Luis Cordero: “El ‘caso Hermosilla’ es un desafío para que el Poder Judicial retome su agenda de transparencia”

Dentro de las áreas de estudio de Luis Cordero como profesor de derecho administrativo de la Universidad de Chile está el Poder Judicial, pero en especial la Corte Suprema, a la que ha hecho seguimiento por más de dos décadas. A un año y dos meses de asumir como ministro de Justicia del Gobierno del presidente Gabriel Boric, analiza las aristas que abrió el caso del penalista Luis Hermosilla, cuyo teléfono es pesquisado por la Fiscalía. Lo hace a una semana desde que el medio de comunicación Ciper Chile revelara que el penalista pudo haber intercedido, en 2021 y mientras era asesor del Ministerio del Interior del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014; 2018-2022), en los nombramientos de dos jueces.

El actual ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, ha reconocido que en 2021 llamó a Hermosilla, antes de que Piñera escogiera su nombre de una quina de concursantes y lo enviara al Senado para su ratificación, para ponerlo al tanto de una serie de “críticas infundadas” contra su postulación. Matus ha dicho que lo hizo dada su cercanía con Piñera, y por si se pedían referencias suyas como académico y experto en derecho penal, pero que no le pidió gestiones a su favor y que desconocía que las hubiese hecho. Un segundo juez, Antonio Ulloa, admitió directamente haber pedido ayuda al abogado para ser nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y agregó que, tal como está diseñado el sistema de nombramientos, “siempre va a haber ayuda externa”, razón por la que, dijo, la Asociación de Magistrados “ha luchado” para cambiar la fórmula.

Las revelaciones del ‘caso Hermosilla’, que además derivaron en la renuncia y la prisión del exdirector de la Policía de Investigaciones Sergio Muñoz por filtrar información reservada, han reactivado en Chile las críticas a la forma en cómo se nombran los altos cargos en el Poder Judicial. Y la Corte Suprema, en una declaración del martes 26, ha reconocido que el sistema, que rige desde 1997, “podría permitir algunos espacios de opacidad”.

Cordero recibe a EL PAÍS en su oficina del ministerio de Justicia, ubicada a pocos metros del Palacio de La Moneda. Lo hace a pocos días de que anunciara que, en medio de la crisis de seguridad que vive Chile, la implementación una tecnología inédita en América Latina de inhibidores de números de teléfonos móviles en el perímetro donde hay tres cárceles en Santiago, entre ellas en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), donde se encuentran en prisión los principales líderes e integrantes de bandas transnacionales de crimen organizado.

Pregunta. ¿Le pareció una novedad que hubiese conversaciones de un abogado en medio de nombramientos judiciales?

Respuesta. La idea de que abogados que ejercen activamente la profesión puedan tratar de opinar o influir respecto de nombramientos, no es un asunto nuevo. Por lo mismo, desde que se reformó la Corte Suprema a finales de los años 90, el propio tribunal ha ido implementando distintos tipos de medidas con ese fin. Porque no solo tiene que ver con en ese tipo de comunicaciones, sino también con las que pudiera tener la política o, eventualmente, otros magistrados para preferir determinadas carreras por sobre otras.

P. Entonces ¿qué revela el caso de Hermosilla?

R. El caso Hermosilla lo que revela es la posición en la que puede estar un abogado que, además, es litigante activo. Pero que también asesoraba al Gobierno [de Piñera]. Hasta ahora no sabemos cuántas son las conversaciones, su dimensión y cuáles de ellas podrían ser delitos o no. En esto hay que distinguir aquellas que puedan ser comunicaciones impropias de aquellas que puedan ser delitos, es decir, donde se pueda entregar una información que está sujeta a secreto, haber obtenido una decisión a cambio de algo o que se hubiera condicionado un nombramiento. Los antecedentes que hay hasta ahora no permiten llegar a esa conclusión, pero es una investigación que está en curso y que lleva a cabo el Ministerio Público. Sin embargo, bastan las conversaciones impropias para revelar que hay un problema. Por eso es tan importante la declaración que hizo la Corte Suprema.

P. La Corte admitió que hay espacios de opacidad en el sistema.

R. Reconoció que hay un problema y que es necesaria una reforma. Pero, sobre todo, dijo que hay espacios de opacidad. Sé que estamos en un momento de escándalo, pero uno no puede negar que la Corte Suprema ha avanzado en medidas de transparencia en los procedimientos de concursos de jueces que, hasta hace unos años, no tenía. Por ejemplo, tiene reguladas las audiencias que recibe un juez. Y hoy, cuando se vota una terna, usted puede saber qué juez votó por quién. También realiza audiencias públicas [en las postulaciones] que son transmitidas por el canal del Poder Judicial. Lo ha hecho sin necesidad de reformas legales para mejorar los procesos de transparencia. Pero hay que eliminar y reducir los espacios de opacidad.

P. ¿Cuáles son esos espacios de opacidad?

R. Hay tres. El primero se produce en los intercambios de información en las promociones de una persona sobre otra en la conformación de las ternas [para ministros de cortes de Apelaciones] o las quinas [Corte Suprema]. El segundo tiene que ver con el Ejecutivo [que elige un nombre de una terna o una quina] y, el tercero, es cuando los senadores votan la propuesta del Ejecutivo. En todos ellos lo relevante es poder registrar públicamente quiénes puedan recomendar o no a un candidato. Y eso no es porque la recomendación per se sea mala, sino porque es conveniente transparentarla.

P. ¿De qué manera se puede transparentar?

R. Con la obligación de registrar cualquier comunicación y recomendación que se hubiese formulado en una reunión formal o en un contacto telemático o telefónico con alguna de las autoridades que participan del proceso de nombramiento. Es una forma de saber quién pudo haber manifestado preferencia por alguien y también de disuadir esas comunicaciones.

