera.

En 2021, el entonces ministro de Justicia de Piñera, Hernán Larraín, presentó un proyecto de ley para crear una Comisión nacional de nombramientos judiciales, pero la moción no avanzó. También, los dos fallidos procesos constitucionales que ha vivido Chile en los últimos cuatro años propusieron cambios.

La Corte Suprema y el gremio de jueces se han manifestado a favor de modificar el sistema.

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