Un anciano, al borde del desahucio por pagar el alquiler 29 días tarde

Un juzgado de Barcelona ha suspendido el desahucio previsto para este martes de Jacinto Ferrer, un hombre de 92 años que vive desde 1960 en un piso del barrio de El Clot. La decisión judicial se ha producido después de que tanto el Gobierno catalán como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas suplicaran a las autoridades la paralización del desalojo para poder analizar el caso. Ferrer se había retrasado apenas 29 días en el pago del alquiler. La Audiencia de Barcelona había ordenado, por esa demora, el desahucio del nonagenario a instancias de la propietaria de la vivienda.

“Con 92 años y en un estado de dependencia física severa (que requiere de atenciones especiales diarias) pero con plenas facultades mentales, expreso mi voluntad de permanecer hasta mis últimos días en la que es y ha sido mi casa, mi hogar”. Así concluye Jacinto Ferrer, más conocido en el barrio como Cinto, una carta publicada en las redes sociales del Observatorio de la Vivienda y el Turismo del Clot-Camp de l’Arpa, la entidad que le apoya en su lucha para que no abandone el piso en el que vive de alquiler.

Cinto vive en el segundo piso del número 60 de la calle Ruiz de Padrón. Es muy conocido en el barrio porque hasta que cumplió 71 años regentó una pollería en esa calle. En el piso ha vivido con su esposa y con sus dos hijas mellizas. Ahora solo le queda una de sus hijas. En 1960, el hombre firmó a su nombre un contrato de alquiler de renta antigua que le permitía vivir en el piso hasta el fin de sus días.

Décadas más tarde, en 1994, Rosa María Balagueró compró el edificio junto al que entonces era su marido. Hoy, en ese edificio, que solo tiene tres pisos, viven la hija de Rosa María (en el principal), el exmarido de la dueña (en el primer piso) y Cinto (en el segundo). Balagueró le mantuvo el contrato de alquiler.

El incidente que puso en marcha el desahucio ocurrió en enero de 2018. El pago de la mensualidad —de 263,14 euros— no se ingresó hasta el día 29 de ese mes. La propietaria denunció el retraso en el ingreso del alquiler y solicitó al juzgado que esa demora supusiera la anulación del contrato. En el juicio, Cinto aportó la justificación de todos los pagos, desde enero de 2015 hasta abril de 2018, y el juez de primera instancia le dio la razón. El juez expuso que, pese a que el Tribunal Supremo ha manifestado en diversas sentencias que “el retraso en el pago de la renta, aunque se trate de una sola mensualidad de la misma, puede dar lugar a la resolución del contrato por falta de pago”, el caso de Cinto es singular. La renta se había pagado el mismo mes de enero, el arrendatario es mayor de 90 años y no existía voluntad de impago de la renta. Además, el hombre sufre una discapacidad del 75% y un grado dos de dependencia validado por la Generalitat. La propietaria presentó un recurso contra la sentencia y, el pasado 17 de junio, la Audiencia de Barcelona le dio la razón. El tribunal anuló el contrato de arrendamiento y exigió al anciano el abandono del inmueble.

El pasado 20 de enero, los funcionarios judiciales entraron en el piso y suspendieron el desahucio tras comprobar el estado en el que se encontraba Cinto. Para este martes estaba señalado, de nuevo, el desalojo, que quedó este lunes suspendido tras la intervención de Naciones Unidas.

En declaraciones a EL PAÍS, Rosa María Balagueró mantiene que Cinto vendió el año pasado un edificio en la calle Matanzas “por el que ingresó 400.000 euros”. La propietaria asegura que, tras separarse, necesita el piso para vivir y que el anciano ha retrasado “voluntariamente” varios pagos. “La familia de Cinto quiere mantenerlo en este segundo sin ascensor”, lamenta. En un vídeo, el hombre explica sus intenciones: “Esta casa es mi vida. Tengo que luchar. Moriré pronto, pero me quiero quedar aquí”.