P. El exministro de la Suprema Pedro Pierry (2006 y 2016) dijo a El Mostrador que nadie en la Corte es nombrado “sin que se muevan todo tipo de influencias” ¿eso no supone que todos los jueces podrían haber tenido comunicaciones previas? ¿sería grave?

R. Las acciones que ha ejecutado la Corte en materia de transparencia apuntan a ir mejorando esto. Por eso, que la propia Corte Suprema reconociera espacios de opacidad es relevante, pues la única manera de avanzar es admitir que uno tiene el problema. Por eso es importante distinguir ese aspecto de lo que podría ser constitutivo de delito, que es lo que está en investigación del Ministerio Público. Pero lo que no podemos hacer, en beneficio de avanzar, es normalizar las prácticas del pasado donde se pudiesen haber producido comunicaciones impropias entre candidatos y, sobre todo, entre abogados que ejercen activamente la profesión. No porque se hubiese hecho siempre,+ es correcto para hoy y el futuro.

P. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de los abogados?

R. Una de las obligaciones de los abogados y abogadas, que está en el Código de ética profesional, es permitir el ejercicio adecuado de la independencia judicial. Esto es muy relevante en especial para quienes son litigantes, pues no pueden buscar tener incidencia en los mecanismos de nombramientos, pues es evidente que eso puede comprometer la parcialidad del sistema. Y por eso también el Colegio de Abogados ha sido muy claro, a propósito de la situación de Hermosilla, de que el secreto profesional tiene un límite y no puede cubrir la comisión de delitos. El caso Hermosilla es un desafío para el Poder Judicial para retomar su agenda de transparencia, probidad y de confianza hacia la ciudadanía, sobre todo porque es clave en la robustez de la independencia judicial.

P. ¿Es un desafío en qué sentido, si el Poder Judicial ha sido golpeado con el caso?

R. Es un desafío porque cuando la Corte declara que hay espacios de opacidad, reconoce que en esto hay que avanzar aunque no existan delitos. En el fondo [ha dicho el tribunal] que ‘no podemos normalizar esas prácticas del pasado como legítimas hacia el futuro’. Es decir, que se hubiesen hecho antes, no significa que ‘nosotros debemos sostenerlas en el futuro’.

P. ¿Cree que se debe modificar el sistema de nombramientos de la Corte Suprema? ¿hay apuro?

R. Lo urgente es abordar los espacios de opacidad para los llamados, contactos o recomendaciones, porque eso permite dar sanidad al sistema. Yo creo que hay buenas prácticas que el Poder Judicial podría llevar a cabo, sobre todo en un contexto de una agenda de integridad pública.

Una cárcel para el crimen organizado

P. ¿Qué expectativas tiene de la implementación de los inhibidores de teléfonos móviles en las cárceles?

R. Uno de los grandes temas del sistema penitenciario en Chile, y en distintas partes del mundo, son las acciones delictivas que no solo ocurren dentro de las cárceles, sino las que pueden ocurrir fuera a partir de comunicaciones desde el interior. Por eso es que en Chile en el último tiempo las cárceles son relevantes en la agenda de seguridad. Hoy dentro de ellas se realiza investigación e inteligencia criminal. Además, hay una fuerte colaboración entre el Ministerio Público y Gendarmería.

P. ¿Qué diferencia tiene este sistema con los anteriores intentos?

R. Hace más de una década que Chile ha tratado de implementar inhibiciones de celular, pero con tecnología que afectaba la frecuecia en torno a la cárcel. Esta vez hicimos una licitación en la que recibimos ofertas internacionales. Estamos en etapa de implementación en el barrio donde hay tres cárceles en Santiago. En volumen son aproximadamente 10 mil internos, que es el 20% de la población penal en Chile, pues Santiago tiene la mayor concentración penal del país. Es una tecnología muy precisa que en el resto de América Latina no existe. Inhibir celulares no es solo un beneficio para la seguridad, sino que implica cambiar patrones de conducta al interior de las cárceles.

P. ¿Puede implicar la disminución de delitos?

R. Es su objetivo, evitando la comunicación ilícita hacia el exterior para la comisión o la instrucción de delitos, desde estafas a sicariato, que es un delito que prácticamente Chile antes no tenía.

P. Chile tiene solo un penal de máxima seguridad en Santiago, remodelado en 2023 ¿Es la única cárcel en Chile que tiene visitas por locutorios?

R. Actualmente, sí. Hay otras cárceles en que hay módulos de máxima seguridad, pero esta es la única dedicada exclusivamente a alta seguridad, pues tiene tecnología y distintos tipos de cámaras. Cuando cerramos esa cárcel para su remodelación había un tipo de delitos, pero cuando la reabrimos el año pasado, había otros. Por eso hoy su foco es crimen es crimen organizado. Hoy la mayor concentración de personas que hay allí son líderes de bandas, y el 60% son extranjeros.

P. El fiscal nacional, Ángel Valencia, varias veces ha planteado la necesidad de construir una cárcel especial para el crimen organizado como las que hay en Italia para la mafia ¿qué le parece esa idea?

R. El modelo italiano no es simplemente de cárcel, sino de régimen penitenciario muy estricto, regulado por una ley. Entre otras cosas, allá no solo tienen comunicación solo por locutorios, sino grabaciones de imágenes y conversaciones. El Gobierno es partidiario de avanzar en este tipos de cárceles de máxima seguridad y régimen penitenciario para crimen organizado, y la evidencia hoy lo justifica. Pero requiere no solo infraestructura, sino también de una regulación precisa.

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