Movilización social y reformismo imposible

“El Gobierno debe recurrir al debate ciudadano, a la movilización social, a la recolección de firmas, a todos los mecanismos que pongan en evidencia cuál es la opinión que tiene la ciudadanía con los grandes temas”. Es con estas palabras que el senador comunista Daniel Núñez describió el ánimo de ese partido tras la pérdida de la presidencia del Senado por parte del oficialismo, desatando un vendaval de críticas en la derecha y un evidente distanciamiento del gobierno con ese llamado a la movilización social por las reformas. Solo encontró algún eco en Diego Vela, presidente del partido Revolución Democrática.

El problema planteado por el senador Núñez se sitúa en varios niveles.

En primer lugar, la invocación a la movilización social gatilló todo tipo de miedos en la derecha económica, así como pesadillas y fantasías en la derecha política, al encontrarse todavía traumatizados por el estallido social de octubre de 2019 (el que por lo demás goza de pésima reputación según las encuestas de opinión). Es cierto: no hay razón para asumir traumas ajenos, pero sí para considerarlos a la hora de hacer política cuando se trata de actores que estarán directamente implicados en la negociación legislativa y en el diálogo gremial.

En segundo lugar, el llamado a la movilización por las reformas no repara en que sobre varias de ellas (especialmente en el debate previsional), las izquierdas se encuentran severamente dominadas por el discurso ideológico de derechas que subraya que las cotizaciones de los afiliados al sistema privado de AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) son solo de las personas. Si bien existe un verdadero colapso de la marca AFP entre los chilenos, esto no significa que la opinión pública se encuentre orientada hacia un sistema de reparto, ni menos hacia el principio que lo sustenta, la solidaridad. La creencia (de derechas) sobre el destino natural de las cotizaciones hacia las cuentas individuales ha calado muy hondo: nada se saca con reivindicar la movilización social para introducir reformas solidarias en este ámbito de la realidad cuando las creencias de los chilenos se refieren a un sistema exactamente opuesto. Si la movilización social apunta a producir cambios políticos en el corto plazo, la creencia neoliberal en la salvación individual basada en el esfuerzo personal supone una lucha ideológica de largo plazo.

En tercer lugar, el llamado del senador Núñez se da en en un contexto de derrota política del oficialismo en la Cámara Alta: ¿cómo no ver que, en estas condiciones, la movilización social suena inevitablemente a presión social (con todas las connotaciones que la derecha quiere ver en ella), y no al poder de persuasión que ésta puede generar en la política? ¿Es razonable actuar bajo el supuesto que diputados y senadores cambiarán sus preferencias en función de la presión social social? Supongamos por un instante que sea así: ese cambio de las preferencias no será el fruto del intercambio racional de argumentos (en el que podría imperar el peso habermasiano del mejor argumento), sino de una expectativa oportunista sobre las mejores chances para ganar una elección.

Finalmente, el llamado a la movilización social no toma seriamente en consideración las dos grandes derrotas de las izquierdas en los últimos dos años. En primer lugar, la derrota aplastante de la primera propuesta de cambio constitucional en septiembre de 2022 (62% a 38%), la que efectivamente abría un cauce político e institucional para el cambio de sistema previsional. En segundo lugar, el triunfo arrollador de la derecha tradicional y, sobre todo, de la extrema derecha (Republicanos) en la elección de consejeros constitucionales para redactar un segundo proyecto de constitución, bajo un sistema de voto obligatorio que permitió aumentar la masa de votantes (especialmente a favor de candidatos de derechas) en cinco millones de personas. Todo conspira en contra de la sensatez de la movilización social por las reformas, y por tanto de su eficacia legislativa.

Se podrá retrucar que en Estados Unidos el propio presidente Joe Biden se unió a la huelga de trabajadores de la industria automotriz en Michigan en septiembre de 2023, en una verdadera movilización social por el aumento del 40% del sueldo de los trabajadores. Si bien se trata de un episodio único en la historia moderna de los Estados Unidos en el que un presidente se une a una huelga obrera, esto no se compara con el problema chileno: la mayoría política en ambas cámaras es hostil a la agenda de reformas del Gobierno, en medio de un tóxico clima de opinión que se traduce en la negación de la sal y el agua a cualquier reforma que modifique en el margen el modelo económico.

Vaya retroceso.

Si bien la propuesta de derechas de nueva Constitución fue también derrotada en las urnas, esto no significa que el clima de opinión sobre las reformas políticas y sociales que Chile necesita hayan adoptado un giro socialdemócrata.

Todo lo anterior ha colocado en una posición difícil al Gobierno del presidente Boric, cuyos ministros políticos tuvieron que salir rápidamente a aclarar la postura del Poder Ejecutivo: conscientes de que son minoría en el Senado y, con toda probabilidad, en la Cámara de Diputados, la ministra del Interior Carolina Tohá dejó meridianamente claro que no es rol del Gobierno llamar a la movilización social, sino más bien de dialogar con la oposición con el fin de desembocar en algún tipo de negociación en materia tributaria y previsional.

¿Hay fuerza, convicción y voluntad en los partidos oficialistas para provocar movilización social? La respuesta es no. Todos los partidos pueden concordar en que la movilización social es importante, pero esta se torna en un desafío inabordable en tiempos en los que las izquierdas están en retroceso, mientras que sus partidos se encuentran en franca debilidad: tan solo el 10% de los afiliados a dos partidos del Frente Amplio votaron por conformar, de modo telemático y en dos días, un partido único. Si a eso le sumamos la ausencia de convicción por movilizar al pueblo en condiciones de alta debilidad política, el resultado es claro: el llamado a la movilización social del senador Núñez es irracional, infringiendo un grave daño a la remota posibilidad de que un comunista sea presidente de la Cámara de Diputados.

Este cuadro de limitaciones y restricciones describe un escenario de reformismo imposible en los dos años que quedan de gobierno del presidente Boric. Es altamente probable que, de haber reformas, estas se darán bajo las condiciones que las derechas planteen, lo que obliga al gobierno a promover algo del espíritu originario de corte socialdemócrata en el difícil diálogo sobre las reformas que está siendo promovido por los ministros sectoriales.

El impacto de la derrota de la primera Convención Constitucional, el 4 de septiembre de 2022, fue de tal magnitud, que las reformas económicas y sociales se encuentran marcadas por el sello del minimalismo.

Dicho de otro modo, un reformismo imposible.

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