El proceso constituyente chileno en su hora final

En los próximos días Chile confronta uno de los procesos electorales más importantes de su historia reciente, el referéndum ratificatorio de la propuesta de texto de nueva Constitución elaborado por la Convención. Lo que hasta solo unos meses atrás se suponía representaría un “mero trámite”, con el que concluiría el proceso constituyente iniciado en el 2019, aparece, por el contrario, como una dramática, polarizada e incierta elección, en que la opción ‘Rechazo’ lleva una ventaja en los sondeos de opinión de entre ocho y diez puntos porcentuales (pronósticos que se encuentran, sin embargo, supeditados a cuántos millones de ciudadanos que solían abstenerse de sufragar acaten la obligatoriedad de hacerlo en esta elección, porque el resultado final dependerá en buena medida de qué grupos se decidan a votar).

¿Cómo se explica que un proceso concebido para canalizar institucionalmente la más grave conmoción social y política en una generación (como lo fue el ‘estallido social’), y que suscitó en el referéndum que autorizó la sustitución de la carta impuesta por la dictadura por una nueva un apoyo de un setenta y ocho por ciento del electorado, esté ahora en riesgo? Y, de confirmarse los resultados que predicen los sondeos de opinión, ¿qué puede esperarse que ocurra después del 4 de septiembre?

En lo que respecta a la primera pregunta, esto es, la paradoja de que un proceso que comenzó con un abrumador respaldo ciudadano, enfrente ahora un desenlace tan incierto, los motivos son variados. Por una parte, es evidente que la conducta de ciertos convencionales constituyentes, especialmente el del que elaboró un montaje para fingir padecer de cáncer con el objetivo de ser electo a la Convención, representó un duro golpe para la credibilidad del conjunto de la anterior. Por otra parte, la decisión de los poderes constituidos de permitir que en la elección de los integrantes de la Convención pudieran presentarse listas de candidatos independientes, llevó a que la anterior tuviera una integración ideológicamente más radicalizada que lo que habitual en Chile (puesto que los votantes sólo conocían las características profesionales y personales de ese tipo de candidatos, y no su ideología, algo que sólo se conoció luego de elegidos). Adicionalmente, la sobre-representación de sectores radicalizados al interior del ente constituyente llevó al constante intento de algunos de sus integrantes de desconocer las reglas procedimentales que enmarcaban el rol de la Convención (en especial, la que mandataba que cada norma del proyecto de nueva Constitución fuera adoptada por dos tercios de sus integrantes), lo cual contribuyó a erosionar la alta confianza ciudadana que suscitó en un principio la Convención.

Asimismo, el hecho de que la –reconocidamente conservadora— prensa establecida chilena diera una cobertura desproporcionada a declaraciones incendiarias de segmentos radicales de la Convención, y a votaciones provisorias extravagantes (dejando en un segundo plano las cruciales rectificaciones que sectores moderados de la izquierda lograron se incluyeran en las sesiones del Pleno de la Convención), contribuyó a instalar en vastos segmentos del electorado la impresión de que el texto de nueva Constitución que se estaba fraguando era exageradamente innovador (o derechamente inaceptable), algo que, a su vez, contribuyó a dar plausibilidad a la masiva difusión de “fake news” en los meses finales del proceso.

Así las cosas, el proceso constituyente chileno se enfrenta a otra paradoja. Mientras que algunos de los más importantes especialistas del mundo en materia de derecho constitucional comparado (como Tom Ginsburg, Roberto Gargarella o David Landau) han considerado, fungiendo como observadores imparciales, que el texto sometido a ratificación está plenamente alineado con los estándares democrático-constitucionales, quienes se oponen al mismo en Chile han logrado instalar la noción entre muchos electores de que es un texto extremista y peligroso para la sustentabilidad democrática.

En este contexto, la respuesta a la segunda cuestión planteada es muy difícil de contestar. Si al día siguiente del plebiscito ratificatorio el país se despierta con el hecho político de que se ha rechazado un proyecto razonable, y laboriosamente logrado luego de un proceso lleno de obstáculos, nos encontraremos en un escenario sumamente incierto. Con algunos sectores optando por –a lo sumo— introducir reformas puntuales a la carta fundamental legada por la dictadura militar (ese veintidós por ciento del electorado que en octubre de 2020 votó ‘Rechazo’ a una nueva Constitución), y otros pujando por un nuevo proceso cuyos contornos no aparecen claramente configurados, ya que, mientras algunos propician un nuevo referéndum para preguntar a los chilenos cómo deberá elaborarse una nueva propuesta constitucional, otros piensan que eso sería innecesario, y que bastaría con entregar al actual Congreso Nacional la tarea de establecer las reglas del juego de un nuevo proceso. Considerando este complejo contexto, el espectro del empantanamiento no debe descartarse, especialmente considerando que la sombra del estallido social que gatilló el proceso que culmina el 4 de septiembre sigue latente, lo que asegura un ambiente caldeado, un contexto que no es especialmente propicio para llegar a acuerdos respecto de un asunto tan trascendental como lo es dotarse de un nuevo pacto constitucional.