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En prisión preventiva Sergio Muñoz, el destituido jefe de la policía de Chile que filtró información reservada al abogado Luis Hermosilla

Tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado, CDE, pidieron este martes la medida cautelar ante tribunal

Sergio Muñoz llega a la audiencia de formalización esta mañana en Santiago (Chile).
Sergio Muñoz llega a la audiencia de formalización esta mañana en Santiago (Chile).Elvis González (EFE)
Rocío Montes

El que era hasta el viernes el director general de la Policía de Investigaciones, PDI, Sergio Muñoz Yáñez, este martes ha quedado en prisión preventiva, luego de la formalización que ha hecho la Fiscalía por el delito de violación de secreto, en las reiteradas filtraciones de información reservada al abogado Luis Hermosilla, un penalista influyente chileno. Lo pidió ante el tribunal tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el órgano que asume la defensa de los entes públicos del país sudamericano. Su defensa, representada por Juan Carlos Manríquez, había apelado al arresto domiciliario. En la audiencia, que se ha realizado durante más de siete horas en el Centro de Justicia de Santiago, la Fiscalía ha realizado un detallado relato sobre las filtraciones realizadas por Muñoz a Hermosilla, que se comenzaron a producir prácticamente desde que asumió el máximo cargo de la policía civil, el 10 de junio de 2021, sobre diversas causas de alta connotación pública.

Para la jueza Francis Fell, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, “en cuanto a la sospecha grave y fundada de que el señor Muñoz pudiera obstaculizar la investigación, se encuentra suficientemente fundada en su actuar y en la naturaleza, forma y comisión de los propios delitos por los que ha sido formalizado”. Por lo tanto, dijo la magistrada Fell, “la prisión preventiva, por ahora, resulta indispensable para el éxito de una investigación que está recién comenzando”, una medida proporcional y necesaria “por el peligro de la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias”.

Muñoz deberá cumplir la medida preventiva en la Brigada de Reacción Táctica PDI, del municipio de Cerrillos, en la Región Metropolitana de Santiago. El tribunal estableció un plazo de 120 días de investigación.

El abogado del CDE, Daniel Martorell, en la audiencia habló directamente de “corrupción”. Felipe Sepúlveda, el fiscal jefe de Las Condes, agregó: “Ha defraudado la confianza que ha puesto el sistema sobre él”. Antes, los fiscales Lorena Parra y Francisco Lanas detallaron una a una las filtraciones y aseguraron ante el tribunal que, por ejemplo, Muñoz realizó revelaciones “con fotografías de distintos requerimientos” al abogado Hermosilla, asesor del Ministerio del Interior en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), aunque con inmejorable llegada a diferentes sectores políticos. Entre los oficios enviados habían documentos relacionados a la polémica compraventa de la minera Dominga, que implicaba directamente a Piñera. “Estimado Luis, te comento que tengo un requerimiento en el caso proyecto de minera Dominga, debiendo requerir la entrega voluntaria de las escrituras de constitución y modificaciones”, leyó Lanas.

Muñoz entregó a Hermosilla información sobre su antecesor, Héctor Espinosa, formalizado por lavado de activos el 2021 y cuya hoja de vida desapareció extrañamente y nunca fue entregada a los fiscales que investigaban la causa. Hermosilla era el abogado defensor. La Fiscalía detalló que “el señor Muñoz declaró ayer [lunes] en la Fiscalía. Él reconoce haber mandado esta información al señor Hermosilla, pero, básicamente señala que lo hace con el afán de proteger, en el caso de Héctor Espinoza, el prestigio de Policía e Investigaciones. Y en el caso de las otras causas, por tratarse de figuras connotadas y que él debía estar en conocimiento de estas noticias, de estos antecedentes de causas relevantes”. La fiscal Parra agregó que la indagatoria apunta a que las revelaciones “buscan un fin distinto” y que “existen antecedentes suficientes para dar por acreditados delitos reiterados”.

Las otras causas sobre las que se filtró información son relativas a los líos de dinero en el municipio de Vitacura, el casino Enjoy y las indagatorias contra Felipe Guevara.

El abogado defensor del expolicía negó que hubiera una “obediencia perruna” de Muñoz a Hermosilla, como se aseguró en el transcurso de la audiencia. Incluso, detalló que se conocieron en 2020 por medio de Espinosa –su antecesor– en algún evento social, pero que recién en 2021, cuando asumió la dirección general, retomaron el contacto. Sobre la hoja de vida desaparecida de su antecesor, el abogado Juan Carlos Manríquez dijo que estaba perdida cuando llegó al cargo.

Manríquez, a su vez, aseguró que el viernes su defendido tuvo tres reuniones en La Moneda y nadie del Gobierno le pidió la renuncia y que solo en el tercero de esos encuentros, con el presidente Boric, fue Muñoz el que presentó su decisión de salida.

El delito de infracción al artículo 31 de la ley 19.913 tiene penas que comienzan en 541 días y pueden terminar en cinco años de cárcel. Mientras, la infracción al artículo 246 del Código Penal contiene una figura agravada, por lo que la pena puede ser reclusión mayor en cualquiera de sus grados. Por esta figura, Muñoz podría cumplir una pena superior a los cinco años, si la justicia entiende que incurrió en un grave daño para la causa pública. Para el tribunal, sin embargo, no solo se debe poner atención a la pena, sino a la naturaleza y forma de la comisión de los delitos, según aseguró la jueza Fell.

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Sobre la firma

Rocío Montes
Es jefa de información de EL PAÍS en Chile. Empezó a trabajar en 2011 como corresponsal en Santiago. Especializada en información política, es coautora del libro 'La historia oculta de la década socialista', sobre los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. La Academia Chilena de la Lengua la ha premiado por su buen uso del castellano.
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