Resistiendo el chaparrón. A propósito de la tercera cuenta presidencial

Con la tercera Cuenta Pública del presidente Boric, y teniendo en el horizonte varios desafíos electorales, el Gobierno inicia su fase de repliegue con miras a resistir los últimos embates, dejando de lado de manera definitiva su agenda transformadora ya desechada con anterioridad, tras la derrota del 4 de septiembre de 2022 del plebiscito constitucional. Ni siquiera se puede hablar de un gobierno dedicado únicamente a la labor de administrar, dado que en materia de gestión el balance es desfavorable en educación, salud, cultura, orden público, reconstrucción, entre otras áreas. Aun así, el discurso fue optimista. Desde las primeras palabras, el presidente se mostró como un continuador de los gobiernos anteriores. No hizo alusiones a cambios, sino que se refirió a “estabilización”.

Tras homenajear al fallecido expresidente Sebastián Piñera, resaltó los logros y legados de los gobiernos de la exConcertación: al de Patricio Aylwin por la transición y la recuperación democrática; a Eduardo Frei Ruiz-Tagle por la apertura al mundo; a Ricardo Lagos lo definió como el constructor de nuestra democracia y a Michelle Bachelet por la protección social. Dijo que había que apostar por la justicia y el bienestar social “sobre la base de quienes nos antecedieron”. Su discurso estuvo centrado en metas en seguridad para las familias, el combate a la corrupción (como principal amenaza de la democracia), el crecimiento económico (e infraestructura pública) y el tema de los cuidados. Tras las palabras del presidente cabe preguntar: ¿será posible el cumplimiento de las metas, considerando que las tendencias en las mismas áreas muestran una realidad menos auspiciosa?

En el discurso hizo mención al cambio en la matriz energética (con referencia al hidrógeno verde). Sin embargo, la estructura productiva se ha mantenido inalterada hasta lo que va del actual gobierno. Las proyecciones muestran una clara acentuación del modelo extractivista, por sobre la superación. Junto a ello, el presidente se mostró optimista frente al crecimiento. Pero la recuperación económica ha sido lenta, permitiendo con ello un incremento de la informalidad. En términos de inserción laboral, las áreas con mayor aumento del empleo fueron el comercio (incluyendo el comercio informal) y la administración pública. Entre junio de 2023 y mayo de 2024, el desempleo fluctuó entre un 8,8 y un 8,5, al mismo tiempo que creció en más de un 3% el empleo informal.

Por otro lado, persisten una serie de problemas derivados de las catástrofes de los dos últimos años, como los incendios de enero y febrero de 2023, las inundaciones en la zona centro-sur, en especial en el Maule, ocurridas en el invierno del mismo año y los incendios que afectaron a localidades de Valparaíso y Viña del Mar en febrero. Los damnificados de estos últimos desastres han hecho ver la lentitud en el traspaso de recursos y en la reconstrucción de sus viviendas. Adicionalmente, existe un déficit importante en viviendas en todo el país. En los últimos cinco años los campamentos crecieron en un 56%. Mediciones realizadas en 2022 estimaron que se requerían alrededor de 550 mil viviendas para lograr responder al déficit habitacional. El presidente reconoció que se han construido y entregado 120 mil viviendas, incluyendo las iniciadas en el gobierno anterior. Días antes de la cuenta, el ministro Carlos Montes reconoció que la meta propuesta por el gobierno de lograr construir 260 mil viviendas estaba lejos de ser alcanzada.

Para poder mantener en discusión el tema de la reforma previsional, el Gobierno ha debido recurrir a una fórmula conocida y repetida: la nominación de una comisión de expertos (la Comisión Bravo 2.0), integrada por economistas de universidades y centros de estudios de todo el espectro. Una vez más, el gobierno pone en evidencia su improvisación y falta de claridad frente a un tema con en el que viene pregonando desde hace bastante tiempo. Sabido es que con estas comisiones transversales se busca dejar conforme a todos, independiente de lo propuesto y aprobado.

No se observa el mismo avance, en términos de discusión y de propuesta sobre la reforma al sistema político. El Gobierno ha tenido la oportunidad de liderar dicha reforma, aunque no le importa a buena parte del oficialismo. Se trata, por cierto, de algo necesario y urgente, pues está en juego el destino de la institucionalidad democrática en los próximos años. De lo contrario, se corre el riesgo de que dicha institucionalidad acreciente su condición de vulnerable frente a la tentación autoritaria. Como principal amenaza a la democracia, el presidente mencionó a la corrupción. Sostuvo, de manera categórica: “Hoy tenemos un Chile en paz donde nadie pone en duda a la democracia”. Afirmación que sería refutada por tendencias que se ven reflejadas en estudios de opinión pública, así como por el comportamiento de determinadas fuerzas políticas.

