Este edificio de viviendas sociales lleva 10 años acabado y cerrado

En una inmobiliaria cercana entran periódicamente a preguntar por el edificio de la calle de Murillo, 38, de Valencia. Invariablemente, la respuesta es que se trata de viviendas sociales promovidas por la Generalitat y, por tanto, no están bajo su esfera de acción. Las obras del edificio de nueve viviendas, con garaje, concluyeron en 2011, pero casi 10 años después sigue cerrado, vacío, sin ser ocupado por la gente a la que estaba destinada. Jesús Arrúe, vecino del centro histórico donde se ubica, no lo entiende. "Con la gente que hay con necesidad de vivienda social, ¿cómo es posible que esté cerrado", se pregunta.

En estos momentos, la lista de demandantes de solución habitacional (compra o alquiler, principalmente) suma 14.000 personas en toda la Comunidad Valenciana, según el cómputo de la administración autonomica. Los ayuntamientos de las principales ciudades tienen sus propias listas cuyos integrantes pueden estar incluidos o no en el registro autonómico. Los requisitos para formar parte de ellas no siempre los mismos.   

Arrúe se interesó por uno de esos pisos cuando, hace unos meses, la finca donde vive alquilado también en Ciutat Vella fue adquirida por una empresa para desalojar a los inquilinos, reacondicionarla y ofrecerla, en un principio, como pisos turísticos. La Generalitat y el Ayuntamiento le respondieron que no había viviendas disponibles a pesar de que cuentan con diversas propiedades. A la citada calle Murillo, que desemboca a los pies de la Torres de Quart, da la fachada de otra finca de la Generalitat, también cerrada y vacía desde hace años. Son otras seis viviendas públicas a las que se accede por la calle paralela de Tejedores.

En ambos casos, los inmuebles, públicos y vacíos, repletos de grafitis, han sido okupados y vandalizados a lo largo del tiempo, como comentan en seguida varios vecinos del barrio cuando se les pregunta. "Hubo una redada policial hace un par de años que fue importante. En el edificio vendían droga y trapicheaban. Los sacaron de allí y sellaron la puerta del portal", comenta Alejandro, desde una cercana papelería.

140.000 euros ha destinado la Generalitat para arreglar los destrozos cometidos en este inmueble de Tejedores con el fin de ponerlo a disposición de los demandantes de vivienda pública, según explica Alberto Aznar, director de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha). Para el edificio de nueve viviendas de la calle de Murrillo se han habilitado 350.000 euros más para su reforma y puesta a punto. Fue okupado hace unos meses y sus inquilinos ilegales arrancaron parte de las instalaciones. Las obras ya han empezado.

Los dos edificios fueron promovidos por la Generalitat gobernada por el PP, que se mantuvo en el poder desde 1995 hasta 2015. La obra fue entregada en 2011, si bien varios vecinos apuntan que los dos inmuebles se acabaron mucho antes. A mediados del 2015, cambió el color político en la Generalitat, con el ascenso del llamado Gobierno del Botànic del PSPV-PSOE y Compromís, a los que se sumó Podem tras las elecciones de abril de 2019. ¿Por qué ambos inmuebles han estado tanto tiempo vacíos y abandonados cuando la demanda de vivienda pública no ha dejado de crecer, al igual que los precios de alquiler?

El socialista Alberto Aznar recuerda los efectos prolongados de la gran crisis que estalló en 2008 y señala que, cuando la izquierda llegó al poder, se encontró un parque público de viviendas "hecho unos zorros, con numerosas promociones abandonadas en diferentes fases". "Algunas estaban por finalizar y otras por reformar. Hubo que reparar 1.300 viviendas", añade. La izquierda entró en el gobierno con un compromiso de fomento de la vivienda pública, pero en cuatro años tampoco abrió los citados inmuebles. "No se podía hacer todo de golpe. Había que hacer nuevas dotaciones presupuestarias, actualizar los proyectos, desokupar las viviendas, obtener nuevas licencias. Y se reactivaron en diciembre de 2017. Los procedimientos administrativos son garantistas y llevan su tiempo", indica el director del EVha, dependiente de la vicepresidencia tercera de la Generalitat que desempeña Rubén Martínez Dalmau, de Podem. La Generalitat elevó el rango de la política de vivienda tras las elecciones de abril.

Aznar incide en que hay una asignatura pendiente y es el fin del proyecto urbanístico de Sociópolis, en la pedanía de La Torre. Fue una promoción de la Generalitat que fue presentada a principios de los 90 a bombo y platllo, con participación de arquitectos estrella, pero se quedó a medias. Uno de los hitos debía ser un edificio de viviendas sociales del que solo se erigió la estructura. "Son 184 viviendas y necesitamos 12 millones de euros para concluirlo. Confiamos en que el plan de vivienda del Gobierno central aporte la financiación que falta. Sea como sea, deberíamos hacer un esfuerzo para acabarlo", dce el director del EVha.