El presidente insistió en resaltar la idea de estabilización y en una parte de su discurso hizo una breve referencia a la “legitimidad del orden social”. Cabe destacar que si se asume que existe estabilidad, ella ha sido el resultado de la aplicación y de la renovación de los estados de excepción. En esto, el gobierno de Boric ha sido continuador del de Piñera. Por el solo hecho de tener que gobernar utilizando los estados de excepción, no se puede hablar de un país con capacidad para garantizar estabilidad y paz social. A ello se agrega el hecho de que la agudización de los problemas de seguridad, hacen que las personas en determinadas comunas y barrios vivan una suerte de toque de queda de facto, para evitar ser víctimas de la delincuencia, del sicariato y de los portonazos, que en la Región Metropolitana alcanzan un promedio de entre 20 a 25 diarios.

Los partidos de gobierno se han esmerado por tener controlado al movimiento social, al punto de provocar la desarticulación en algunos sectores, para asegurar la gobernabilidad. No se recuerda un período más inactivo para el movimiento sindical, no por haber sido superados los conflictos laborales sino por el control que los partidos del oficialismo ejercen sobre él. Lo mismo se podría decir del movimiento estudiantil (o de lo que va quedando de él), que ha tenido una actitud sumisa frente a decisiones adoptadas por el Ministerio de Educación. De lado (por no decir como un recuerdo) quedaron demandas relacionadas con el endeudamiento, el problema de la calidad y el financiamiento de la Educación en general. Se podría decir que la izquierda ha actuado del mismo modo a cómo lo hizo la exConcertación en la primera mitad de los años noventa, en relación al movimiento social. Distinta es la realidad de aquellos sectores que no son controlados directamente por el gobierno, como ocurre con varias de las tomas de pobladores en la región Metropolitana y en la de Valparaíso.

La relación entre el gobierno y la oposición, en términos comparativos, ha sido bastante menos tensa que las experimentadas por los gobiernos de Piñera y Bachelet. El presidente Piñera enfrentó una oposición social sin precedentes en sus dos administraciones, y a una oposición política siempre dividida y en ocasiones erráticas. Por su parte, la presidenta Bachelet debió enfrentar a una derecha cohesionada, en fase de crecimiento en su primera administración, o más robusta y con claras proyecciones durante el gobierno de la Nueva Mayoría. Nada de eso ha enfrentado el presidente Boric, no obstante carecer de mayoría y, a ratos, depender del apoyo de sectores al margen del oficialismo. Dos de los proyectos emblemáticos para el gobierno –reducción a 40 horas y aumento del salario mínimo–, contaron con el apoyo de buena parte de la derecha. Todos los proyectos en seguridad ciudadana, como reconoció el propio presidente, contaron con el apoyo de la oposición de derecha. En forma paralela, hace rato que la actitud del empresariado frente al gobierno viene siendo de complacencia, al punto de lograr consensuar la reactivación de la alianza público-privada. Como lo dijo en abril al diario La Segunda el expresidente de empresas concesionadas y exdirector de ENEL, Herman Chadwickm “a nadie le puede caer mal Boric (…) Él quiere sacar el país adelante y hay que ayudarlo”.

Han sido notorias las indefiniciones en el oficialismo, demostrando falta de liderazgo y de propuestas programáticas que permitan determinar las prioridades. Las indefiniciones se han hecho evidentes cuando se trata de abordar los temas de seguridad. Se ha pasado del discurso de la refundación de carabineros a exigir mayor presencia policial en las calles y, en determinados momentos, a demandar presencia de militares. Se comenzó hablando de reforma tributaria y hoy se habla de pacto fiscal. Se habló de derogación del Crédito con Aval del Estado (CAE) y enfrentar la deuda histórica de los profesores, pero ya se habla sólo de buscar soluciones y de abordar los temas de manera gradual. Por último, se ha pasado de proponer superar el neoliberalismo, a priorizar un “crecimiento con equidad y cohesión social”, algo similar, en lo discursivo, a lo propuesto por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) a inicios de los 90′ y por la ex Concertación.

En suma, la actitud del gobierno, desde la Cuenta Pública de 2023 hasta hoy, pareciera ser la de intentar resistir el chaparrón, como quien en ocasiones debe enfrentar una fuerte tempestad, con poco abrigo y con un paraguas desarmado. Así, el gobierno busca cumplir con la misión más básica de todas, cual es la de lograr terminar su mandato sin importar el legado. Pese al optimismo trasmitido en la cuenta, en sus metas y en el futuro.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS Chile y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.